El proyecto tuvo media sanción en el Senado donde el kirchnerismo tiene mayoría.

• Por Sebastián Blanchard.

Argentina ronda los 8000 muertos por coronavirus y la cantidad de contagios se supera día a día, el sistema de salud en varias provincias y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano están en una situación crítica acercándose a una saturación, especialmente por el escaso personal de salud que son los más afectados por los contagios. El Congreso sesiona de manera virtual y a cuentagotas con proyectos a impulso del Gobierno, con la excusa que por la situación creada por la pandemia no permiten avanzar en cuestiones de mayor relevancia en sesiones virtuales. Por ejemplo, el proyecto de legalización del aborto que se esperaba que sea tratado este año se postergó indefinidamente por decisión del propio Gobierno con la excusa de que no sería bueno “dividir” a la sociedad en un momento que se necesita unidad y consenso para enfrentar la pandemia, y que además un tema de esa envergadura no puede ser tratado de manera virtual.

Como si eso no se hubiese dicho, a propuesta del mismo Gobierno se presentó el proyecto de reforma judicial. En palabras del A. Fernández un proyecto que apunta a “una justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos”. Palabras más, palabras menos, es lo que repitió Macri al llegar al Gobierno, y terminó designando por decreto dos jueces de la Corte Suprema, trasladando jueces afines en puestos claves, y con la justicia mayormente alineada, y aquellos jueces que no lo hicieron terminaron apartados o perseguidos. Panamá Papers, la persecución a Milagro Sala, o  la causa del Correo Argentino por mencionar algunos.

El proyecto en cuestión, que ya recibió media sanción en el Senado apunta a modificar algunas cuestiones como unificar el fuero penal federal, ampliar la cantidad de Juzgados Federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires a 46 juzgados (restándoles peso a los doce jueces de Comodoro Py), que serán ocupados con jueces subrogantes hasta que se concursen los definitivos; se ampliaría la Cámara Federal de Apelaciones que pasaría de dos salas (una de ellas la de la “doctrina Irurzun” utilizada para sostener las prisiones preventivas de funcionarios del gobierno kirchnerista) a cuatro salas; además se crearían otros 94 juzgados federales en materia penal en las provincias; se continuaría el traspaso de competencias, con fondos como pide Larreta, a la Ciudad de BsAs, además se agregan “reglas de actuación” para los jueces, entre ellas el promocionado inciso que insta a los jueces a denunciar presiones o lobby de parte de actores externos, entre ellos los mediáticos.

En simultáneo, Fernández designó un grupo de juristas que integrarán el “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público” que en el pazo de 90 días deberá elevarle recomendaciones sobre el funcionamiento de la Justicia, empezando por la Corte Suprema y su posible ampliación. Entre este grupo de juristas se incluyó entre otros a José Beraldi, abogado de la Vice-Presidenta en la mayoría de las causas que tiene en su contra, y también a Weimberg de Rocca, propuesta por Macri como jefa de los fiscales.

Todo indica que este proyecto, responde más a necesidades y urgencias de un sector de la dirigencia política que a dar respuestas a las demandas de un pueblo que ve todos los días un Poder (Judicial) al servicio de los intereses empresarios y de la casta política

El Gobierno se basa apoya sobre el claro desprestigio del Poder Judicial para gran parte de la sociedad. Desprestigio alimentado por el kirchnerismo con las denuncias sobre el “lawfare” dirigido contra sus dirigentes, en particular contra la Vicepresidenta.  El macrismo por su parte denuncia que este proyecto apunta a buscar la impunidad de la Vice Presidenta, junta tropa y convoca, junto al Grupo Clarín y La Nación las protestas del 17A y la anunciada para el momento de la votación en el Congreso. La enorme mayoría de la población, en medio de una crisis brutal, observa de costado.

Todo indica que este proyecto, responde más a necesidades y urgencias de un sector de la dirigencia política que a dar respuestas a las demandas de un pueblo que ve todos los días un Poder (Judicial) al servicio de los intereses empresarios y de la casta política. Por otra parte, el proyecto también recibió críticas de sectores de abogados y juristas de sectores que no se podrían catalogar como opositores, críticas al proyecto por ej. Porque esta reforma apunta darle mayor poder a los jueces, profundizando el problema en vez de implementar el sistema acusatorio (donde el fiscal investiga y el juez controla) aprobado en el 2015.

Tanto el gobierno como macrismo se denuncian de intentar manipular la justicia, el Gobierno denuncia la “mesa judicial” del macrismo destinada a espiar y perseguir a propios y a extraños utilizando a los servicios de inteligencia y a los jueces.  El macrismo denunciaba esos vínculos anteriores a su Gobierno y ahora denuncia una persecución en su contra, un lawfare al revés. Lo más probable es que ambos tengan razón. Todos los Gobiernos han utilizado a la justicia para sus propios fines e impunidad y los jueces son los primeros en acomodarse. Si hay responsables en ese desprestigio de la Justicia es la propia dirigencia política que la designa y sostiene y que la utiliza según sus conveniencias. Una Justicia que defiende al poder económico y político y ataca al pueblo trabajador. Las cárceles rebalsan de pobres y los grandes empresarios y dirigentes corruptos gobiernan.

Una justicia que fue cómplice de la dictadura al igual que el poder económico de los cuales no hay un solo condenado. El caso más emblemático, Blaquier, cuyo procesamiento por esos crímenes duerme hace cinco años en la Corte Suprema. La misma justicia que ha avalado la corrupción más alevosa, la estafa de la deuda externa, la
Corte del 2×1, o los crímenes como el del atentado a la AMIA que cumple 25 años de sus responsables y cómplices sin culpa ni cargo. Esta es la Justicia “independiente” de la que hablamos.

Tanto el gobierno como macrismo se denuncian de intentar manipular la justicia (…) El macrismo denunciaba esos vínculos anteriores a su Gobierno y ahora denuncia una persecución en su contra, un lawfare al revés. Lo más probable es que ambos tengan razón

Una justicia de clase al servicio de una clase compuesta por una casta política repleta de familiares y vínculos a los dos lados del mostrador, donde los Canicoba Corral, Lijo, Bonadio u Oyarbide son más regla que excepción. Jueces que son elegidos por acuerdos y transas entre la dirigencia política y su ascenso, permanencia o remoción queda a merced de esos vínculos. La enorme mayoría de la población ve desde afuera ese circo. Así se explica que sea el poder que más rechazo genera.

La Corte Suprema del 2×1. Dos de ellos (Rossati y Rosenkratz propuestos por Macri vía decreto)

La Vicepresidenta declaró que el país se debe un debate profundo sobre la reforma judicial, algo que toda la oposición también manifiesta, pero se refieren a cosas similares respecto de sus intereses, pero alejados de los de la gran mayoría de la población. La principal reforma que se debe hacer en el Poder Judicial es para que sus miembros sean elegidos y removidos por el pueblo y no por transas entre la dirigencia a sus espaldas, con cargos periódicos y no vitalicios, que perciban ingresos acordes a los de un trabajador y no salarios y jubilaciones de privilegio ampliamente superiores al resto del pueblo como hasta ahora.

Toda otra reforma que sea decidida por esta dirigencia política, que ha utilizado históricamente a los jueces en su favor y del poder económico, terminará yendo en contra de los intereses del pueblo trabajador…como hasta ahora.