Rechazamos sus palabras que reflejan su desprecio por la memoria de los miles de desaparecidos y por la lucha que las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos vienen sosteniendo desde hace cuarenta años. Macri, al llamar “guerra sucia” al genocidio llevado adelante por la dictadura de Videla insulta directamente a los sobrevivientes y familiares de desaparecidos al equiparar los secuestros, asesinatos, robos de bebés de los militares con las acciones de las organizaciones guerrilleras.

Estas declaraciones se suman a los intentos del gobierno por avanzar en la reconciliación y la impunidad de los genocidas, que comenzó con el recibimiento a Cecilia Pando y otros familiares de militares en la ex Esma, siguió con el vaciamiento de áreas del estado dedicadas a apoyar los juicios de lesa humanidad, el despido de trabajadores que realizaban acompañamiento a testigos de los juicios o el cierre de la oficina encargada de la búsqueda de los nietos que aun no recuperaron su identidad.

Esos hechos se inscriben en los intentos del gobierno por re legitimar a las FFAA de la dictadura, como el desfile del 9 de julio con el carapintada Aldo Rico en Buenos Aires y de los responsables del Operativo Independencia en Tucumán, permitido por el gobierno de Alperovich del FPV-PJ y para hacerlas participar en operativos de seguridad interior o en una supuesta lucha contra el narcotráfico. Además se nombraron arios militares con antecedentes en la dictadura en distintos cargos, como Girimomini y Piaggio en la empresa estatal Intercargo, o las designaciones de Vidal en Ferrobaires nombrando a varios militares, algunos acusados por crímenes en la dictadura, y algunos civiles defensores de genocidas en el ministerio de Seguridad e incluso en el programa de protección de testigos o la designación de Francisco Lagos, que fue subteniente de Caballería del Ejército, hijo del coronel retirado Luis Hilario Lagos, que fue profesor de la Escuela de las Américas en los años de la dictadura. O Pablo Nocetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad a un abogado defensor de genocidas, entre varios más.

A tono con este discurso los jueces comenzaron a conceder las prisiones domiciliarias a los genocidas con más de 70 años, entre ellos uno de los responsables de la desaparición de Julio Lopez, Miguel Etchecolatz, contra lo que el ministro de Justicia Garavano ya dijo que la postura del gobierno será de no contradecirlo.