1. Ruptura y anulación de todo pacto político, económico, militar o cultural que implique la enajenación de la soberanía argentina proponiendo en su reemplazo una política internacional independiente y que propugne la colaboración y coordinación con todos los pueblos que accionan contra el poder económico, político y militar que defienden los intereses del gran capital global. La más urgente sería la acción conjunta de Latinoamérica para enfrentar el cobro compulsivo de la deuda externa ilegítima.
2. Reafirmar la decisión de adoptar las medidas económicas, políticas y diplomáticas y todas aquellas que fueren convenientes para lograr la plena soberanía del país sobre las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur.
3. Rechazo de la instalación de bases militares de EE.UU u otras potencias en nuestro territorio así como a la realización de ejercicios conjuntos con fuerzas militares de esos países.
4. Por la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa, sean estos de amortización de capital o pagos de intereses; decisión soberana que, ante la gravedad de la crisis, debe ser asumida para posibilitar la investigación exhaustiva de sus orígenes, composición, acreedores, tomadores, aumento, renovaciones, tasas de interés, estatización, consecuencias para la población y el país derivados o vinculados con ese endeudamiento. Esta decisión deberá ser acompañada de un profundo debate nacional y la consulta popular para que sea el pueblo el que, soberana y democráticamente, decida finalmente sobre las conductas a asumir en relación con la deuda externa.
5. Declarar de utilidad pública y convertir en propiedad pública todas las empresas de transporte, explotación de recursos naturales o bienes comunes y servicios públicos y las industrias básicas, así como las compañías de seguros y la banca poniendo el crédito al servicio de un plan nacional de desarrollo y del consumo popular. Todas estas empresas pasarán a ser administradas por sus trabajadores junto, en cada caso, a usuarios y consumidores.
6. Aumento general de salarios recuperando como mínimo el más alto valor histórico de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. El salario mínimo debe ser igual a la canasta familiar. .
7. Inmediata ejecución de un plan de obra pública especialmente la construcción de viviendas populares que a la par que empiece a solucionar problemas graves de vivienda posibilite una inmediata reactivación de la economía y de todas las industrias vinculadas con la construcción de forma de reducir drásticamente el problema del desempleo que nuevamente ha empezado a aumentar..
8. Declarar la emergencia ocupacional y mientras ella rija otorgar un subsidio estatal a todo jefe de familia y a todo desocupado que contemple las necesidades más elementales. Simultáneamente prohibir por ley todo despido sea de trabajadores formales o informales disponiendo asimismo la reducción obligatoria de la jornada de trabajo sin reducción de salario redistribuyendo las restantes horas con nuevos trabajadores hoy desocupados.
9. Reforma y recolonización agraria expropiando por ley el latifundio a causa de utilidad pública en las condiciones establecidas por la Constitución Nacional y las leyes que se dicten en su consecuencia. Combatir el proceso de extranjerización y concentración en la propiedad de la tierra para mediante la reforma agraria que propiciamos pasar a formar unidades productivas que permitan y posibiliten el acceso de millones de familias a la explotación del campo mediante el usufructo o las formas cooperativas. Asimismo que permitan la recuperación de las tierras por parte de familias campesinas expulsadas por el proceso denominado de “sojización” o usurpadas a los pueblos originarios. Modificación del actual modelo agroexportador basado en el monocultivo de la soja transgénica y el glifosato para garantizar en cambio la soberanía alimentaria. Por un régimen de comercio exterior de propiedad pública administrado por los integrantes de las unidades productivas, cooperativas, comunidades o pequeños productores que se conformen como consecuencia de la reforma agraria que se lleve adelante. Políticas de saneamiento de las tierras devastadas por el modelo basado en el cultivo de transgénicos y agrotóxicos, incluyendo medidas que garanticen una urgente reforestación.
10. Prohibición por ley de la megaminería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. Consulta popular o licencia social imprescindible para la autorización de emprendimientos que afecten o involucren el uso de recursos naturales o bienes comunes
11. Restablecimiento pleno de las normas previstas en la ley 14.250 y reimplantación de toda la legislación laboral y social existente antes del 24 de marzo de 1976 y que fuera favorable a los trabajadores.
12. Plena libertad de asociación para todos los trabajadores. Propender a la formación libre y democrática de sindicatos por industria y una sola Confederación General del Trabajo, sin ingerencia estatal o patronal y salvaguardando el pluralismo sindical. Esto implica la derogación de la ley de Asociaciones Profesionales así como el rechazo de los principios que han permitido la intromisión del Estado en las organizaciones obreras.
13. Fomentar el funcionamiento democrático de los sindicatos y la central de los trabajadores, combatiendo el control burocrático que con el amparo de los gobiernos de turno se ha instalado totalitariamente en ellos. Representación proporcional para integrar los Consejos Directivos, rotación cada dos años de los directivos de forma que sólo puedan ser reelectos cuatro años después, revalorización de las Asambleas generales como instancias decisorias y de control, sueldos de los dirigentes igual al promedio del gremio. Elección del consejo directivo de la CGT y de su secretario general por medio del voto directo de los trabajadores colocando urnas en cada uno de los lugares de trabajo y garantizando representación proporcional.
14. Aumento del presupuesto de educación, cultura y ciencia y tecnología. Estos fondos deben ser utilizados por el Estado para sostener la escuela pública, laica y gratuita y no pueden ser utilizados para financiar establecimientos privados de enseñanza. Plena vigencia del Estatuto de Docente. Aplicación de una política inmediata de alfabetización y erradicación de la deserción escolar.
15. En el terreno universitario defender los principios más progresivos de la Reforma Universitaria de 1918. Participación de los estudiantes, profesores, no docentes y graduados en el gobierno de las universidades. Gratuidad completa en la enseñanza terciaria y eliminación de toda traba para acceder a ella.
16. Considerando que la salud es un derecho popular y un servicio público se impone la creación de un Sistema Nacional de Salud integrado por el Hospital Público, las clínicas privadas y los laboratorios, previa nacionalización por razones de utilidad pública de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, y las Obras Sociales. Propiciar la producción pública de medicamentos y el acceso gratuito a los mismos por parte del pueblo. Los medicamentos deben dejar de ser un instrumento de lucro.
17. Asegurar la completa igualdad de ambos sexos y la plena libertad sexual. Bregar por crear condiciones materiales y culturales que eliminen toda discriminación y desigualdad contra la mujer o contra cualquiera por razones sexuales. Comenzando por hacer realidad el principio de igual remuneración por igual trabajo. Asignación de medio sueldo suplementario a toda trabajadora con hijos. Guarderías gratuitas para todos los niños en edad preescolar.
18. Defendemos nuestro derecho a la libertad sexual. Todos tenemos que tener los mismos derechos sin que la condición sexual habilite diferencias que implican discriminación. Desde allí apoyamos, por ejemplo, el derecho a casarse de personas del mismo sexo como el derecho a tener su DNI con el nombre que libremente elija cada uno de acuerdo a su identidad sexual.
19. Promover la educación sexual y el acceso gratuito y masivo a los métodos anticonceptivos. Legalización del aborto mediante el reconocimiento del derecho de la mujer a decidir libremente la interrupción de su embarazo garantizando que los hospitales públicos lo lleven adelante en forma gratuita con personal idóneo y equipos adecuados.
20. Plena vigencia de las libertades democráticas, de pensamiento, de culto, de expresión, de asociación y de reunión y del derecho de huelga suprimiendo toda restricción al ejercicio de esos derechos.
21. Constituir un Tribunal con jurisdicción única para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo argentino por la dictadura militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 y los crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos integrantes de la autodenominada “Triple A” promovidos, vinculados o relacionados con estructuras del Estado durante el gobierno que la precedió a cargo de María Estela Martínez de Perón. Establecer normas procesales específicas para el funcionamiento de ese Tribunal considerando que su materia es unificar y profundizar la investigación y condena de un genocidio con instrumentos suficientes para centralizar y unificar la instrucción, la investigación y condena de los responsables de las FF.AA. y de las fuerzas de seguridad así como de los funcionarios, responsables civiles y económicos, a título individual o como integrantes de asociaciones empresarias que promovieron el golpe y la represión genocida o fueron cómplices o encubridores de los mismos. Propiciamos que los integrantes del Tribunal sean elegidos mediante voto popular.
22. Legislar asegurando el desprocesamiento y libertad inmediata de todos aquellos que actualmente están siendo procesados y/o detenidos por razones políticas y/o gremiales o por participar en protestas o reclamos socioeconómicos.
23. Formación mediante ley de una Comisión Investigadora Independiente de los tres poderes elegida popularmente para llevar adelante una investigación de todos los hechos de corrupción denunciados como cometidos desde 1975 hasta la fecha y donde aparecieran vinculados integrantes o ex-integrantes de algunos de los tres poderes del Estado y/o representantes de grupos económicos o grandes empresas y/o asociaciones o fundaciones vinculadas a integrantes o ex-integrantes de algún poder del Estado, funcionarios o grupos empresarios.
24. Absoluta separación de la Iglesia y del Estado.
25. Un régimen político tendiente a la democracia directa basado en la anulación de la institución presidencial y el Senado. Parlamento unicameral que legisle y gobierne nombrando un administrador rotativo. Un Parlamento elegido tomando el país como un distrito único. Rotación de los mandatos. Mandatos cortos de no más de dos años. Mandatos revocables ya que democracia es elegir pero también sacar. Prohibición de reelección al fin del mandato o de su revocatoria para ejercer otro cargo distinto en la función pública. Intervalo de por lo menos dos años para poder retornar a tareas públicas electas o designadas. Dietas o ingresos en la función pública iguales a la del salario promedio de la población. El legislador o funcionario no es un dirigente del pueblo sino un comisionado o ejecutor de decisiones adoptadas por la población. El poder de decisión reside en el pueblo. Establecimiento de la necesidad de que determinados temas como deuda externa, desarrollo o no de la industria nuclear, entre otros, no puedan ser decididos sin consulta popular previa y vinculante. Derogación de las listas sabanas y de las jubilaciones de privilegio con carácter retroactivo. Derecho y posibilidad de postularse para cargos electivos sin necesidad de conformar partidos para ello y suprimiendo los exigentes requisitos actuales..
26. Democratización de la Justicia con elección popular y revocabilidad de los jueces. Elección por períodos cortos de no más de cuatro años y prohibición de reelección. Establecimiento de los juicios por jurados populares.
27. Debate Nacional sobre el rol y necesidad de las FF:AA. y de seguridad y su subordinación al control por la población. Elección directa de jefaturas y comisarios con revocatoria y control popular periódico de su gestión. Esos cargos deberán ser ocupados por civiles. Prohibición absoluta de intervenir en la represión de huelgas, manifestaciones y luchas populares. Desmantelamiento y supresión inmediata de los servicios de inteligencia.
28. Propiciamos que los medios audiovisuales de comunicación masivos sean de propiedad pública no estatal administrados por un consejo elegido por voto directo de la población de modo de garantizar la difusión plural y democrática de las distintas ideas, creencias, escuelas, pensamientos.