¿QUÉ ES EL ALCA?
El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es un proceso de expansión del Tratado de Libre Comercio ( T LC) para toda América, excluida Cuba.
Los idearios tienen el fin de crear un nuevo poder comercial, con una autoridad de amplios poderes que regiría cada aspecto de la vida de los ciudadanos de América. Continuando el mandato del Acuerdo General Sobre el Comercio de los Servicios (GATS), utiliza como medio para crear este nuevo
“superpoder” la liberalización del comercio mundial de servicios, incluso todos los programas públicos y gradualmente eliminar todas las barreras gubernamentales contra la competencia internacional en el
sector de los servicios.
Se otorgaría a las empresas trasnacionales del hemisferio occidental, el derecho de competir en el sector de servicios subvencionados por el Estado incluso sanidad, educación, seguridad social, cultura y protección ambiental.
Contiene nuevas disposiciones sobre la política de competencia, compras del sector público, acceso a mercados y solución de controversias que, si se implementan, podrían socavar el poder de los obiernos para crear y mantener leyes, normas y reglamentos destinados a proteger salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos y el medio ambiente que comparten.
Con una población de 800 millones de habitantes y un Producto Bruto (PB) de 11 billones el ALCA conformaría la zona de libre comercio más grande del mundo, con un comité tripartito integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Estados Americanos (OEA) y la Comisión
Económica Para América Latina (CEPAL). Estados Unidos necesita que el ALCA concluya satisfactoriamente para mantener la predominancia de su sector en la región.
El acuerdo debiera implementarse para el 2005, pero países como Chile y Estados Unidos presionan a los demás para adelantar la fecha de ratificación, para el 2003.
El MERCOSUR y el TLC incluyen medidas de liberalización de las inversiones extranjeras (conocidas por los latinoametricanos con la imposición de las dictaduras en adelante) prohibiendo los “requisitos de
desempeño”que obligan a las empresas extranjeras promover las inversiones locales. El ALCA prohíbe estas mismas medidas, y al ser un ente superior permite el acceso irresponsable de cualquier empresa a toda América. Esto sería la destrucción de las producciones locales por la imposibilidad de competencia con las multinacionales.
El MERCOSUR, el TLC y el ALCA se fundamentan en un modelo de liberalización del comercio e inversiones que adhieren a Programas de Ajuste Estructural (SAP) introducidos en Latinoamérica por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al implementar estos ajustes los
países latinoamericanos abandonaron la industria nacional para poder dar lugar a intereses empresariales trasnacionales, utilizaron las mejoras de las tierras agrícolas para producir cultivos destinados la exportación a fin de saldar la Deuda Externa, recortaron el Gasto Público en programas
sociales y abandonaron programas de atención médica, educación y seguridad social universales, liberalizaron sus sectores de electricidad, transporte, energía y recursos naturales y retiraron las barreras reglamentarias contra inversiones extranjeras.
En Argentina, hoy, una vez más vemos implementadas estas políticas de ajuste impuesta por el BM y FMI, que provoca cada vez más desocupación y precarización en los servicios básicos que el Estado debe garantizar sus ciudadanos: salud, educación, trabajo, etc.
El ALCA incluirá disposiciones sobre la base de las cuales las empresas podrán enjuiciar directamente a los gobiernos por las ganancias que se pierdan debido la promulgación de leyes diseñadas para proteger la salud y la seguridad, las condiciones laborales o las normas ambientales.
El acuerdo ataca sin descaro los derechos de los ciudadanos al otorgar derechos ilimitados a las empresas para que siempre obtengan ganancias.
Por cualquier ley que un gobierno promueva para proteger a las comunidades deberán pagarse indemnizaciones a las empresas que “podrían haber tenido ganancias” si no se tomaban esas medidas de protección. Por ejemplo, la Ley Nº 23.344 dice que: “el fumar es perjudicial para la salud”. Todas las empresas tabacaleras tienen la obligación de inscribir esta ley en las etiquetas de cigarrillos. Si se comprobara que esto perjudica la venta de cigarrillos, el Estado debería pagarle una indemnización a estas empresas por las pérdidas que le genera.
En el sector de los servicios se otorga a los gobiernos el derecho de regularlos, aunque únicamente compatibles con las discusiones establecidas en el contexto del tratado del ALCA. Otorgarle poder a los gobiernos, pero bajo la condición de responder a las reglas del ALCA es una ficción.
Si este acuerdo se efectivizara los gobiernos no serían más que meros administradores de este “ mega poder” y dejarían de garantizar (menos de lo que la han garantizado) la seguridad social en cualquier
servicio.
Todos los servicios públicos se abrirían a la competencia de empresas de servicio, extranjeras, con fines de lucro; y se prohibiría a cualquier gobierno nacional o provincial ofrecer financiamiento preferencial a
proveedores nacionales. Con esto se destruye la habilidad de los gobiernos de suministrar servicios financiados por el sector público.
El grupo de negocios sobre inversiones tiene como mandato establecer un “marco legal, justo y transparente para promover las inversiones mediante la reacción de un entorno estable y previsible para que proteja al inversionista, sus inversiones y flujos de las relaciones, sin crear obstáculos para inversiones provenientes del exterior del hemisferio”.
Para proteger al inversionista (y desproteger a los ciudadanos) hay tres puntos clave en el Capítulo 11:
· “ ningún país puede discriminar a favor de su sector nacional”.
· “ el acceso que se le otorga a un país miembro se le debe otorgar a cualquier país miembro del ALCA”.
· “ un inversionista o empresa puede reclamar indemnización financiera por ganancias y negocios que pierdan por la creación o implementación de reglamentos e incluso leyes”.
Si consideramos estos derechos otorgados a las empresas, vislumbramos fácilmente un posible futuro sin derechos de los ciudadanos. Pueblos subsidiando a través del Estado, con indemnizaciones, los monopolios empresariales.
Claramente en los borradores del ALCA se manifiesta el intento de proteger exclusivamente a los inversores.
En el sector público el ALCA proyecta abrir todos los contratos, bienes y servicios gubernamentales a licitaciones en las que podrán participar otras empresas de los países del ALCA .
Se pretende seleccionar una metodología y un cronograma para la eliminación de los aranceles y las barreras no arancelarias restantes y acordar el ritmo al que se reducirán. Las barreras no arancelarias son todas las reglas, políticas, aparte de los aranceles, que pueden tener impacto en las empresas.
Estas medidas atacan, una vez más las identidades locales, los derechos individuales y colectivos al atacar al Estado “garante” del bien público.
El área de Agricultura debe regirse de acuerdo a la OMC: disciplinando toda práctica agrícola que distorsione el comercio, garantizando que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se utilicen como “ una barrera oculta al comercio”. Se restringen las políticas agrícolas nacionales en lo sanitario, políticas de emergencia y suministro de alimentos. Por ejemplo si se verifica que los trangénicos provocan enfermedades (por ejemplo cáncer, de hecho probado), si se dictara una ley para limitar el comercio o la producción en esas condiciones el Estado debería pagar indemnización a las empresas por las ganancias que estas podrían haber tenido si se efectuara esta inversión. O sea, el Estado debe pagar por proteger a los ciudadanos.
Las disposiciones de la OMC sobre Agricultura tiene como fin retirar el poder de decisión de los gobiernos nacionales respecto a salud, alimentación y seguridad, otorgándoselo a entidades normalizadoras internacionales como Codex Alimentarius (un grupo élite de científicos con sede en Ginebra) controlado por las grandes empresas alimentarias.
Sobre la propiedad intelectual, promueve la prioridad de los derechos privados de las empresas por encima de las comunidades locales y su patrimonio genético y de medicina natural. Permite a las empresas farmacéuticas mantener la carestía de las medicinas. Últimamente esto fue utilizado para evitar que los países en desarrollo suministren medicinas genéticas más baratas a los pacientes de SIDA del Tercer Mundo.
En el área de la competencia se desarrollan mecanismos que facilitan y garantizan la libre competencia. Canadá propone que cada país adopte medidas para proscribir la conducta anticompetitiva.
El sector de comercio internacional manifiesta el mayor grado de crecimiento. Los sectores potencialmente más lucrativos son sanidad, educación y agua. Actualmente los gastos mundiales en servicios hídricos exceden 1 billón de dólares anuales, en educación exceden los 2 billones de
dólares y en sanidad 3,5 billones de dólares.
Columbia, la empresa hospitalaria con fines de lucro más grande del mundo, plantea que el área de sanidad es un negocio a la misma altura que el sector aerolíneas y se ha propuesto destruir todos los servicios hospitalarios públicos de Norteamérica debido a que “ no son buenos ciudadanos
empresariales”. Las entidades inversionistas como Merrill Lynch y The Lehman Brothers prevéen que la educación pública se privatizará en el hemisferio occidental en el plazo de una década, como ocurrió con la salud pública. Tendrán derecho de competir por fondos públicos con instituciones públicas como hospitales, escuelas y guarderías.
Con respecto al medio ambiente, el borrador actual del ALCA no contiene garantías. Toda reglamentación nueva implementada por el gobierno puede ser impugnada por las empresas que tengan los intereses en cuestión. Desde el punto de vista ecológico, esta política nos desprotege aún más. Pasa a ser más importante la garantía de la inversión segura y no de una vida segura y digna de la población.
En energía se continúa con este método, lo que produciría efectos devastadores en América, por el uso excesivo de combustibles fósiles.
Al igual que en energía, en agua, el artículo 315 de “repartición proporcional” del TLC, ningún país puede restringir o reducir la exportación de un recurso una vez establecida la comercialización. Las
exportaciones de agua estarían garantizadas al nivel adquirido durante los 36 meses precedentes, cuanto más agua se exporte más será el caudal que se deberá exportar, aunque se determinase que el movimiento masivo de agua daña el medio ambiente (que es obvio que esto sucede).
Conclusión
La instalación del ALCA es procesual. No es imperativo “firmar” el acuerdo para que se instale esta política que sólo favorece a los inversionistas. Por el contrario, sucede al revés. Primero se “prepara
el terreno”, privatizando, desregulando el comercio ( o regularlo a favor de las empresas), debilitando al Estado, para que cuando se firme el Acuerdo, el enemigo sea pequeño. Primero intentan destruir al enemigo, y luego instalan la competencia ( de ellos contra ellos mismos).
Como afirmó la coalición de sindicatos del Cono Sur, la afiliación al ALCA “equivaldría a un suicidio”.
Podemos ver que el discurso capitalista ataca descaradamente la humanidad de las mayorías, a las cuales no sólo desprotege con su política, sino también que las asesina.
La lucha es día a día. La de ellos de dominarnos, la nuestra de defendernos: reaccionando. Y junto a la reacción debemos ir construyendo nuestro sistema.
Que nos incluya a todos, a cada uno con sus diferencias.
Para construir tenemos que ocupar espacios.