REPUDIO REPRESION EN JUJUY
REPUDIO REPRESION EN JUJUY .
Presentado el 27 de septiembre de 2002. (expte. – D – 6231 – 02)
LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
RESUELVE:
1º.- Repudiar las graves acciones represivas decididas por el gobernador de la provincia de Jujuy y el titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal de la capital de esa provincia a partir del 20 de septiembre del corriente contra manifestantes que ejercían derechos democráticos elementales en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
2º.- Se investigue en forma inmediata las denuncias de la desaparición forzada de SIETE PERSONAS y se proceda al esclarecimiento pleno de cada uno de esos casos.
3º.- Reclamar la inmediata libertad de todos los presos detenidos como parte de esas acciones represivas y en especial los menores de edad.
4º.- Repudiar los malos tratos y las graves trabas para la debida asistencia legal a los perseguidos por parte del Juzgado actuante.
5º.- Ordenar todas las medidas de investigación necesarias para determinar
las responsabilidades institucionales en las denuncias efectuadas de violaciones a los derechos humanos y a las normas del debido proceso legal.
6º.- Exigir la publicación de los nombres de todos y cada uno de los imputados por el Juzgado de Instrucción en lo Penal actuante de San Salvador de Jujuy así como de las acusaciones que sobre ellos se formulan.
7º.- Se permita que los organismos de derechos humanos y las comisiones de derechos humanos de los órganos legislativos tengan acceso a los
procedimientos policiales y a una información veraz y cierta de lo
ocurrido.
Luis F. Zamora
Diputado Nacional
Autodeterminación y Libertad
FUNDAMENTOS
Señor Presidente :
Al culminar la manifestación realizada en la ciudad de San Salvador de Jujuy el viernes 20 de septiembre último, se desarrollaron graves acciones represivas bajo la responsabilidad del gobernador de la provincia, Eduardo Fellner, y el titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal actuante, Mario Juárez Almaraz. Esa manifestación se realizó como parte de la Jornada Nacional organizada en el marco de la campaña democrática contra la convocatoria electoral fraudulenta prevista para marzo próximo y el reclamo de “que se vayan todos”.
Mientras en Buenos Aires se realizaba la marcha a la Plaza de
Mayo con la consigna “que se vayan todos” ,militantes de la Corriente Clasista Combativa,(CCC), de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), del Frente de Gremios Estatales, desocupados y partidos de izquierda se movilizaron en la capital de Jujuy. La marcha fue pacífica. Cuando terminaba se produjeron las acciones represivas. Más de cien personas fueron originalmente detenidas. Tras los incidentes, la policía allanó los barrios de los desocupados y se llevó a decenas de detenidos. A las cinco de la tarde hubo grupos de militantes y familiares que se reunieron en la puerta de la brigada para reclamar por la libertad de sus compañeros: la abogada Mariana Vargas denunció que también ellos terminaron presos.
José María Galli, profesor de la Universidad y asesor de los desocupados, se retiró temprano de la marcha para ir a la facultad, donde estaba cuando se produjeron los disturbios. Cuando se enteró de lo que había ocurrido, fue a la Jefatura de Policía para pedir información. Allí quedó arrestado, con cargos.
Luego de los incidentes y la represión policial del viernes en San Salvador de Jujuy, la Justicia detuvo a otros cinco trabajadores y dirigentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), el gremio del reconocido luchador municipal Carlos “Perro” Santillán. Sumados a los presos de las primeras acciones represivas se denunciaron que había en total 184 detenidos, entre ellos menores de edad, y 55 órdenes de captura pendientes.
Toda la dirigencia del SEOM y los principales referentes de la CCC local están bajo arresto o con orden de captura. Entre los nuevos detenidos figura el secretario general del SEOM, Juan Carlos Bejarano. También el yerno de Santillán y titular de la CCC-Jujuy, Lucas Arias, tiene pedido de arresto. La abogada Mariana Vargas relató a Página/12 que en los operativos la policía golpeó al padre de los jóvenes Hugo y Sergio Gérez para que dijera en qué lugar se escondían sus hijos, y se llevó detenida a la madre de ambos. Los allanamientos fueron ordenados por el juez Juárez Almaraz, bajo los cargos de “atentado contra el orden público, intimidación pública, instigación a cometer delito, daños agravados reiterados y robo en poblado, y en banda”.
Siete personas que participaron en la manifestación han sido dadas por desaparecidas. Las familias de Laura Borja, Inés Carpachi, Cesar Jerónimo, Estela Gómez, Pablo Gómez, Franco Hilario y Claudia Rodríguez aseguran que ninguno de ellos ha regresado a sus hogares respectivos desde el viernes pasado, mientras que las autoridades de Jujuy no han confirmado su detención. Testigos aseguran, sin embargo, haber presenciado la detención de estas personas por las autoridades policiales. Este hecho recuerda con toda crudeza el método siniestro de represión de la última dictadura militar.
“Pensamos que eso puede estar pasando porque hubo mucha reticencia para dar a conocer el listado de personas presas”, señaló el dirigente jujeño Víctor Aramayo. “La lista original era de 109 detenidos; como insistimos en que faltaba gente, nos dieron una segunda lista con 115 nombres, luego reconocieron 120; a medida que aumentó la presión, sumaron otros más y en la noche del sábado nos dieron un último listado con 179 personas.” Ese día no hubo procedimientos y el domingo se realizó la segunda tanda de capturas.”De los 184 presos, por lo menos 36 son menores. Otros veinte estaban vendiendo discos compactos en la zona, hay jóvenes que dicen que fueron llevados al penal cuando volvían de una fiesta de su escuela y dos camioneros”, detalló la abogada Vargas. (Página 12, artículo de Laura Vales).
El Gobernador de la provincia, Eduardo A. Fellner (del partido Justicialista) en una cínica y poco creíble conferencia de prensa, dijo que los manifestantes no habían realizado una manifestación reivindicando cuestiones sociales, como suelen hacer, y les culpó de haberse manifestado por cuestiones políticas (bajo la consigna de “que se vayan todos”).
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) denunció estos hechos como una “nueva vuelta de tuerca en la escalada autoritaria y represiva desatada sobre los trabajadores y organizaciones sociales en la provincia de Jujuy tras la movilización del pasado 20 de septiembre. El juez Mario Juárez Almaraz ha aplicado el artículo 213 bis del Código Penal, un engendro ilegal montado bajo el lopezreguismo en 1975, para tratar de ilegalizar a las organizaciones sociales y partidos opositores”. Este artículo – agregó la CTA- “involucra al conjunto de la organización a la cual pertenezcan los detenidos, ya que -dice el citado artículo- “el delito
se comete por el sólo hecho de ser miembro de la asociación” y no es excarcelable. Esto es, lisa y llanamente, la ilegalización de las organizaciones opositoras y democráticas bajo formas seudolegales, en la aplicación de una norma considerada por la doctrina penal universal y por los tratados internacionales suscriptos por la Argentina como una forma ilegítima e ilegal de penalización (ley penal en blanco)”. Como lo ha recordado en relación a los sucesos de Jujuy la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) “la libertad de expresión y de manifestación constituyen dos principios básicos de la democracia, y por lo tanto con su represión se criminalizan las protestas sociales, y esto ,particularmente, en un contexto de crisis marcado por el desempleo masivo y la extrema pobreza que vuelven imprescindibles dichas protestas”.
Por todo lo expuesto, y como parte de los que organizamos esa Jornada Nacional democrática para derrotar la fraudulenta convocatoria electoral, “donde se quedan todos” y se pretende que el pueblo sólo pueda “cambiar a uno”, reclamamos el cese inmediato de éstas persecuciones y el urgente esclarecimiento de las desapariciones denunciadas, la libertad de todos los detenidos y el archivo de las actuaciones judiciales. Simultáneamente consideramos imprescindible abrir una investigación independiente para determinar las responsabilidades por los ilícitos cometidos por las autoridades políticas y judiciales en perjuicio de la población en el marco de las acciones represivas denunciadas.
Luis F. Zamora
Diputado Nacional
Autodeterminación y Libertad
Presentado el 27 de septiembre de 2002. (expte. –D- 6231 – 02)