LA ORDEN DE DETENCIÓN DE HEBE DE BONAFINI Y LA FALTA DE AUTORIDAD MORAL Y POLÍTICA DE LA LLAMADA “JUSTICIA INDEPENDIENTE”

*Por Luis Zamora (integrante de Autodeterminación y Libertad)

Días atrás un juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, citó a la Madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini a prestar declaración indagatoria en la causa denominada “Sueños Compartidos” donde se denuncian desvíos de fondos públicos que el gobierno anterior debía haber destinado a construir viviendas populares y a depositar aportes previsionales de los obreros de la construcción que trabajaron en esas obras. Hebe se negó a concurrir expresando su rechazo a una Justicia que ha dejado impune miles de delitos y crímenes cometidos desde el Estado, ante un juez al que, además, ya se había presentado con anterioridad y en una causa que ya tenía agregada toda la documentación que ella podía aportar, según explicó públicamente y por escrito en el expediente.

Insólitamente el juez de la fundadamente desprestigiada “Justicia” de Comodoro Py ordenó la detención de Bonafini para ser llevada por la fuerza pública. Dispuso un operativo policial en la casa de las Madres y nada menos que en momentos en que estas salían a cumplir -como todos los jueves desde hace cuarenta años- la vuelta de la Plaza que los pueblos del mundo entero admiran como histórico símbolo de la dignidad y el coraje frente a las dictaduras. Las Madres, con Hebe a la cabeza, se rebelaron, desconocieron esa orden y marcharon a la Plaza.
Inmediatamente expresamos nuestro repudio al procedimiento judicial denunciando la falta de autoridad moral del llamado Poder Judicial para esa detención cuando Bonafini rechaza, con toda razón, la legitimidad que se invoca para arrestarla.

Es la Justicia del Poder, no del pueblo. La que no ha citado a indagatoria, y mucho menos detenido y condenado, a ninguno de los poderosos empresarios que mientras la dictadura llevaba adelante un genocidio en el país hicieron negocios y grandes ganancias con ella y hasta le facilitaron medios para llevar adelante sus crímenes contra el pueblo. La que no investigó la responsabilidad política en los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki ni lo ocurrido con Julio López. La misma Justicia que, en una clarísima demostración de servilismo al poder de turno, luego de investigar y procesar en su momento al actual presidente Macri, mediante un fallo de un Juez, confirmado por Cámara, lo mantuvo en ese carácter de procesado durante varios años y repentinamente lo sobreseen -juez y Cámara- apenas asumió la investidura presidencial. La que al empresario Blaquier, denunciado por complicidad en el genocidio, lo desprocesó con todas las pruebas en su contra; a De la Rúa, denunciado por corrupción y por crímenes, lo dejó libre; al ex presidente Menem, condenado por contrabandista, le permite seguir como Senador a pesar de ese fallo y de que pasaron 20 años de haber cometido el delito por el que lo condenaron; la que mantuvo paradas las denuncias de corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner y muchos de sus funcionarios mientras era presidenta y tenía influencia en la Justicia, y ahora que no está en el poder y le sirve políticamente al gobierno actual y a otra parte del PJ investigarla, repentinamente se empezaron a mover frenéticamente. Una Justicia donde el presidente de la Corte Suprema se reúne en secreto con el Presidente de la Nación, la reunión se descubre pero ninguno de los dos la admite. ¿Negociaron en secreto el fallo del tarifazo? ¿Hablaron de las causas abiertas que tiene Macri por los papeles de Panamá, o de las denuncias por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas? ¿O de las causas por la venta de dólares futuro en las que están denunciados sus funcionarios, los funcionarios del gobierno anterior y hasta el juez que interviene?

¿Esta es la justicia “imparcial”, “independiente”? ¿La que garantiza que todos y todas somos iguales ante la ley? ¿Lo somos? ¿Esta es la Justicia que pretende tener autoridad moral para detener a Bonafini?
Sostenemos, que la decisión de presentarse o no ante dicha citación, era una facultad personalísima de Hebe. Defendemos el derecho de cada uno de elegir la forma de denunciar a esta Justicia desprovista de autoridad moral. Y si Hebe, y las Madres que la apoyaron, rechazaron ese llamado repudiamos que la respuesta judicial sea detenerla. Eso más allá de las diferencias importantes que hemos tenido en estos años con posiciones y definiciones políticas de Hebe. Es que es una impostura considerar que existe una Justicia independiente e igual para tod@s, cuando lo que hay es una justicia de clase y del poder político y económico que discrimina y trata distinto si se es parte del pueblo o si se es parte del poder.

Es desde este análisis y esta posición que venimos alentando desde siempre la lucha por jueces elegidos por el pueblo, no “transados” por la casta-(dirigencia) política (uno para vos, otro para mí), que tengan mandatos cortos en vez de quedarse toda la vida como los reyes, que sean revocables popularmente, no sacados por la casta que los pone y los presiona con “echarlos a la calle” si no siguen la orientación del gobierno del momento o los intereses del poder económico y los mantienen cuando siguen sus lineamientos, que ganen igual que un docente o un médico residente.

Finalmente el juez revocó la orden de detención que había librado y acordó acercarse a la casa de las Madres a cumplir el trámite formal de levantar un acta donde Bonafini se negaba a declarar como es su derecho.
No dejamos de tener en cuenta que la denuncia de los hechos que se le imputan a funcionarios del gobierno anterior y a los hermanos Shocklender son por desvíos de fondos en la construcción de viviendas populares y de aportes de trabajadores que esta Justicia investigará o no según las conveniencias del poder en cada momento y/o la presión de las luchas. Pero estamos convencidos de la necesidad e importancia que tendría que Hebe informara no ante quienes carecen de autoridad moral sino en forma pública a los trabajadores, a los jóvenes y al pueblo y, entre ellos, a los Organismos de Derechos Humanos, todo lo que sabe y puede aportar sobre las denuncias de desvíos de fondos de propiedad del pueblo, en principio responsabilidad de los hermanos Schoklender y de funcionarios del gobierno anterior, en complicidad con entidades financieras clandestinas (”cuevas”). Insistimos que la denuncia imputa al gobierno anterior de desvíos de fondos que, en parte, eran para construir viviendas populares y, en parte, para depositar en concepto de aportes previsionales de los trabajadores.

Y reafirmamos nuestra denuncia del Poder Judicial, y llamamos a que el pueblo también lo haga, de la forma más eficiente que encontremos y sintamos porque es el camino de cambiarla. Lo opuesto a embellecerla diciendo que “hay que respetar a la Justicia”y que “todos somos iguales ante la ley”. Peleemos por cambiarla y las actitudes de rebeldía ayudan a desnudarla. Es la Justicia del poder, no del pueblo.