ELEFANTE BLANCO: AYL RECHAZA EL DESALOJO DE 163 FAMILIAS POR EL TRASLADO DE UN MINISTERIO DE LA CIUDAD
*Por Fernando Vilardo (Legislador Autodeterminación y Libertad)
En la sesión del 9 de noviembre la Legislatura porteña aprobó la ley para la demolición del edificio conocido como “Elefante Blanco” y trasladar allí el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según informaron desde el oficialismo, para llevar adelante este proyecto, se gastarán aproximadamente $500 millones de pesos, pero no para solucionar el terrible déficit habitacional que padecen cientos de familias, sino para la construcción de un ministerio gubernamental.
Para poder aprobar esta medida, el bloque del PRO tuvo que pasar por el trámite de segunda lectura, que obliga a realizar una audiencia pública previa a su aprobación. En esa audiencia que se realizó en octubre, lo vecinos del barrio se manifestaron en contra del desalojo, consideran que esta medida además no constituye ninguna solución para su situación habitacional, que el Gobierno no precisó cuál sería además de otorgarles algún subsidio, y contaron cómo es vivir día a día en un lugar altamente contaminado, plagado de roedores, en donde los niños y niñas sufren graves problemas respiratorios.
Pese a la oposición de los vecinos, el oficialismo, que contó una vez más con el apoyo de una parte importante de la oposición (Partido Socialista Autentico, y Corriente Nacional de la Militancia, además de la antes oposición convertida en oficialista Graciela Ocaña).
El legislador del bloque de Autodeterminación y Libertad, Fernando Vilardo, votó en contra de esta medida y rechazó una nueva decisión del Gobierno y sus aliados, que continúa en la línea oficial de aprobar negocios inmobiliarios al mismo tiempo que no resuelve los gravísimos problemas de fondo que padecen los habitantes de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en particular la zona sur, además de que esas decisiones son tomadas a espaldas de la población. Una característica que resulta común del Gobierno de Rodríguez Larreta, que se viste de democrático y participativo cuando se trata de cambio de nombres de un túnel o de la admisión de mascotas en los bares y subtes, pero no admite la voz de los población cuando se trata de cuestiones relacionadas a sus condiciones de vida.