• Por Marta Martinez, legisladora CABA.

En una sociedad patriarcal, como la nuestra y la de todo el mundo, las crisis las pagan más profundamente las mujeres. Crisis económicas que afectan a la mujer feminizando la pobreza y crisis sanitarias que le suman más cercenamiento de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, así como mayor exposición ante situaciones de violencia.

La crisis económica en la que se encontraba nuestro país fue profundizada por la pandemia del COVID-19 lo que traerá como consecuencia algo peor que esperar para quienes viven de ingresos fijos, ya precarizados, con trabajos informales, así como monotributistas y autónomos. Toda la clase trabajadora se perjudicará de las consecuencias de la pandemia del coronavirus si no logramos, como pueblo, que la medida inmediata de la dirigencia política sea sacar de las ganancias de las empresas y bancos que se la llevaron en pala todos estos años lo necesario para superar la pandemia otorgando todo lo que no se ha dado hasta ahora al sistema de salud y lxs trabajadorxs. Así como no pagar la deuda externa, ni hoy ni dentro de tres años se debe pagar la deuda ilegítima y fraudulenta, pagarla conlleva al ajuste de la población trabajadora que será aun peor después de la pandemia.

Pero en esta crisis también las que se ven más perjudicadas, no en términos de “a quién enferma más el virus”, sino quienes correrán con mayor precarización en su trabajo y su vida son las mujeres. Las mujeres, en una sociedad patriarcal, tenemos reservados ciertos espacios de trabajo remunerado como los de cuidado a terceros (a través de las profesiones como enfermería por ejemplo) así como las tareas de limpieza, tareas de cocina y cuidado de niñxs, trabajos que tienen que ver con lo emocional –característica propia de la mujer en la cultura patriarcal-. En primer lugar debemos decir que la gran mayoría de quienes se desempeñan como profesionales de la salud son mujeres, las enfermeras, y son ellas quienes se encuentran en la primera línea de combate al virus. Ese trabajo lo deben llevar adelante con un ingreso bajo lo que las obliga a realizar sus tareas en varios hospitales para llegar a fin de mes. El extenuante trabajo frente a una pandemia y en condiciones de desinversión sanitaria las obliga a someterse a una sobre-exigencia laboral muy elevada a lo que se le suman los cuidados de su propia familia. Pero quienes no se encuentran en el área de la salud también ven más precarizada su vida dado que las tareas que realizan las mujeres, sobre todo las de cuidado, tienen la condición de ser presenciales, son fácilmente reemplazables si una mujer debe “quedarse en casa” y generalmente se encuentran en negro –el 75% de las trabajadoras domésticas en nuestro país se encuentran en esta condición-. Esto, en épocas de aislamiento social provoca que sean las mujeres las primeras que se queden sin ingresos y sin posibilidad de trabajo. A lo que se suma la responsabilidad en las tareas de cuidado doméstico, la presión ante la disminución del ingreso para alimentarse y todas aquellas consecuencias que viven los hogares de lxs trabajadorxs cuyas vidas estaban ya precarizadas.

A esta situación de pérdida del empleo o precarización laboral hay que sumarle la “obligación de quedarse en casa” –como medida preventiva ante la pandemia- de las mujeres que sufren violencia de género. Es decir, aquellas mujeres que se ven obligadas a convivir con su agresor las 24hs del día. Una situación terrible por la que pasan muchas mujeres cuyas parejas se encuentran bien comprometidos con la cultura patriarcal: deslegitiman la identidad femenina y sus labores cotidianas, se representan a sí mismos como seres jerárquicamente superiores y muchas veces ejercen violencia física para reafirmarse como machos. Esta situación, que viven las mujeres en tiempos en los que no se atraviesan pandemias se agudizan, así como se potencian con condiciones de vida precarizadas, hacinamiento y falta de herramientas para salir de ese círculo violento. En este marco, la dirigencia política de nuestro país -reuniones del presidente con los gobernadores- se junta para discutir sobre la deuda externa pero no hay nada respecto de las profundas situaciones de violencia que sufren las mujeres, ni siquiera aparece la Ministra de mujeres, géneros y diversidad. Las llamadas para la atención de la violencia de género aumentaron en un 39% y es evidente que a los canales de comunicación hay que sumarle soluciones para terminar con la urgente situación de violencia que vive cada mujer que acude a la línea. El brutal ascenso de los femicidios no solamente muestra la urgencia con la que debemos actuar para decir basta sino también la necesidad de cambios de fondo, culturales y económicos, para terminar con un flagelo como este debemos derrotar al sistema patriarcal y capitalista. Tenemos que potenciar el grito de la rebelión de mujeres y decir BASTA DE FEMICIDIOS YA!

La restricción en el acceso a derechos continúa y se profundiza en tiempos de pandemia. Las mujeres se ven afectadas en sus derechos reproductivos y no reproductivos. Por un lado, los insumos que compramos las mujeres tienen siempre un “impuesto rosa” es decir que pueden ser productos que también usen los hombres pero si “tiene imagen femenina” se cobrará más caro (desodorante 56% más si es para la mujer, por ejemplo), y a ello hay que sumarle los productos que se utilizan durante los ciclos menstruales. Es decir que a la falta de ingresos y costos de alimentación hay que sumarle los costos de vida propios de las mujeres, todo en el marco de disminución o falta de ingresos.

La realidad de las mujeres en una sociedad patriarcal no escapa a la pandemia, todas las situaciones de precarización de nuestra vida se potencian

Pero la cara más patriarcal del Estado se ve cuando hablamos de los derechos sexuales y no reproductivos de las mujeres. En tiempos de aislamiento obligatorio se restringe el acceso de las mujeres a anticonceptivos por ejemplo, que nunca fueron de distribución masiva. Al hecho de verse obligada a salir en tiempos de circulación comunitaria del virus hay que agregarle que se debe dar explicaciones sobre el carácter de la salida. Esto se vuelve aun más complejo si hablamos de la interrupción de un embarazo no deseado, el poco acceso en hospitales públicos hoy se ve más obstruido por situaciones de encierro. Pueden declarase esenciales las atenciones a la interrupción legal del embarazo pero si no se promueven las herramientas de acceso a ese derecho no hay solución a la problemática. Si ya a una mujer le cuesta en tiempos “normales” recurrir a un hospital para realizarse una interrupción, si una mujer debe pensar en los periplos que implica llegar allí y dar explicaciones, o en las comisarías en casos de situaciones de violación, imaginemos lo restringido que está hoy en tiempos de pandemia. Claro, que solo podremos imaginarlo porque allí los embarazos continúan y no hay estudios que indaguen sobre si lxs hijxs que una mujer cria o criará fueron deseadxs o no. Y allí se encuentra otro de los grandes problemas que el Congreso patriarcal resolvió en 2018 –en contra de todo el movimiento de mujeres- que fue no legalizar el aborto. Las mujeres seguimos en nuestro país, privadas de un derecho democrático básico, decidir sobre nuestro propio cuerpo. Ello en tiempos de pandemia se agudiza porque los canales de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se restringen, quedando no solamente restringida de hecho nuestra libertad sexual sino que podemos hasta pagarlo con nuestra propia vida consecuencia de prácticas inseguras. Un informe del Instituto Guttmacher –organización que trabaja la temática de aborto- que realizó recientemente indica que si el COVID-19 restringiera un 10% el acceso a la atención en salud reproductiva y no reproductiva, el impacto en los países de ingresos bajos y medios causaría 3 millones de abortos en condiciones de riesgo. Tan solo con la restricción del 10% se calcula, además, que habría 15 millones de embarazos no deseados y 28.000 muertes de personas gestantes en el período de un año. Se estima que, al mismo tiempo, 49 millones de personas tendrían obstaculizado su acceso a anticonceptivos modernos.

Las mujeres seguimos en nuestro país, privadas de un derecho democrático básico, decidir sobre nuestro propio cuerpo. Ello en tiempos de pandemia se agudiza…

Esto es apenas una muestra de lo que implica para una mujer transitar una pandemia, desde la restricción o falta de salario por su informalidad laboral, la violencia que resulta de la cultura machista que puede terminar en femicidio como hemos visto en estos días donde los femicidios y travesticidios superan a la cantidad de días de cuarentena y la falta de acceso a aborto legal y las muertes consecuencia de los abortos clandestinos.
Insistimos en que el Gobierno se reúne con la oposición por la deuda y la dirigencia política –con reuniones de los Gobernadores con los intendentes o del Jefe de Gobierno con bloques opositores- acuerda sobre cómo continuar la circulación en tiempos de aislamiento pero no hay nada en relación a las profundas problemáticas de la mujer, no ha aparecido en ninguna mesa de discusión las problemáticas de las mujeres y disidencias y no aparece la Ministra de la Mujer, géneros y diversidad para responder a ello.

Debe ser inmediata la resolución para que cualquier mujer que necesite casa y salario para salir de la convivencia y dependencia de su agresor pueda contar con ello de inmediato. No se puede seguir esperando a que ocurran nuevos femicidios, no se puede seguir haciendo oídos sordos a los gritos de las mujeres en situación de violencia.
Es por ello que se debe poner a disposición ya mismo todas las viviendas vacías con las que se cuentan en el país (en CABA una de cada diez viviendas está vacía) así como también se debe poner de inmediato todos los hoteles del país a disposición de las mujeres y disidencias que sufren algún tipo de violencia (en el caso en el que el Gobierno haya tomado la decisión de alojar allí a probables contagiados de coronavirus como en CABA debe establecerse que quede libre alguno para albergar a mujeres y disidencias sin que los mismos puedan ser compartidos entre las personas en situación de violencia y los probables contagiados).
Del mismo modo debe garantizarse de forma eficaz la distribución de métodos anticonceptivos de forma masiva y gratuita así como también el acceso al aborto legal.

La realidad de las mujeres en una sociedad patriarcal no escapa a la pandemia, todas las situaciones de precarización de nuestra vida se potencian. La rebelión de mujeres no para ni se aísla durante la pandemia, tenemos que seguir en movimiento manifestándonos desde y como podamos.
La lucha sigue, también en tiempos de pandemia.