*Por Marta Martínez Integrante de la Comisión de Género de AyL

En el día de hoy el Estado nacional y el provincial realizarán una “reparación simbólica” (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-261711-2014-12-11.html), exigida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, tras haber provocado el retraso de la interrupción voluntaria del embarazo a una mujer con discapacidad que había sido violada. (Dictamen http://www.csjn.gov.ar/dbei/iinews/Sentencias/CCPR-C-101-D-1608-2007-Spanish.pdf
Los hechos ocurridos en el año 2006 muestran cómo el aparato estatal se manifiesta a través de todas sus instituciones que siguen colocándose por encima de la mujer. A pesar de configurarse como un aborto no punible, no pudo realizarse el mismo hasta pasada la semana 20 de gestación y de manera clandestina. El hospital público que debía realizar el procedimiento sin la necesidad de intervención judicial recibió una orden exigiendo la interrupción de todos los procedimientos. Luego de eso, se ordenó a través de la Cámara Civil que se extreme el control sobre la mujer, la evolución del embarazo y la salud del niño por nacer, debiendo intervenir para ello la Subsecretaría de Minoridad. Una vez que este caso salió a la luz hubo manifestaciones y presiones por parte autoridades de instituciones universitarias, profesionales, etc. católicas y parte de la sociedad civil para que no se realizara el aborto. La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires sentenció en julio de 2006 que el aborto podía realizarse, sin embargo, el hospital se negó y el aborto se realizó de manera clandestina en el mes de agosto.
El Dictamen obliga al Estado a tomar medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada y a evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
Este caso que se toma como un hecho de “reparación histórica” no hace más que mostrar la violación continua que hace el Estado a los Derechos Humanos de las mujeres.En este caso el aborto era no punible porque se trataba de una mujer con discapacidad que había sido violada. Pero a este el hecho hay que agregarle otro relevante, miles de mujeres mueren por abortos clandestinos. Todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre la planificación de su maternidad, no hace falta que la violación sea la “excusa” que tolera la sociedad para permitirle a la mujer que decida sobre su propia vida. El argumento de la discapacidad es aun menos excusable, dado que todas las mujeres, con y sin discapacidad tienen derecho sobre su propio cuerpo. No solamente el Estado modifica el Código Civil para establecer la “divinidad de la concepción” sino que se generan los mecanismos necesarios para que las mujeres deban recurrir a los abortos clandestinos, inclusive en casos en los que no es necesaria una intervención judicial.
La “reparación” se reafirma como netamente simbólica cuando los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho sobre su propio cuerpo siguen en la clandestinidad. El Estado necesita ampararse en la violación y la discapacidad para otorgarles a las mujeres la posibilidad de interrumpir su embarazo. Una indemnización “adecuada” no restituye el derecho de la mujer a planificar su vida ni el derecho sobre su cuerpo. Qué sucede con las mujeres muertas por abortos clandestinos? El Estado indemniza pero no reconoce los derechos de las mujeres y sigue violando sus derechos, propio del sistema capitalista, se mercantiliza el cuerpo de la mujer y se realizan prácticas clandestinas donde muchas mueren, el problema subsiste y se profundiza. La inacción o acción negativa del aparato estatal legitima estas prácticas que solamente se “reparan”, y con dinero, cuando organismos internacionales toman conocimiento del caso.
La lucha es por el derecho, el repudio es a la violencia y la impunidad de los hombres que toman como objeto a las mujeres, la exigencia es hacia el Estado y es ahora.
¡Las mujeres exigimos el respeto del derecho sobre nuestro cuerpo y el reconocimiento del Estado!
¡Legalización del aborto, en el hospital, con instrumentos adecuados y personal idóneo!
¡La lucha es de todas!

Marta Martínez
Integrante de la Comisión de Género
Autodeterminación y Libertad