Desde Autodeterminación y Libertad rechazamos y expresamos nuestro repudio frente al decreto presentado por el macrismo a través del cual crea el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en reemplazo de los anteriores entes autárquicos (AFSCA y AFTIC) y modificando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta medida va en el sentido de fortalecer los intereses empresarios y de crear nuevos obstáculos para garantizar a todas las personas y corrientes políticas, filosóficas y culturales la libre difusión de las ideas y opiniones tanto como el acceso de todos a la información.

Este nuevo paso antipopular del gobierno pone en evidencia los nulos resultados en materia de “democratización de la palabra” que tuvo la llamada Ley de Medios, que fuera precedida por la ruptura de las relaciones entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín –luego de lo que se denominó el “conflicto con el campo” en 2008- y que hizo de ese enfrentamiento -la única corporación que enfrentó- un “caballito de batalla” del gobierno. El debate público, profundo y enriquecedor que se generó alrededor de esa ley fue resultado de una larga lucha de décadas de sectores de trabajadores de la comunicación, populares y de la cultura que terminaron agrupados en lo que fue la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Pero esa ley a la par que promovía esos debates necesarios terminó conservando, sin embargo, el mismo esquema concentrado y oligopólico de medios, porque en definitiva mantenía lo más repudiable de la ley que venía de la dictadura: permitir que la información, la cultura, la comunicación y la palabra pueden ser materia de negocios comerciales y de lucro por parte de empresas privadas. Así, levantando la bandera de la “democratización de la palabra”, se ocultaba el mantenimiento de la misma matriz capitalista que unifica los intereses de los gobiernos con el conglomerado empresarial. Sumado a esto, y para sumar gravedad al asunto, el gobierno mismo se ha reservado durante todos estos años un rol hegemónico en la autoridad de aplicación, despreciando el reclamo más democrático de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que es el punto 19 de los ‘21 Puntos’, en el que apuntaba que la autoridad de aplicación tendría que estar integrada por organizaciones populares no licenciatarias y entidades de trabajadores de los medios.

De allí que no sean casuales los resultados obtenidos durante todos estos años en la materia: unas pocas licencias otorgadas al sector “sin fines de lucro” prácticamente sin apoyo económico, restricciones o impedimentos que obligaron a movilizarse y a seguir peleando por sus derechos a los medios alternativos y a las expresiones populares, contra un crecimiento exponencial de los negocios de un sector empresarial vinculado al gobierno, como Cristóbal López o Sergio Szpolski, incluyendo el otorgamiento de canales de TV de aire a grandes empresarios mexicanos o transnacionales como las telefónicas y otros grupos empresarios, o de la misma Iglesia Católica, gracias a la relación política pergeñada por Bergoglio con la ex presidenta a partir de llegar aquel al poder en el Vaticano y por la que la Iglesia recibió 20 licencias nacionales para canales de Televisión Digital Abierta. Si a esto se agrega que la ley ni siquiera llegó a cumplir el compromiso público del gobierno -reiteramos que fue su “caballito de batalla”-de limitar el poder del grupo “Clarín”, los resultados están a la vista.

Por todo esto, y más allá de las peleas coyunturales que puedan tener algunos sectores de poder económico y político, estamos convencidos que la única manera de avanzar en un verdadero sentido democratizador de la palabra y del acceso irrestricto y no distorsionado a la información es continuar y promover la lucha del pueblo para que los medios de comunicación masivos sean públicos (¡ni estatales ni privados!) y que pasen a estar controlados por el mismo pueblo. Hasta tanto esto no suceda, el pueblo tendrá que seguir gritando para que nuestra voz resuene por sobre las del poder político o económico.