CÓMPLICES DEL GENOCIDIO
* Por Sebastián Blanchard (integrante de Autodeterminación y Libertad)
En las últimas semanas se sucedieron tres fallos en los que la justicia puso un freno, por ahora, a las investigaciones de los crímenes cometidos en la dictadura al decidir no llevar a juicio a grandes empresarios que vienen siendo denunciados por las víctimas y organismos de derechos humanos como cómplices de la represión.El 21 de julio del 76, durante la madrugada y en plena oscuridad ya que sospechosamente se cortó la luz en toda la zona, las fuerzas militares y efectivos de civil secuestraron a decenas de personas de sus domicilios en camionetas aportadas por la empresa Ledesma
Entre los beneficiados por las resoluciones judiciales, en este caso por decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, está el empresario Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, que junto con el gerente de la empresa, Alberto Lemos, se encontraban procesados por su responsabilidad en los secuestros, torturas y desapariciones de una decena de personas a partir del 24 de marzo de 1976 y especialmente durante los hechos represivos ocurridos en la jornada conocida como “Noche del Apagón”.
El 21 de julio del 76, durante la madrugada y en plena oscuridad ya que sospechosamente se cortó la luz en toda la zona, las fuerzas militares y efectivos de civil secuestraron a decenas de personas de sus domicilios en camionetas aportadas por la empresa Ledesma, entre ellas varios trabajadores y ex – trabajadores de la empresa azucarera, luchadores gremiales y hasta el ex – intendente y médico del sindicato azucarero, Luis Arédez, en la localidades jujeñas de Libertador Gral. San Martín y Calilegua.
Otros beneficiados, en este caso por decisión del juez Julián Ercolini en otra causa, son Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magneto y Bartolomé Mitre, propietarios de los diarios Clarín y La Nación, respectivamente a quienes el juez se ha negado a citarlos a prestar declaración indagatoria a pesar de las pruebas reunidas contra ellos.
En la causa se investiga la apropiación de Papel Prensa producida luego del despojo realizado en perjuicio del anterior propietario de la empresa, Luis Graiver, y las amenazas denunciadas por su esposa Lidia Papaleo de Graiver para que firme la venta de la empresa encargada de la producción del papel para diarios y que, entre otras consecuencias, significó que ambos diarios manejen el negocio del papel en desmedro del resto de los medios gráficos.No hay dudas del carácter de clase de esta justicia que nada tiene en común con los intereses del pueblo. Después de décadas de impunidad los jueces se niegan a investigar y juzgar a integrantes del poder económico.
Por otro lado, en Bahía Blanca, el juez Claudio Pontet, quien viene siendo duramente cuestionado por organismos de derechos humanos debido a sus antecedentes que lo vinculan con represores, dictó la falta de mérito del director del diario La Nueva Provincia de esa ciudad, Vicente Massot, famoso defensor acérrimo de los militares y de estrecha relación con muchos de los encargados de la represión en el sur de la provincia de Buenos Aires.
El juez consideró que no existen suficientes pruebas que lo vinculen con la desaparición de dos obreros gráficos que trabajaban en el diario, los obreros Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, ambos desaparecidos.
Esto se suma a la negativa de la justicia de San Martín en llamar a prestar declaración indagatoria a los directivos de la empresa Mercedes Benz por la desaparición de decenas de sus trabajadores, algunos de ellos, inclusive, secuestrados al interior de la misma fábrica; o las demoras inadmisibles en comenzar el juicio contra los directivos de la empresa Ford, en este caso con la excusa inaceptable de la falta de jueces que lleven adelante el juicio. Los ejecutivos están acusados también de entregar a trabajadores de su fábrica y hasta implementar junto con el Ejército un centro clandestino de detención y tortura en las propias instalaciones de la empresa.
No hay dudas del carácter de clase de esta justicia que nada tiene en común con los intereses del pueblo. Después de décadas de impunidad los jueces se niegan a investigar y juzgar a integrantes del poder económico. Y es importante resaltar que son grupos empresarios que, en la mayoría de los casos, siguen teniendo estrechas relaciones con el poder político, tanto con el gobierno nacional como con la reaccionaria oposición.
En momentos en que algunos jueces, en claro síntoma del fin de ciclo kirchnerista, inician investigaciones contra funcionarios del gobierno y hasta contra la misma presidenta por hechos de corrupción y el gobierno y su militancia cuestionan al “partido judicial”, los poderosos empresarios transnacionales reciben un trato muy distinto por parte del mismo gobierno, el que les aseguró ganar montos formidables en la última década. Recordemos los encuentros que años atrás ha tenido la misma presidenta con Blaquier, y los elogios de éste al modelo del gobierno que le asegura innumerables ganancias.
Asimismo la oposición tradicional es garante de la impunidad, basta recordar que a finales del año pasado se hizo público un almuerzo celebrado en la mansión que Blaquier posee en San Isidro donde, además de otros grandes empresarios, asistió Sergio Massa, quien fue a rendir cuentas de cómo viene su campaña para ser presidente del país.
Tampoco se debe olvidar la fluida relación que el grupo Clarín sostuvo durante años con el gobierno de Néstor Kirchner y la facilidad que le concedió a ese grupo para obtener grandísimas ganancias, principalmente a través del permiso de la fusión Cablevisión con Multicanal, relación que se rompió años después con el dictado de la ley de medios. Ley que, por otra parte,hasta estos días no ha traído los beneficios para el pueblo que tanto prometió el gobierno.
Es decir que, mientras en el terreno discursivo se quiera hacer pasar como una guerra entre dos bandos en disputa, lo cierto es que ni esta Justicia ni el Poder Político pretenden juzgar a los responsables civiles del genocidio llevado adelante en la región, muchos de ellos, como vimos, representantes de grandes multinacionales, que siguen siendo hoy actores que cuentan con gran poder y mucha influencia en las decisiones del país.
Ni el gobierno ni la oposición tradicional están del lado del pueblo y decididos a llevar a cabo los juicios contra la pata civil que formó parte del Terrorismo de Estado en nuestro país en los años setenta, ya sea negándose a avanzar en las investigaciones en el caso de civiles, o bien retrasando el comienzo de los juicios lo que provoca que muchos familiares de víctimas mueran sin obtener justicia.
Por eso es indispensable tener en cuenta estos hechos para analizar la realidad política del país, cuestionando las instituciones, entre ellas la justicia, que responde a intereses que nada tienen que ver con las necesidades de las víctimas y sus familiares ni de las del resto del pueblo, que en numerosos casos hasta tienen relación directa con represores y hasta familiares sospechados de participar en la dictadura.