RECHAZAMOS EL DECRETO DE MACRI SOBRE EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA
*Por Marta Martínez y Sebastián Blanchard (integrantes de Autodeterminación y Libertad)
El reciente decreto que establece la llamada “Emergencia en seguridad pública” evade el verdadero problema del narcotráfico y el delito en Argentina, al tiempo que profundiza el involucramiento de las fuerzas represivas en la vida del pueblo, y lo que es aun más grave, involucra nuevamente en la vida pública a las fuerzas armadas, luego de la enorme lucha popular que los ha mantenido al margen durante años. Es un decreto que se enmarca en un contexto en donde el gobierno nacional intenta darle cada vez mayor legitimidad a estas fuerzas y su política represiva.
El “Operativo Fronteras”, que es el mismo que ya venía implementando el gobierno kirchnerista como “Escudo Norte”, que intensificó la cantidad de efectivos de Gendarmería y Prefectura que se encuentran en la zona y los límites de su actuación al sumar más provincias, habilita la posibilidad de la compra de armamento y transportes para esos fines, los que seguramente serán comprados a potencias militares como EEUU, Israel, etc. Países con los que Macri ya estuvo reunido en Davos iniciando conversaciones en ese sentido.
Más grave aún, este mismo decreto permite el derribo de aviones, una medida totalmente reaccionaria, donde se aplica la pena de muerte nada menos que con la simple sospecha. El caso de los hermanos Lanatta y Schillaci, sacó a la luz las relaciones de las mafias de las drogas y sus relaciones con el poder político y judicial.
Por otro lado, se hace una convocatoria al personal en situación de retiro de las fuerzas de la PFA, la Prefectura, la Gendarmería y la PSA y sumado a ello se faculta a las fuerzas de seguridad a revisar equipajes y bultos en transportes comerciales. Todo indica que el decreto intensifica medidas de control y represión haciéndonos sospechos@s a tod@s.
Lo que no hace este decreto es, por ejemplo, implementar las medidas necesarias para desmantelar los delitos que sufren miles de mujeres cada año, como lo son las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esto no lo hace porque para que se cometan estos delitos es necesaria, por acción u omisión, la complicidad de toda la dirigencia política, todos los partidos que tradicionalmente han gobernado nuestro país, junto con el poder judicial y los servicios de inteligencia. Lo mismo para el caso del verdadero desmantelamiento de las redes que aseguran el negocio del narcotráfico.con este decreto se evade el núcleo del verdadero problema existente en Argentina, que es la relación directa de estas mafias con el poder político, judicial y las fuerzas de seguridad.
El caso de los hermanos Lanatta y Schillaci, sacó a la luz las relaciones de las mafias de las drogas y sus relaciones con el poder político y judicial. Incluso esto fue tema de acusaciones cruzadas en la propia interna del frente para la victoria en la provincia. Lo que muestra la podredumbre de la dirigencia política y de las instituciones del Estado junto con cientos de casos alrededor del país, como la complicidad del juez de Orán, Reynoso, quien recientemente fue separado del cargo y enviado a juicio político acusado de proteger a los narcotraficantes; o el caso del ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, que está preso por sus probados vínculos con el narco en esa provincia, tal vez una de las más castigadas por estas redes, y donde el lavado de dinero proveniente del mismo nadie puede ignorar.
Es decir que, con este decreto se evade el núcleo del verdadero problema existente en Argentina, que es la relación directa de estas mafias con el poder político, judicial y las fuerzas de seguridad.
Así como recientemente Macri y Larreta, con el traspaso de la policía federal a la jurisdicción de la Ciudad intentan hacer pasar ese tema como un problema de orden jurisdiccional, ahora el gobierno nacional quiere hacer pasar el grave problema del narcotráfico como problemas de seguridad nacional, cuando existe además un entramado de delitos relacionados que necesitan la indispensable protección y/o complicidad de miembros de otros poderes del estado para cometerse, siendo ese el verdadero problema.
Volvemos a reiterar, como hemos venido diciendo hace años en AyL, es el régimen político-institucional y la dirigencia que ha gobernado nuestro país todos estos años el gran problema del pueblo.