Fundamentalmente porque ello da el argumento para evitar las extradiciones con la promesa de que se los va a juzgar en Argentina pero no se dispone nada para que así sea, ya que se aceptó eliminar lo que se preveía en el proyecto original: no solo la anulación de los indultos sino también la anulación de las sentencias que habían cerrado las causas y la disposición de reabrirlas en forma inmediata y automática. Se deja todo en manos del Poder Judicial.

El 12 de agosto pasado estaba pedida una sesión para tratar un proyecto presentado en el 2002 por Patricia Walsh, Elisa Carrió y otros diputados del ARI, algunos frepasistas, socialistas, e incluso algún radical y algún justicialista. El proyecto proponía la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y de los indultos. Luego proponía consecuentemente la nulidad de todos los fallos judiciales basados en esas normas que se anulaban y que habían cerrado las investigaciones y se disponía la reapertura inmediata de todas las causas, entre las medidas más importantes. Por supuesto apoyamos esa sesión ya que desde que se sancionaron luchamos contra esas normas de impunidad e incluso Zamora había presentado un proyecto similar en 1993 -con el agregado de establecer juicios por jurados populares como lo prevé la Constitución Nacional en su artículo 24 para evitar que quedaran a cargo del actual Poder Judicial de impunidad- y lo había reproducido en el 2002. Respaldamos varias veces el proyecto de Walsh y del los restantes diputados en sesiones que fracasaron por falta de quorum.
En los últimos tiempos se redoblaron desde el exterior los pedidos de extradición de represores y avanzaron las declaraciones de algunos jueces de acá de declarar la nulidad de esas normas. La lucha de tantos mostraba la vigencia del reclamo de justicia. También por ello respaldamos la convocatoria a movilizarse ese día de diversas organizaciones y utilizamos programas radiales y televisivos previstos para entrevistas electorales para llamar a concurrir a la movilización.
En la mañana del 12 de agosto, el día previsto para la sesión, en reuniones privadas de diputados duhaldistas y kirchneristas con menemistas, radicales, con Carrió, con Patricia Walsh de Izquierda Unida, socialistas, el FREPASO (D’Alessandro de Ibarra) y otros, se acordó reemplazar el proyecto Walsh por el que se había citado la sesión y se negoció presentar otro sacando la anulación de los indultos -como lo exigieron los menemistas- y se acordó eliminar todos los artículos referidos a anular las sentencias que cerraron las causas y los que disponían reabrir en forma inmediata y automática los juicios. Es decir que en la sesión no se voto el proyecto de Patricia Walsh, que èsta retiró, sino el que presentara el justicialista ( Duhaldista) Díaz Bancalari con la firma de los restantes bloques mencionados.
Quedó la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Están los que piensan honestamente que llegó la hora de la justicia.
Pero lo que los diputados votaron -y ahora los senadores también- no es el juicio y castigo. Muy por el contrario ello va a impedir las extradiciones y al no ordenar reabrir las causas cerradas por la Obediencia Debida y por el Punto Final se juegan a que 10, 20 o 40 militares más sean condenados acá -en algunas causas que ya estaban abiertas u otras que se reabran ahora- y ello dentro de 5 o 10 años. A cambio de dejar a los cerca de diez mil represores de la dictadura de Videla y Masera libres e impunes.
La mayoría de los medios de comunicación dice que lo que votaron los legisladores tiene un mensaje político pero no jurídico. Esto es en parte cierto. No traerá jurídicamente castigo a la mayoría de los criminales del Proceso militar y los que sean juzgados serán pocos y dentro de años. Pero el mensaje político ¿cuál es? Para evitar las extradiciones ( es decir que los juzguen en otros países ) duhaldistas y menemistas acordaron con la anulación de las leyes declarar que el país los juzgará acá (dentro de años y años y controlado todo por los jueces). ¿Eso es Justicia? ¿Es justicia juzgar a algunos para dejar libres a muchos?, ¿Es Justicia no ordenar reabrir las causas cerradas en 1987, negociando el proyecto que sí lo hacía? ¿Es justicia negociar la no inclusión de indultos y dejar libres a las cúpulas?¿Es avanzar en la lucha contra la impunidad decirle a la población que el Congreso anuló las leyes y que ahora tengamos confianza en el Poder Judicial que por propia voluntad abrirá todas las investigaciones de nuevo y las llevará hasta el final?. 0 eso es buscar que el pueblo tenga confianza en jueces y legisladores partidarios de la impunidad tratando de que no luche más?.
Quienes apoyamos siempre los reclamos del exterior para que actúen como presión para juzgarlos en Argentina estamos perdiendo un arma importante sin lograr a cambio la orden de reabrirlos acá. Ni allá ni acá es el intento de duhaldistas y menemistas. Por eso es tan grave que el ARI de Carrió, Izquierda Unida y Walsh, el FREPASO de Ibarra y los socialistas hayan cedido a la maniobra y presentado y firmado todos juntos el proyecto del duhaldista Díaz Bancalari y retirado el original de la sesión. No es una casualidad sino la muestra de la claudicación que el miembro que informó en la sesión sobre el proyecto de todos ellos -repetimos también de Carrió, D’Alessandro y Walsh- fue el diputado salteño Urtubey, reconocido menemista. ¿Cambiaron los menemistas o cedieron los otros?.
Luis Zamora fue informado del resultado de la “negociación” por el presidente Camaño ya abierta la sesión. En ese momento en pleno recinto firmaban los bloques el proyecto justicialista que reemplazaba al de Walsh. Zamora rechazó firmar y se abstuvo en la votación denunciando la maniobra.
Los medios masivos de comunicación en plena campaña electoral a favor de Macri o Ibarra y especialmente candidatos de éste último y de Izquierda Unida mintieron más aun diciendo que Luis Zamora votó en contra juntándose con Bussi., cosa que es una falsificación canallesca y electoralista para tapar su deserción ética y política.
Luis Zamora se abstuvo porque su posición fue no avalar una anulación negociada para impedir que los militares represores sean extraditados para ser juzgados en otros países pero al mismo tiempo controlar a través de los jueces que la mayoría tampoco sea juzgado en Argentina. Pero Zamora tampoco podía votar negativo transmitiendo el mensaje de que estaba de acuerdo con la impunidad. Por eso nos abstuvimos. Y por eso denunciamos a quienes aflojaron o cedieron una vez más. Fue vergonzoso verlos abrazarse a todos ellos juntos al final. Si ellos celebran es porque el pueblo esa noche no ganó. Nos parece que lo que se votó no es justicia y los denunciamos. Con las banderas éticas no se juega ni se transa. Después de 25 años de impunidad, seguimos reclamando justicia en serio. El de saber como pueblo quienes son los culpables de cada tortura, cada violación y cada desaparición. Y que sean castigados. El de saber que pasó con cada uno de los desaparecidos y asesinados. No fuegos artificiales. No hubo una “noche histórica” ni “sesión histórica” como nos pretenden hacer creer. Tampoco se abrió más el camino de la justicia. El gobierno y el Congreso nos mandan sin más a recorrer los caminos de injusticia del Poder Judicial que era lo que ya hacemos desde hace veinticinco años.
La lucha debe seguir por juzgarlos a todos, y lo que sí queda claro es que gracias a esas luchas éticas los de arriba no han logrado hasta ahora dejar el genocidio impune y en el olvido.