* Por Fernando Vilardo (Legislador CABA e integrante de Autodeterminación y Libertad)

El pasado miércoles 5 de abril se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el traspaso de una parte de los fueros judiciales de la Nación a la Ciudad, en el marco del acuerdo general de las principales fuerzas políticas (Cambiemos, FPV-PJ, Frente Renovador, etc.) para concretar la “autonomía” de la Justicia porteña bajo el argumento de alcanzar una Justicia más “eficiente”. Lo que habría que preguntarse en este caso sería eficiente… ¿para quién?

Existe una frase popular muy difundida que suele expresar de una manera precisa y genuina la evidente falta de “independencia” del poder judicial: “existe justicia para pobres y justicia para ricos”. ¿Quién puede negar hoy día la veracidad de esta frase? ¿Alguien puede afirmar que existe algo así como la tan mentada “justicia independiente”? ¿Alguien puede afirmar que los jueces fallan por igual sin importar si enfrente tiene al dueño de alguna gran corporación, un funcionario de alto rango político o a un/a trabajador/a? Es tan evidente que la Justicia independiente no existe que hasta son estas mismas fuerzas políticas las que señalan todo el tiempo sus vínculos con los poderes políticos de turno. Es el PRO y sus aliados acusando al kirchnerismo de utilizar y presionar a los jueces cuando fueron gobierno, al igual que lo hacían en Santa Cruz cuando Nestor Kirchner era gobernador. Es el mismo PJ-FPV quien señala la falta de independencia judicial que existe hoy en Jujuy. Algo inobjetable por los estrechos vínculos de la justicia provincial con el gobernador Radical Gerardo Morales, a tal punto que apenas asumió la gobernación amplió la Corte de Jujuy de cinco a nueve miembros para incorporar cuatro integrantes puesto por él (incluso dos de esos cuatro pasaron de ser legisladores radicales que votaron la ampliación, a ser miembros de la misma Corte). ¿No es la misma Carrió la que, a pesar de “no sacar los pies del plato” y seguir legitimando al gobierno de Cambiemos, denuncia hoy día a Angelici, hombre de estrechos vínculos con el Presidente Macri, de ser un operador de éste en la Justicia? Pero todas estas denuncias no son más que argumentos oportunistas y poco serios para arrancarse entre ellos algún voto más. Por el contrario, cuando son estas mismas fuerzas políticas las que utilizan a los jueces para sus propios objetivos lo ocultan, o directamente lo avalan.

Todos los gobiernos, provinciales y nacionales, han utilizado el poder judicial, y a su vez este vínculo no es más que parte de un engranaje institucional funcional a un sistema que defiende los intereses de los explotadores contra lxs trabajadorxs y diferentes sectores populares. El vínculo de la Justicia con el poder político es variable, porque lo que varían son las fuerzas políticas que transitoriamente gobiernan. Lo que no es variable es la funcionalidad de estas instituciones para con el Régimen capitalista que sostiene. El Poder Judicial tiene en la cadena de responsabilidades institucionales que derivan de la “división de poderes” republicano, salvaguardar la integridad de la propiedad privada, esencial en el proceso de acumulación capitalista. Es el último bastión que tiene la clase dominante para defender sus intereses en contra de lxs trabajdorxs y por eso mismo debe mantenerse ajeno a cualquier control del conjunto de la población. Los jueces no son elegidos popularmente. Tampoco pueden ser revocados. La impermeabilidad que mantienen frente a las presiones del pueblo trabajador es inversamente proporcional a la permeabilidad que evidencian respecto a las presiones políticas y de los poderes económicos. Aunque más bien se podría decir que forman parte de los mismos intereses.

El pasado 5 de abril aprovechamos la sesión para denunciar precisamente esto. Para denunciar la complicidad de los jueces con estos poderes. Para denunciar al PRO, al PJ, al FPV, al Radicalismo, a la Coalición Cívica que mientras se la pasan acusándose entre ellos con total hipocresía de presionar a los jueces, terminan acordando un traspaso que en el fondo no cambia absolutamente nada. Aprovechamos la sesión para reclamar la elección popular de los jueces y que estos también puedan ser revocados por la población. Para que exista además un sistema de justicia por jurados que permita que las sentencias dictadas no queden en manos de una casta de jueces funcionales a los intereses del poder político y económico dominante, y que además, como lo muestra el caso de Belén en Tucumán o la enorme cantidad de fallos judiciales que amparan a los violadores y abusadores de niños, niñas y mujeres, reproducen un sistema de opresión patriarcal y machista.

Con estos argumentos rechazamos el proyecto enviado por el oficialismo a la Legislatura. Porque estamos convencidos que con o sin traspaso seguirá habiendo “justicia para pobres y justicia para ricos”.