LA VIOLENTA DISPUTA ENTRE LA CORTE, EL GOBIERNO Y EL CONGRESO
*por Luis Zamora (integrante de Autodeterminación y Libertad)
Al contrario de lo que nos enseñan desde el Poder ni bien entramos en la escuela y nos repiquetean luego, una y otra vez a lo largo de nuestra vida, la existencia de esas tres instituciones no se debe al deseo de “dividir” el Poder en tres organismos “independientes” que se limiten entre sí. Ni el Poder está dividido ni hay independencia real entre ellas. El Senado -además de ser el lugar para dirimir las disputas de los distintos negocios empresarios de las provincias y de la Nación- está para filtrar la eventual presión popular que pueda haber sobre el primer obstáculo pensado, la Cámara de Diputados y que afecte al poder económico en sus intereses estratégicos; el Poder Ejecutivo, con diversas facultades (especialmente el poder de veto), asegura más poder de filtro por si el ejercido por el Senado y Diputados no alcanza y, por último, si estos obstáculos fracasan, el Poder Judicial está para garantizar, con su atribución de declarar la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas y promulgadas por los otros dos, que los intereses de la clase que nos domina y explota no se vean afectados por la acción del pueblo trabajador. Tres instituciones surgidas de la necesidad de imponer -complementándose una con las otras- un sistema donde una minoría vive del trabajo de una mayoría. Y, la última palabra entre ellas, no es casual que la tenga la única de las tres que no es elegida popularmente. Cuesta, y pocas veces pasa, que la presión popular logre penetrar entre sus laberínticos pasillos llenos de Injusticia.
En consecuencia la integración del Poder Judicial y en especial de la Corte surge habitualmente de “cuidadosos acuerdos” (transas y tomas y dacas) entre los representantes políticos del poder económico que dominan las instituciones. Habitualmente aunque no siempre. En tiempos de crisis de representación y de crisis de la propia democracia representativa como los que atraviesan muchos países del mundo y de degradación institucional como el actual en Argentina, los acuerdos se buscan pero se traban, las negociaciones, habitualmente de trastienda, salen a la superficie, los funcionarios se desbocan, saben la importancia de integrar el Poder que tiene la “última palabra” pero no pueden impedir presionarse en forma pública, se extorsionan, chantajean y amenazan; unos y otros buscan respaldos de apoyos diversos (Bergoglio, cámaras empresarias, etc.) para obligar a acordar o a ceder. A mayor descomposición, crecientes nubarrones económicos y financieros, intereses empresarios no necesariamente coincidentes en la coyuntura, debilidad política de partidos y gobiernos, malestar salarial que se extiende, desprestigio ante la población, ante todo eso, el enfrentamiento y la agresividad se profundizan. A mayor necesidad de acordar, (¿un juez de la Corte para cada sector?) más descalificación. Ese marco explica la violencia pública en estos días entre los integrantes de los tres Poderes del Estado, ejercida, en forma denigrante para todos ellos y ellas, por los supuestos partidarios de la “independencia” de los tres Poderes y del proclamado “respeto de sus respectivas competencias republicanas”. La crisis de representación expresada en una enorme brecha entre las instituciones y el pueblo, y que se retroalimenta diariamente por arriba y se profundiza por abajo, pone al desnudo toda la mentira que nos enseñan desde la infancia y que en los tiempos de calma logran disimular. Frente a ello está planteado como nunca la lucha por la autoorganización, la autodirección y la democracia directa, la que derrote la transa de los de arriba en la defensa de los intereses del poder económico y la que abra el camino a las decisiones del pueblo trabajador para dar respuesta a todas sus necesidades.
11 de mayo del 2015