INTERVENCIÓN DE LUIS ZAMORA EN LA SESIÓN DEL 2 DE MARZO DE 2004 CUANDO SE TRATÓ LA DEROGACIÓN DE LEY LABORAL
Sr. Zamora .– Señor presidente: en el año 2002, a través del expediente 7.586-D.-02, presentamos un proyecto de derogación y anulación de la ley 25.250. Lamentablemente no logramos que fuera tratado ni aprobado por el Parlamento.
Hago esta primera mención porque me parece que el debate sobre la anulación o derogación de esa norma tiene una enorme importancia, teniendo en cuenta los ingredientes que encierra ese debate. Además, el hecho de que la anulación haya sido descartada, es la primera razón por la cual el bloque Autodeterminación y Libertad va a votar en contra del proyecto enviado por el presidente Kirchner, que cuenta con media sanción del Senado y que hoy se encuentra en debate aquí.
La llamada ley, norma, acto normativo ?o como quiera denominársela, dado su origen espurio?, que lleva el número 25.250, se generó en un proyecto, como todos sabemos, enviado por el entonces presidente de la Rúa bajo exigencias públicas del FMI.
Esto es algo que en los últimos años se hizo notorio. Lo que antes había que estar denunciando porque se encontraba en la trastienda –había que “deschavar” que Alfonsín, por ej., hacía lo que hacía porque lo “apretaba” el Fondo? ahora ha salido a la luz pública. Estos hechos ahora aparecen en los titulares de los diarios. A veces nos enteramos que habrá una inclusión en el temario de los asuntos a tratar por la Cámara porque en un título de un diario podemos leer que el FMI exige que se vote tal o cual proyecto; y uno se prepara para ese debate. Esto ya ocurría durante la época de de la Rúa y de Menem, por supuesto.
La exigencia del FMI consistió en: “Saquen la ley sea como sea”, ustedes recordarán esa expresión. De la Rúa entendió el mensaje y sacó la ley….como sea.
Esa era una norma, como todas las que exige el Fondo, en perjuicio del país, y en particular una de las tantas que exigían arrancar conquistas obreras a los trabajadores.
Si bien hechos similares ocurrieron con Alfonsín y con Menem, en este caso en particular esta ley fue la condición para el llamado blindaje, que luego fue la avenida por la cual circularon los veinte mil millones de dólares de fuga de capitales durante el año 2001.
Todo esto forma parte del mecanismo perverso de relación FMI, grupos económicos, pérdida de conquistas obreras, rol de instituciones, partidos políticos y dirigentes sindicales, que en su gran mayoría también estuvieron vinculados a este círculo de perversión.
La ley que se consiguió bajo esa exigencia facilitó el otorgamiento condicionado del llamado blindaje, que sirvió para que todos los que sabían que se venía la devaluación fugaran dólares durante el 2001. Primero fue el corralito y después la devaluación.
Aquí se hizo referencia a un hecho notorio: el tema de los sobornos. En su mensaje el Poder Ejecutivo alude a este hecho con el tono sofisticado que usan los gobiernos y los legisladores en su gran mayoría. Es así que señala que la decisión de promover la sanción de este proyecto que estamos debatiendo se funda “en la circunstancia de público conocimiento de que se ha instalado en la sociedad un fuerte estado de sospecha sobre los medios y mecanismos utilizados” para lograr la sanción de la ley en cuestión, el “que debe ser rápidamente superado”. Ese es el primer motivo por el cual se propone este proyecto: debe ser superado el “estado de sospecha”, como dice Kirchner
Al enviar este proyecto el presidente Kirchner dice en su mensaje que no es posible “mantener vigente una norma cuya legitimidad se encuentra cuestionada por la mayoría de los argentinos” y que no es posible “diferir una decisión sobre el particular hasta la culminación de la causa penal que se ha iniciado con motivo de la denuncia formulada”.
Se pronuncia luego a favor de una rápida derogación de la ley vigente y de la sanción de un nuevo cuerpo normativo teniendo en cuenta los “imperativos éticos” –esto es importante porque incluye la ética? a los que
deben agregarse “insoslayables razones de seguridad jurídica”, según expresa Kirchner. Esto alude a la posibilidad de que las denuncias judiciales en el ámbito penal diesen lugar a la comprobación del delito, lo que luego podría ser utilizado por algún afectado por la ley 25.250, llegándose a una sanción de nulidad en el ámbito laboral de esa norma.
El miembro informante también abundó en algunos de estos argumentos cuando defendió el proyecto de ley. Gran parte de la argumentación que se esgrimió en el Senado estuvo orientada en el mismo sentido.
Desde el punto de vista jurídico lo que señala el Poder Ejecutivo es insostenible y no tiene ningún valor, pero se le puede sacar jugo desde otro aspecto.
Si un tribunal laboral declarara la nulidad ante el reclamo individual de un trabajador afectado, basado ya en la comprobación del delito penal que dio origen a la sanción de la ley 25.250, se despejaría toda incertidumbre. Habría certidumbre de que la norma es nula.
¿Cuál es la incertidumbre que causa preocupación? ¿Acaso se trata de la posibilidad de que un trabajador tenga dificultades para hacer valer sus derechos en la Justicia como consecuencia de la sanción de una ley con origen espurio, donde los recursos de la coima se utilizaron para arrancar conquistas a los trabajadores?
Incluso, como el fallo sólo tendría validez para el trabajador, porque no es erga omnes, es evidente que aquí no radica la preocupación del gobierno, entre otras cosas porque esto ocurrió en el año 2000 y ya pasaron los años 2001, 2002 y 2003. Sin embargo, los gobiernos de esos años y el Congreso actual, que hizo suyos los argumentos del Poder Ejecutivo, no mostraron ninguna preocupación por ello.
Se dice que están en juego imperativos éticos. Es decir que no se puede dejar librada la situación a la incertidumbre. Nos parece que aquí está el meollo de la cuestión. Me refiero a la tardanza en tratar el tema y a la forma en que se lo considera y resuelve.
Lo que preocupa es la incertidumbre que crea inseguridad en los supuestos derechos de los empresarios a costa de los trabajadores. No preocupó en el año 2000, sino en el 2004, porque hace dos meses existió el llamado “pontaquartazo”.
Cuando ello sale a la superficie, se ven afectados los grupos económicos, e incluso, las empresas medianas, que utilizaron y abusaron de todas las normas de flexibilización laboral. Se trata de la incertidumbre sobre el futuro de los derechos que fueron arrancados a los trabajadores gracias a esta ley.
El Estado, representado por el gobierno de Kirchner, actúa en defensa de los mismos empresarios y grupos económicos que influyeron cuando se sancionaron las leyes de flexibilización laboral.
Ahora el Congreso vuelve a actuar de la misma forma que en el año 2000, preocupado por la seguridad jurídica de los grupos empresarios. La cuestión no puede quedar librada a que un trabajador plantee una nulidad en el ámbito laboral sobre la base de lo establecido por la Justicia penal.
Entonces, se decide convalidar la ley del año 2000. Esto es lo que está haciendo hoy el Congreso y lo que se puso como objetivo el señor presidente Kirchner. La ley que puede traer incertidumbre debe volverse cierta y segura, a fin de que el empresario se quede tranquilo, estableciendo que la mayor parte de las conquistas arrancadas a los trabajadores, en base a la ley del 2000, se mantienen por esta ley en debate; por eso utiliza la derogación en lugar de una nulidad. La derogación en primer término no es para dar un mensaje de transparencia frente a un hecho de corrupción, sino para dar un mensaje de transparencia a los empresarios diciéndoles “convalidamos la ley espuria 25.250”.
No se puede derogar lo nulo ni lo ilícito; en derecho no existe el instituto de derogar algo que es inexistente o nulo. Se deroga lo válido; ese es el mensaje del señor presidente Kirchner: no se preocupen frente a los cuestionamientos de invalidez de la ley 25.250; con el proyecto que envío al Congreso cuestionamos la forma desde hace cuatro años y confirmamos el contenido. Este es el accionar con cierta inteligencia y agudeza de este gobierno frente a otros temas, por ejemplo, el plebiscito nacional para la quita del 75 por ciento; en realidad, puede ser leído como plebiscito nacional para pagar 12 mil millones de pesos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, más 25 por ciento a los bonistas privados. Esto podríamos extenderlo a otros campos.
La ética del señor presidente es la ética empresarial, si se puede hablar de dos términos tan contradictorios y enfrentados entre sí. Evidentemente, “empresario” y “ética” son términos que presentan una distancia sideral. Según dicen Tomada y Kirchner hay un imperativo ético, es decir hay algo inmoral, aun así no se puede derogar. Por momentos pensaba en los debates del Senado y del que se está llevando a cabo en este recinto; se discute acerca de si el artículo 1° beneficia a los trabajadores y se analiza que es mejor para la seguridad jurídica, para los empresarios –si bien el discurso no es muy claro implícitamente se está diciendo eso para no afectar las exigencias del Fondo-, etcétera, y en determinado momento alguien afirma que no le importa el contenido de la ley que se votó sino el hecho de que existió un soborno. Evidentemente, el soborno existió, pero en realidad no se trata de una cosa ni de la otra, porque entre el blanco y el negro existe el gris que es muy profundo y que está íntimamente vinculado.
No conozco que trabajadores en ningún lugar del mundo hayan hecho una “vaquita” para coimear a legisladores para que sancionen una ley que los favorezca. Si alguien puede dar un ejemplo, lo escucho, porque yo no conozco ningún caso. Sin embargo, conozco lo que hacen los trabajadores para lograr que una ley que los beneficia se sancione: luchan, recurren al derecho de huelga, se movilizan, se juegan. La coima y la presión son los mecanismos de los empresarios, de los gobiernos, de los buitres, del Fondo Monetario Internacional, que es el buitre número uno.
Ni siquiera se trata de un caso puntual. ¿Es acaso el soborno en el Senado un caso puntual? El otro día el señor presidente Kirchner dijo que estábamos dando vuelta a una página de la historia, yo creo que es la continuidad de la historia; no se trata de ninguna vuelta de página ni de ningún hito.
Aquí se está tratando de cancelar el pasado burocráticamente con una decisión, casi no se ha tocado el tema del origen de la ley, salvo alguna mención, pero debemos recordar que el origen de esta ley es muy parecida a otras y a muchas de las actuaciones del Congreso, aunque en algunos casos no haya habido coima y en otros sí. Adelantos del Tesoro a las provincias para lograr que los senadores o los diputados voten una norma son mecanismos muy similares. Esto no lo estamos diciendo ahora, yo tuve el privilegio –porque me siento orgulloso del rol que
cumplí con todos mis errores- o la desgracia de haber sido legislador desde 1989 hasta 1993; pero denuncié muchas cosas similares a esta que estamos viviendo.
Entonces, se hace esto y ya está, se afirma. Las instituciones empiezan a funcionar en beneficio del país, en forma transparente, ética –palabra que se utiliza en el mensaje- y a favor del pueblo argentino. Pienso que no deberíamos cancelar el pasado sino rastrear en él; tener memoria no para vivir en el pasado sino para proyectar el futuro. Acá ustedes están tratando de cancelar el pasado; por eso casi ni lo mencionan, es como un hecho menor, o grande, pero puntual. Un grupito, de la Rúa, los senadores justicialistas que aceptaron… La Justicia determinará cuántos y quiénes son, qué hicieron los radicales, etcétera. Los mencionan como hechos puntuales de pocas personas.
Voy a referirme a un artículo publicado en “Página 12” el 7 de junio de 2003. La fuente es importante. Estoy citando a “Página 12”, que como todos sabemos lamentablemente se ha transformado en un boletín informativo del gobierno; en consecuencia, reitero, la fuente es importante pues no constituye un periódico opositor al gobierno. Es un periódico oficioso del gobierno. Sería bueno que se transformara en un diario oficial del gobierno, para que todo el mundo supiera en nombre de quién habla.
En ese artículo se hace una entrevista a Tomada. Me estoy refiriendo a junio del año pasado. Verán el valor que daba a los principios éticos invocados. En la entrevista intervienen dos periodistas. Uno de ellos, dice: “Todo el proceso de precarización del trabajo fue de la mano de la sanción de leyes de flexibilización laboral. ¿Considera que las leyes laborales de la década del menemismo deberían ser modificadas?”
Tomada responde lo siguiente: “Llegó el tiempo de decir ‘basta’ a las reformas laborales…” Interpreto que eso quiere decir que no habría de continuarse con leyes de flexibilidad laboral. Luego, continúa: “Los resultados no son exitosos como para seguir haciéndolas. Me parece que eso cerraría por ahora un aspecto muy importante del debate… Retrotraer la legislación, no está en la agenda de hoy… No sé si pondría energía en eso”.
Cuando uno habla de imperativo ético no hace esa evaluación, sino que dice: cómo no vamos a retroceder en esa mugre antiobrera conseguida con sobornos. ¿Dónde estaba en junio el “imperativo ético” de Kirchner y Tomada.
Este era el pensamiento de Kirchner en junio; de allí lo ocurrido con Pontaquarto en diciembre. Entonces surge lo que señalan los periodistas de “Página 12”: Carlos Tomada tendrá que atender como ministro de Trabajo un tema urgente, que es la desocupación, pero carece de herramientas para lograr golpes de efecto como los que se dieron hasta ahora en materia militar, en la policía, en el PAMI, en la Corte Suprema.
Es decir que no tenía golpes de efecto para mostrar maquillaje de cambios. Cambiamos el Poder Judicial cuestionado por todo el país; sacamos a dos jueces, y ya está, cambió el Poder Judicial en la Argentina. Sacamos a algunos militares, y ya está: fuerzas armadas democráticas. Este es el mensaje que transmite el presidente.
En diciembre Tomada tuvo la herramienta para el golpe de efecto, en el aspecto de cambiar algo para no cambiar nada, como decía Lampedusa.
Todo esto se vincula con la anulación y con la derogación; no se trata de una polémica jurídica. Es una polémica profunda respecto de las instituciones, de los derechos de los trabajadores, de su defensa ante la expoliación empresaria.
Los periodistas de “Página 12” se referían a las herramientas para lograr golpes de efecto. Según dicen en ese artículo, Tomada todavía no contaba con ellas. Pero esto es mucho más que un golpe de efecto; no es sólo un maquillaje para quedar bien. Kirchner se desvive todos los días por fortalecer la relación y las expectativas con la población, porque sabe que está muy condicionado por tales expectativas. No es indiferencia ni pasividad; son
expectativas. Las está siguiendo día a día, a ver si son ciertas. Todos los días está buscando golpes de efecto porque necesita revalidar lo inmoral a partir de la denuncia de diciembre, no por criterios éticos.
De allí la necesidad de establecer lo primero: “Empresarios: quédense tranquilos, su seguridad jurídica se mantiene.” Por eso, a pesar de que cuestionan algunos aspectos, los empresarios aceptan la ley. Como dijo el ministro Tomada, han demostrado una actitud seria, responsable y aceptan la ley.
Según el discurso de ayer, que leí porque no me gusta participar personalmente de una Asamblea Legislativa en donde habla uno y los demás escuchan, a pesar de haber sido votado para dar mi opinión, el gobierno cuestiona al FMI y la forma en que se contrajo la deuda, y vuelve a hacer mención al endeudamiento, los responsables, etcétera.
El “blindaje” fue una de las expresiones más perversas de los gobiernos que hemos tenido desde 1975 hasta ahora para asegurar directamente la fuga de capitales al exterior cuando se venía abajo la convertibilidad.
El ex presidente Rodríguez Saa pagó en una semana 70 millones de dólares a los organismos financieros internacionales. Muchas veces he dicho que fue una suerte que solamente haya estado cinco días a cargo de la Presidencia, porque si en tan poco tiempo pagó semejante suma a los organismos financieros que critica, lo que habría sido en los meses siguientes. Seguramente habría sido lo mismo, peso más peso menos, que lo que pagaron Duhalde o Kirchner después.
Lo sucedieron Duhalde y Kirchner. Por supuesto que como estuvieron mucho más tiempo pagaron muchísimo más dinero a los organismos financieros: desde el default de diciembre de 2001 –llamémoslo así? hasta la fecha pagaron alrededor de 7 mil millones de dólares, es decir alrededor de la tercera parte de lo que nos robó el Fondo con el blindaje y los grupos económicos que se aprovecharon. Es decir que Kirchner está pagando y está siendo coherente con esta ley. Por supuesto, ya que la ratifica. No la fulmina de nulidad. A pesar de tener elementos para cuestionar esa asociación ilícita pergeñada contra el país, lo primero que hizo fue reconocer la legitimidad de toda la deuda con los organismos financieros. Esto lo hicieron primero Rodríguez Sáa, después Duhalde y Kirchner ahora. Kirchner pagó 12 mil millones de pesos, es decir, 4 mil millones de dólares de los 7 mil millones.
Entonces, está todo íntimamente vinculado, no son frases cualquiera, porque hablar del Fondo Monetario puede ser una consigna o una cosa demagógica.
¿Hay retroceso o negociación en la ética? ¿Se puede hacer algo inmoral porque alguien lo extorsiona a uno? Esto es lo que está haciendo el presidente y el Congreso al aceptar cumplir ese rol. Este mecanismo que acabo de describir cruzó la década del 90. Muchas veces hubo ayuda para que los integrantes del Parlamento se decidieran a votar lo que el Fondo Monetario exigía y el gobierno promovía. Hubo denuncias de coimas, algunas de las cuales yo trasladé a la Justicia, como el caso de la ocurrida con la privatización de YPF. Aquí mismo, delante de algunos de ustedes –seguramente lo recordarán? el diputado Luis Saadi dijo: “Acá se están pagando coimas de 3 a 7 millones de dólares para que se privatice YPF.”. Sin embargo, no vi que se pararan todos y dijeran “Esto hay que investigarlo”. ¿Saben qué le decían? “Rectifíquese”. Yo planteé que se investigara. Imagínense que ustedes van a una comisaría porque le robaron la casa y el comisario les dice “Rectifíquese”. Es decir, van a denunciar un delito y los empiezan a presionar para que retrocedan.
Estamos hablando de las campañas electorales financiadas por los grupos económicos. Se usan unos u otros mecanismos, ¿pero son distintos?
El pueblo trabajador vota en el marco de la idea de que se necesitan representantes. Ojalá algún día cuestione la representación, pelee por mecanismos de democracia más directa, como humildemente sugerimos nosotros, que pensamos que son un camino mejor para decidir y para alcanzar superiores condiciones de vida.
Porque para nosotros, en Autodeterminación y Libertad, el problema que debatimos no hace a unas pocas personas sino a las Instituciones y su funcionamiento.
Ya en 1989 Born confesó que financiaba las campañas del radicalismo y el justicialismo, de acuerdo al que tenía más posibilidades; dio los datos y Bauzá lo aceptó. Incluso Bauzá hizo una discriminación y dijo que en la campaña de Menem Fortabat aportó tanto, y Yofre en nombre del radicalismo dijo que Born exageró, que no había puesto tanto, sólo dos millones de dólares desde 1974 a 1989. Todo esto se publicó en los diarios, pero sin embargo se ha olvidado.
Ahora los campeones de la reforma política dicen que se controla el aporte empresario. ¿Pero qué pasó antes? Todos estos datos los estoy tomando de proyectos que presenté en 1992 para investigar, y en algunos casos me quisieron desaforar, aunque no es por eso que lo menciono. Lo recuerdo para demostrar que hay una historia detrás que descompuso las instituciones y las hizo tan partidarias de defender intereses minoritarios del capital concentrado.
No casualmente una de las denuncias la hice en un debate similar, en octubre de 1991, cuando se discutió la llamada “ley de empleo”, que algunos de ustedes votaron a mano alzada, llenas. Me refiero a la ley 24.013; yo ya denuncié en ese momento que había habido irregularidades para conseguir los votos. Se aumentaron horas antes los ingresos de los legisladores mediante el aumento de los gastos reservados (ver mi proyecto 3688 – D – 91).
Esto ameritaría formar una comisión investigadora. El 15 noviembre de 1992 en “Página 12”se publicó un artículo de Verbitsky sobre las cajas chinas y los sobresueldos, que decía lo siguiente: “Desde 1989 los funcionarios del gobierno nacional reciben sobres con sobresueldos originados en contribuciones de empresas. Este mecanismo se extendió luego a la Municipalidad de Buenos Aires y, este año, también al Congreso. Luego de conversar con ex ministros, ex secretarios y subsecretarios, se confeccionó este informe. Al estilo de los pactos de sangre de la dictadura militar, el método de las cajas chinas compromete el silencio de todos. Del financiamiento de la política se pasa al financiamiento de los políticos. Este es el avispero que alborotó Cavallo con su extroversión radial.” Ustedes recordarán que Cavallo confesó que cobraba un sueldo de la Fundación Mediterránea. Llegó al límite de aceptar que las empresas que se presentaban en licitaciones en el área de su ministerio le pagaban un sueldo extra de diez mil pesos mensuales. Cavallo ganaba catorce mil pesos, pero dijo que no podía vivir con el sueldo de ministro.
Como esta, hubo muchas denuncias. Por ejemplo, Pino Solanas hizo denuncias muy importantes sobre declaraciones de Julio Bárbaro e incluso ofreció testigos. Según Solanas, Julio Bárbaro le dijo respecto a las Galerías Pacífico: “Por favor, eso no es nada. ¿Sabés los negociados que están haciendo con las privatizaciones? ¿Sabés la plata que corre? ¿Sabés los funcionarios que se enriquecen? Preguntá en el Congreso.” Todo esto lo volqué en un proyecto y reclamé la creación de una comisión investigadora. Allí citaba al diputado justicialista Mendoza cunado denunció que “los diputados llegan con los bolsillo flacos y salen llenos de plata. Es decir roban y coimean en nombre del pueblo” (La Nación, 15 – 9 – 92, proyecto 4136 – D – 92).
¿Dónde está la búsqueda de la transparencia y la ética? Es sabido que Autodeterminación y Libertad es un bloque pequeño, con pocos recursos y escasos elementos para investigar, poco acceso institucional. Ustedes tienen el poder institucional. Esto no es creíble ni es la vuelta de página de la historia de nada, es como sacar a Bendini o a Brinzoni y pensar que ya tenemos un ejército democrático, o creer que con mover dos jueces y tres fiscales se soluciona el problema del Poder Judicial, el poder de la injusticia en la Argentina, cómplice de lo peor que se hizo en la década menemista.
Así es todo, como la nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final. Juzgamos a cuarenta o cincuenta, pero no se puede cerrar un genocidio con diez juzgados. Se requieren más, ¿cincuenta o sesenta? Salvamos a los diez mil y ya la institución está salvada; ya no fue el ejército, fue un loco, Videla, Acosta…
¿Cuántos hay que tirar al agua para salvar a la institución? No fue la institución la que reprimió, nos dicen; no fueron diez mil los que salieron como fieras a torturar y asesinar, nos dicen. A veces el problema es muy grave y hay que tirar más lastre al agua. Me parece que acá estos temas estuvieron ajenos. Porque pretenden salvar la Institución
Ni siquiera pudo mantener los treinta días del preaviso, que es una discusión que viene desde el año 1975, de un fallo del fuero del Trabajo, donde se discutió que existe un período de prueba de tres meses y no hay derecho a indemnización si se pierde el trabajo antes. Pero el preaviso estaba fuera de discusión. Después el presidente Menem lo eliminó, y el actual presidente ni siquiera pudo volver a ese preaviso.
Además, se reprimen las huelgas. ¿Cómo va a estar legislando sobre un derecho protector de los trabajadores, débiles en la relación con la patronal, cuando avala el decreto del presidente Menem en ese sentido? ¿O acaso ustedes recuerdan que en la ley de contrato de trabajo estaba previsto reprimir huelgas?
¿Dónde está la vuelta de página? Se dice que esta norma es insuficiente y que no es todo pero que vamos en esa dirección. Pero no es así; no vamos en esa dirección ni en ninguna.
Sr. Zamora .– Otro tema es el de la rebaja de las indemnizaciones, inclusive por el juego de los topes. Además, unifica ?cosa que nadie ha pedido? las distintas reglamentaciones y conserva la de las pymes, manteniendo la precarización en estas últimas. En fin, mantiene toda una serie de instituciones que son parte del consenso de Washington, de la ofensiva neoliberal, del establishment, como dicen , , es decir, de los grupos económicos. Todos sabemos que éstos operan acá y afuera y recurren a cualquier cosa para poder obtener sus leyes.
También queda toda la matriz que parió a las AFJP y a las siniestras y perversas ART, así como toda la desfinanciación del sistema previsional a costa de aumentar la tasa de ganancia de los empresarios y de que todos nosotros –o por lo menos la mayoría del pueblo argentino? paguemos la desfinanciación del sistema.
También se quiere asegurar el fortalecimiento del siniestro aparato sindical, que ha sido en gran parte el mayor responsable de la pérdida de las conquistas. Lejos de estar a la cabeza de defenderlas, estuvo a la cabeza de cómo mejor venderlas, transarlas, negociarlas o cederlas; a veces apoyando una ley, a veces por adelante y a veces por atrás. Por eso tienen la lista única, gracias a los empresarios que los apoyan porque, como ustedes se imaginarán, prefieren negociar con un burócrata y no dialogar con un luchador, teniendo en cuenta ese rol siniestro de muchos dirigentes sindicales de denunciar al luchador en la fábrica para que el patrón lo eche, porque se le va a enfrentar en el gremio, donde hay una verdadera dictadura; esta última la encontramos en las fábricas y en los sindicatos. Sin embargo, esto lo ignora el presidente Kirchner, y por eso transó de nuevo con la gran mayoría de los dirigentes de la CGT.
No hay ninguna vuelta de hoja en las páginas de la historia. El presidente se llena la boca hablando de la generación del 70, como si esto no fuera una demagogia.
El triunfo golpista de 1976 -la generación del 70 llamó a todos los trabajadores y jóvenes para oponerse a él- fue justamente el que empezó este proceso de ofensiva sobre las conquistas sociales, que siguieron y siguen hasta el día de hoy.
Entonces, más allá de la demagogia y del uso que se hace de esa generación , se podría haber dicho que se derogaban todas las leyes antiobreras que fueron sancionadas desde 1976 hasta el presente y que todavía rigen en la Argentina. Es vergonzoso que todavía rijan leyes de la dictadura que arrancaron conquistas obreras.
Sr. Zamora .– Entonces, a partir de aquí se podría haber abierto cualquier debate, en cuanto a la amplitud, pero no en cualquier lugar. ¿Por qué no vamos a las fábricas, a las oficinas para ver qué opinan los trabajadores del preaviso, de la indemnización, del período de prueba?