REPUDIEMOS Y LUCHEMOS CONTRA LA LEY DE REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL
¿EN QUÉ MARCO SE PRESENTA ESTE PROYECTO?
Desde el 2003, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández y los funcionarios del Frente para la Victoria se jactaron de no reprimir las protestas sociales, algo que levantaron como bandera, moderando su accionar en los lugares de mayor visibilidad y repercusión mediática, en contraste con los brutales asesinatos del 19 y 20 de diciembre a manos de la Alianza en 2001 y del Puente Pueyrredón (Kosteki y Santillan) por parte del gobierno duhaldista en 2003, y agitando un discurso progresista y de respeto por los derechos humanos que les permitió ganar simpatizantes (e incluso militantes) entre la juventud y muchas organizaciones sociales y de derechos humanos. Por supuesto, muchos no coincidimos y denunciamos esa política en base a hechos, que a lo largo de estos diez años sumaron múltiples y brutales represiones, siendo las luchas contra le megaminería y los pueblos originarios los más afectados.
“El oficialismo, por medio de los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti, impulsa una “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas” con la que pretende limitar el derecho a la protesta social, otorgando mayor poder de acción a las fuerzas represivas y adjudicándose la potestad de decidir qué movilización es “legítima” y cuál “ilegítima”, reprimiendo según considere.
La utilización de patotas sindicales, en complicidad con barrabravas, punteros políticos y fuerzas de “seguridad” permitió que, en muchas oportunidades, los funcionarios oficialistas se lavaran las manos, como refleja el caso de Mariano Ferreyra y la impunidad del Ministro Carlos Tomada, o las recordadas golpizas a docentes y trabajadores petroleros de Santa Cruz por parte de la UOCRA . Tampoco podemos obviar el rol de la justicia y los 4 mil luchadores que hoy se encuentran procesados como respuesta a sus reclamos, así como las políticas de criminalización de la pobreza y acoso cotidiano que sufren los barrios más carenciados y el Conurbano en general con la ocupación por parte de la Gendarmería Nacional, que multiplicaron las denuncias por abusos y violencia contra los jóvenes. El plano legal, con la puesta en marcha de la Ley Antiterrorista y el reciente intento de restaurar el servicio militar obligatorio (impulsado por el senador Mario Ishii), y el institucional, con el rearmado del Ejercito Nacional, con Milani (denunciado por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar) a la cabeza, y un aumento cercano al 60% a la policía organizadora de saqueos y gatillo fácil, cómplice del narcotráfico y los prostíbulos, son algunos casos que vale la pena destacar, por su relevancia y nivel de violencia contra la población y sus derechos elementales.
Sin embargo, y más allá de estos (y otros tantos) hechos particulares o la implementación de nuevas modalidades de represión, el discurso del oficialismo siguió intacto: “este gobierno no reprime las protestas sociales”, afirmaba en febrero el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Hasta ahora.
La apertura de sesiones en el Congreso, a cargo de la presidente Cristina Fernández, mostró un cambio radical en la postura del gobierno, con un ataque frontal hacía los docentes (por entonces en paro) y las manifestaciones populares, así como a los trabajadores petroleros de Las Heras, a los que acusó de asesinos, basada en un juicio injusto y con testimonios arrancados bajo tortura, como el mismo fiscal admitió (“a un par de cachetadas y una bolsita en la cabeza no se lo puede llamar tortura”). Esto despertó la inmediata simpatía de Laura Alonso y los diputados del PRO, así como el aplauso generalizado de los sectores más reaccionarios del abanico parlamentario, y una intensa campaña mediática contra los docentes primero, y ahora (después del paro general del 10 de abril, represión por medio contra trabajadores en la Panamericana) contra los cortes de calle y manifestaciones en general. Esto, vino acompañado del histórico pedido de más fuerzas de “seguridad” en las calles (las mismas que actúan en complicidad con el crimen organizado y desaparecen a los que lo enfrentan, como muestra el caso de Luciano Arruga) y la criminalización contra los pobres, alentando los linchamientos y la prisión preventiva, y violentando derechos básicos como el de un juicio justo y la presunción de inocencia. Una operación mediática-institucional en todos los planos.
Ahora, ante la necesidad de imponer un ajuste contra los trabajadores y la posibilidad cada vez más fuerte de protestas y movilizaciones para resistirlo, así como la búsqueda de votos ante la derechización de un importante sector de la clase media (el mismo al que apuntan FAUnen, el PRO o el Frente Renovador), el oficialismo redobla la apuesta y ofrece a los medios masivos y el empresariado una nueva ley a la medida de sus bajadas de línea, dando la espalda a las organizaciones de derechos humanos y a la juventud en las que, sin embargo, se apoya para construirse y posicionarse a la izquierda de sus principales adversarios en 2015.
¿QUÉ IMPLICARÍA LA NUEVA LEY?
Con esta ley, el gobierno conseguiría que manifestarse ya no sea un derecho de libre expresión como reclamo ante una injusticia; aquellos que pretendan manifestarse deberán, en primera instancia, pedir permiso al estado (sí, a ellos mismos contra los que se está manifestando) para hacerlo, una situación que se expone absurda, ya que si tienen la autoridad para decidir, ¿por qué permitirían protestas contra ellos mismos o (en el caso de los privados) contra sus socios políticos?.
El oficialismo se otorga el poder de decidir qué movilización es “legítima” y cuál “ilegítima”, y en base a dicha arbitrariedad autoritaria, actuar según su parecer: reprimir sin obstáculo legal alguno.
A esto se suman las limitaciones en la modalidad de la protesta, impidiendo los cortes de calle y asegurando la libre circulación vehicular, lo que destruiría el objetivo mismo de muchas de las manifestaciones: conseguir un poco de visibilidad, ante el ocultamiento y la discriminación de los medios (en un alto porcentaje alineados con el mismo gobierno y el empresariado contra el que se moviliza).
Aquellos contra los que se lucha, a los que se reclama, pretenden no sólo violentar nuestra vida cotidiana (motivo de las protestas), sino también silenciarnos e impedir que lo denunciemos ante la población. Quieren ser el acusado y el juez, la autoridad incuestionable, con poder físico y legal para golpearnos ante el reclamo de nuestros derechos. Este mismo gobierno, que se llama progresista y se jactaba de no reprimir, hoy busca incrementar sus herramientas para hacerlo… si esto sucede, no sólo no habrá derecho a la vivienda, al salario digno o una educación y salud de calidad, sino que tampoco se podrá aspirar a ella sin poner en riesgo la integridad física y la vida misma.
Matías N. Brema