PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelve:

Artículo 1°.- Rechazar la adhesión al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 228/16 que declara la “emergencia de seguridad pública” en la totalidad del territorio nacional según lo solicita el mismo en su artículo segundo.

Artículo 2°.- Exigir al Poder Ejecutivo Nacional, por las mismas razones que fundamentan este rechazo, la derogación inmediata del decreto mencionado.

Art. 3°.- Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El Decreto PEN 228 sancionado el 21 de enero de 2016 que establece la llamada “Emergencia en seguridad pública” evade el verdadero problema del crecimiento del narcotráfico y el delito organizado en Argentina, al tiempo que profundiza el involucramiento de las fuerzas represivas en la vida del pueblo, y lo que es aun más grave, involucra nuevamente en la vida pública a las FF.AA., luego de la enorme lucha popular que las ha mantenido al margen durante años de tareas de seguridad interior o más claramente de represión interna, después de los crímenes atroces cometidos contra el pueblo durante la última dictadura..
Es un decreto que se enmarca en un contexto en donde el gobierno nacional desde su asunción intenta darle cada vez mayor legitimidad a su política represiva y a las fuerzas con que pretende instrumentarla. Una consecuencia de esta decisión la podemos observar en la aberrante represión de la Gendarmería y la Policía Federal ocurrida el viernes 29 de enero en la villa 1-11-14 en el Bajo Flores contra la murga del barrio que se encontraba ensayando dejando un saldo de 16 niños/as y adultos heridos. Horas después de haberse conocido los hechos y la cantidad de heridos de dicha represión la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se mostró dando apoyo a Gendarmes hospitalizados e ignorando a los niños y adultos heridos por los disparos efectuados a mansalva por la Institución a la que fue a respaldar.
Es así que con este decreto se profundiza el control social al tiempo que se amplían los límites de acción de fuerzas de seguridad como también la cantidad de efectivos. Se suma a esto la convocatoria al personal en situación de retiro de las fuerzas de la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se faculta a las fuerzas de seguridad a revisar equipajes y bultos en transportes comerciales. Esto reafirma, junto con otras medidas, que el gobierno nacional está intensificando las medidas de control social que junto a acciones de represión nos hacen sospechosos a todo el pueblo trabajador y, particularmente, a los sectores más pobres de nuestro país.
El ahora llamado “Operativo Fronteras”, que es el mismo que ya venía implementando el gobierno kirchnerista como “Escudo Norte”, que intensificó la cantidad de efectivos de Gendarmería y Prefectura que se encuentran en la zona y los límites de su actuación al sumar más provincias, a su vez, habilita la posibilidad de comprar armamento y transporte para esos fines, los que seguramente serán adquiridos a potencias militares como EEUU, Israel, etc. En el marco de esta política también denunciamos la gravedad de que este mismo decreto permita el derribo de aviones, una medida criminal, totalmente reaccionaria, donde se aplica la pena de muerte nada menos que con la simple sospecha, por la sola decisión de algún funcionario militar o civil y sin posibilidad alguna de defensa de aquéllos a quienes se decide matar.
Mientras se incrementan las acciones represivas de las fuerzas policiales y de seguridad, el mencionado decreto, no toma las medidas necesarias para desmantelar los delitos que sufren miles de mujeres cada año, como lo son las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Estas medidas no son tomadas en este decreto ni implementadas por el gobierno porque para que se cometan estos delitos es necesaria, por acción u omisión, la complicidad de toda la dirigencia política, todos los partidos que tradicionalmente han gobernado nuestro país, junto con integrantes del Poder Judicial, las propias fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. Lo mismo para el caso del verdadero desmantelamiento de las redes que aseguran el negocio del narcotráfico. Es cada vez más visible -reconocido por las mismas autoridades políticas y expuestas por los medios masivos de comunicación- las relaciones de las mafias de las drogas y el delito organizado con el poder político y judicial y, el vínculo más aceptada aún, con las fuerzas represivas que aquéllas autoridades comandan, lo que muestra el nivel de degradación de las instituciones del Estado.
Rechazamos el mencionado decreto porque claramente con el mismo se evade el núcleo del verdadero problema existente en Argentina, que es la relación directa de estas mafias con el poder político, judicial y las fuerzas de seguridad pero, además, profundiza el control social al tiempo que legitima a las fuerzas de seguridad y las políticas represivas al pueblo. El serio problema del narcotráfico y del delito organizado, en paulatino ascenso con graves consecuencias para el pueblo, no puede quedar en el marco de problemas de seguridad nacional cuando existe, además, un entramado de delitos relacionados que necesitan la indispensable protección y/o complicidad, por acción u omisión, ya de décadas, de miembros de los tres poderes del Estado para cometerse, siendo ese el verdadero problema y la matriz a atacar.
Hemos venido diciendo desde hace años en Autodeterminación y Libertad que este régimen político-institucional y la dirigencia que ha gobernado nuestro país todos estos años teniendo como criterio principal beneficiar los intereses de esa minoría que constituye el poder económico empresario, ha causado causando importantes retrocesos en las condiciones de vida del pueblo trabajador. Son los principales responsables de ese empeoramiento.
De igual forma son responsables también de este gravísimo crecimiento del delito organizado cuya víctimas fundamental es también el pueblo. No pueden ser, por lo tanto, estas instituciones estatales y represivas, como responsables del problema, las que pueden resolverlo. Ni tienen autoridad para hacerlo ni posibilidades ni decisión de concretarlo. Y más aún con medidas represivas como las de este decreto 228/16 del gobierno nacional que, como hemos fundamentado, afecta directa y masivamente las libertades democráticas. Por todo lo expuesto es que propiciamos no adherir al mismo y, por el contrario, reclamar su derogación inmediata ya que ni aquí en la Ciudad de Buenos Aires pero tampoco en el país debemos permitir su aplicación.
Ello es tan importante como pelear, en reemplazo de esta política anti popular, por conformar una Comisión Investigadora Independiente de los tres poderes del Estado que indague sobre la gravedad y características del avance del delito organizado y el grado de vinculación que el mismo tiene en o con las instituciones estatales y permita detectar, confirmar y difundir la profundidad del problema y la responsabilidad política que se oculta con decretos y políticas como las que aquí denunciamos y rechazamos. Y permitirá al pueblo atacar con seriedad y con políticas orientadas a combatir la matriz de este drama delictivo del narcotráfico, la trata y el delito organizado en general que está produciendo numerosas víctimas especialmente entre los jóvenes, las mujeres y el pueblo todo.
Sabemos que no es este el ámbito principal donde esta lucha debe llevarse adelante pero no deja por ello de ser obligatorio para Autodeterminación y Libertad dejar sentada esta posición y bregar también aquí por ella, especialmente al servicio de estimular la acción y la movilización democrática del pueblo trabajador, la única que de desarrollarse, puede sí lograr dar pasos fundamentales para enfrentar este gravísimo problema.
Movilización que, al mismo tiempo, debe servir para derrotar en forma inmediata políticas, que como las de este decreto PEN 228/16, terminan legitimando medidas represivas que afectan al pueblo todo y que deben ser repudiadas. Al servicio de ese objetivo presentamos este proyecto.