Rechazamos el fallo del TSJ que habilita exigir DNI y realizar detenciones en la vía pública
PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su rechazo al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) en la causa “Vera”, que habilita a la policía a exigir DNI y realizar detenciones en la vía pública al azar sin más motivo que la averiguación de la identidad.
De igual modo manifiesta su rechazo y disconformidad a todo intento de volver a otorgarle amplios márgenes de acción a las fuerzas de seguridad para que puedan realizar detenciones sin orden judicial, dotando de facultades discrecionales “implícitas” a los agentes policiales para que detengan a personas en la vía pública sin que hayan cometido delito alguno, avalando de esa forma las prácticas discriminatorias y arbitrarias en que sistemáticamente incurren las fuerzas de seguridad.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En momentos donde el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la Nación Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, H. Rodríguez Larreta, han anunciado el traspaso de la estructura metropolitana de la Policía Federal bajo la órbita de Ciudad de Buenos Aires, y en donde esta Legislatura aceptó reunirse en sesiones extraordinarias para decidir sobre este tema exclusivamente, dejando en claro así las prioridades de la dirigencia política, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad han dado a conocer esta resolución que viene a devolverle a las fuerzas represivas, en este caso a la Policía Federal, la facultad para que actúen en la vía pública sin más que su propio criterio individual, deteniendo personas en caso de que la consideren en “actitud sospechosa” en los operativos de prevención.
Además del rechazo que por sí mismo provoca el hecho que desde el poder judicial se avalen e incentiven las prácticas discriminatorias tradicionales hacia los trabajadores, el pueblo, y en especial hacia la juventud de las barriadas humildes y sectores excluidos, este fallo vuelve a darle el derecho para que realice acciones propias de la dictadura, que ya han ocasionado enorme dolor para la población, en particular para los sectores populares, y que el pueblo en su conjunto logró frenar con su lucha.
En ese sentido, este fallo marca un retroceso y le otorga a la institución policial la potestad de coartar libertades sin más límite que los prejuicios discriminatorios que caracterizan a las fuerzas represivas del Estado. Vuelve a legitimar las prácticas que regían en la Capital Federal en los años 90 que contenía entre sus normas los edictos policiales y que habilitaba las razzias, donde la Policía Federal se auto-autorizaba a detener masivamente a las personas en la vía pública bajo su propio criterio. Prácticas como las que produjeron hechos trágicos entre los cuales el caso de Luciano Arruga es, tal vez, uno de los más paradigmáticos, cuando justamente se han cumplido 7 años de su desaparición. Esos edictos policiales sólo se derogaron luego de la lucha de años de la población, de organizaciones políticas y de Derecho Humanos junto a la familia de Walter Bulacio, joven que fue torturado y asesinado por la propia Policía Federal en 1991 luego de detenerlo en una de esas razzias: la misma Policía Federal a la que ahora los jueces le devuelven esa facultad.
Además esta Policía Federal, que ahora Gobierno Nacional y Gobierno de la CABA han pasado a la órbita de la ciudad, es la responsable de numerosos asesinatos por “gatillo fácil” en su gran mayoría contra jóvenes de los sectores populares que sufren a diario el hostigamiento de su parte. Dotando nuevamente de estas atribuciones a las instituciones policiales –con el argumento de combatir los ilícitos y la inseguridad- , la justicia y la dirigencia política abonan el camino para que no dejen de repetirse prácticas como la que fueron registradas en esta ciudad en el barrio de Flores contra un grupo de jóvenes el pasado 26 de enero de 2016 , o el ataque sufrido por el joven Lucas Cabello el pasado 9 de noviembre de 2015 cuando fuera baleado por un efectivo de la Policía Metropolitana .
Rechazamos que, otra vez en momentos de crisis económica y ajustes, desde las instituciones de la dirigencia política y la justicia se busque alistar el terreno para poder implementar medidas en contra de las justas luchas de los jóvenes y los trabajadores. En este caso la decisión judicial se suma a la autorización, de parte de los mismos jueces, para la utilización de las pistolas taser, que no son otra cosa que picanas para el uso de los agentes metropolitanos. Como ejemplo, recordemos las fotografías que se hicieron públicas sobre el acto de graduación de los nuevos agentes de “la metropolitana” en el año 2015 donde en el acto de cierre y como “símbolo” de su función, se simulaba la represión a grupos que simulaban ser, justamente, trabajadores en protesta reclamando / defendiendo sus derechos.
Desde Autodeterminación y Libertad nos comprometemos a apoyar, alentar y ser parte de toda lucha que desde los sectores juveniles agredidos y la población trabajadora amenazada, se desarrolle para revertir este verdadero avance reaccionario contra las libertades democráticas –con la excusa de la lucha contra “la inseguridad”- hasta hacer que la justicia rectifique semejante resolución.
Por todo lo antes expresado solicitamos la aprobación de la presente declaración.
El “famoso” y trístemente célebre “olfato policial” … Todo lo que lleve uniforme es sinónimo de mal agüero …
Saludos a los compañeros y compañeras .