Exigimos la urgente derogación del Decreto de “Emergencia de Seguridad Pública” e insistimos en la renuncia inmediata de Bullrich

En el día de hoy, el Diputado Fernando Vilardo (AyL – Autodeterminación y Libertad) presentó un proyecto de rechazo al Decreto que declara la “Emergencia de Seguridad Pública” y le exige al Poder Ejecutivo Nacional que derogue de inmediato dicho Decreto.
Vilardo expresó: “Este Decreto evade el verdadero problema del crecimiento del narcotráfico y el delito organizado en Argentina, al tiempo que profundiza el involucramiento de las fuerzas represivas en la vida del pueblo y, lo que es aun más grave, involucra nuevamente en la vida pública a las FF.AA., luego de la enorme lucha popular que las ha mantenido durante años al margen de tareas de seguridad interior”.
“Este decreto se enmarca en un contexto en donde el Gobierno intenta darle cada vez mayor legitimidad a su política represiva y a las fuerzas con las cuales pretende instrumentarla”, declaró Vilardo. “Una consecuencia de esta decisión la podemos observar en la aberrante represión del viernes 29 de enero en la villa 1-11-14 contra la murga del barrio, dejando un saldo de 16 niños/as y adultos heridos”.
Vilardo concluyó: “Insistimos en la renuncia inmediata de Bullrich al Ministerio de Seguridad por la represión del viernes pasado y le exigimos al Presidente Macri que derogue de inmediato este Decreto, ya que evade el verdadero problema existente en Argentina, que es la relación directa del delito organizado con la dirigencia política, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Este régimen político-institucional, incluida la dirigencia política que ha gobernado todos estos años, es el responsable de este gravísimo crecimiento del delito organizado y es, por lo tanto, incapaz de resolverlo. La movilización democrática del pueblo trabajador es el único camino para enfrentar este gravísimo problema, peleando por conformar una Comisión Investigadora Independiente de los tres poderes del Estado que indague sobre la gravedad del avance del delito organizado y el grado de vinculación que el mismo tiene con las instituciones estatales”.