PROYECTO PARA RESCINDIR CONTRATOS DEL GCBA CON EMPRESAS COIMERAS
* Por Fernando Vilardo, Legislador de CABA por Autodeterminación y Libertad
Hoy junto con mi compañera Marta Martínez presentamos un proyecto para que se rescindan todos los contratos del GCBA con empresas sospechadas de haber pagado coimas y para la creación de una Comisión Investigadora independiente que audite la obra y los servicios públicos
A propósito, hoy declaró el empresario Mindlin en la causa de los cuadernos en los que aparece mencionado. Se fue caminando a su casa. Mindlin es el supuesto comprador de IECSA, la empresa de los Macri/Calcaterra que está a cargo de la construcción del Paseo del Bajo.
Además, la empresa ISOLUX, cuyos funcionarios admitieron pagar coimas, había sido adjudicada con otro tramo de esa misma obra. El Grupo Roggio (Metrovías) es el actual concesionario del Subte y se presenta a continuar con el servicio.
Para ir a fondo con este robo y sin juzgamientos parciales. La investigación y la condena por sí solas no alcanzan; cualquier empresa que le haya robado a la población debería ser expropiada, declarada pública y administrada por sus trabajadorxs.
A continuación, el texto completo del proyecto.
PROYECTO DE LEY
RESCISION DE CONTRATOS CON EMPRESAS INVOLUCRADAS EN HECHOS DE CORRUPCION. COMISION INVESTIGADORA INDEPENDIENTE
Art. 1° – Quedan rescindidos con causa todos los contratos celebrados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o sus entes descentralizados con las empresas y/o sociedades cuyos representantes o directivo/as hayan reconocido su autoría o participación delictiva a través del régimen de la Ley Nacional N° 27.304 (“Ley del Arrepentido”) o que hayan celebrado un “Acuerdo de Colaboración Eficaz” en el marco del Art. 16 de la Ley Nacional N° 27.401, y/o se haya acreditado su responsabilidad en hechos de corrupción relacionados con los contratos y concesiones, sin que se genere derecho a indemnización alguna hacia sus titulares.
Art. 2° – Se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación, en los términos del inciso 9º del artículo 80° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los derechos, las acciones y los bienes de todas las empresas que contraten, operen o presten servicios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren comprendidas en los supuestos del artículo anterior, las que pasaran a ser de PROPIEDAD PÚBLICA BAJO EL CONTROL Y GESTIÓN DIRECTO DE SUS TRABAJADORES/AS Y USUARIOS/AS EN CADA CASO.
Art. 3° – Se incorporan al patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones y los bienes resultantes de las expropiaciones previstas por el artículo 2° de la presente ley, garantizándose las fuentes de trabajo de todos/as los/as trabajadores/as y empleados/as bajo las mismas condiciones en que se desarrollaban.
Art. 4° – Comisión Investigadora Independiente. Se crea una Comisión Investigadora Independiente de los tres poderes del Estado (en adelante, “la Comisión”), la cual tendrá como materia de investigación el régimen de contrataciones y licitaciones de la obra pública y concesionarios de servicios públicos con el objetivo de determinar eventuales hechos delictivos que se pudieran haber cometido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – Objeto. La Comisión tiene por objeto realizar una investigación profunda, exhaustiva y sin limitaciones de ninguna índole que logre el esclarecimiento total del entramado de negocios, relaciones con la obra y servicios públicos en la Ciudad determinando las responsabilidades políticas, por acción u omisión, de las autoridades y funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las relaciones político-empresariales que se vinculen con eventuales hechos irregulares, las causas y fallas de gestión y control en el otorgamiento de esas adjudicaciones.
Art. 6º – Atribuciones. La Comisión cuenta con las más amplias atribuciones para poder desempeñar su tarea, en especial en lo referido al requerimiento de información, documentación, peritajes y allanamientos a cualquier organismo del Estado de la Ciudad, y a las empresas investigadas así como también a la posibilidad de citar a prestar declaraciones tanto a particulares como a autoridades, funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado Nacional.
La Comisión contará con un plazo de 180 días para elaborar un “Informe final”. Dicho plazo será prorrogable por la propia Comisión en caso de que ésta lo estime conveniente de acuerdo con el avance de las investigaciones.
Art. 7º – Integración.- La Comisión estará compuesta por 10 personalidades reconocidas por el conjunto de la sociedad cuya trayectoria sea intachable, a los que se sumarán delegados rotativos en representación de las/os trabajadoras/os y usuarios/as de las empresas involucradas. Los miembros de la Comisión definirán sus mecanismos de funcionamiento, y los espacios y recursos que necesite la misma para llevar adelante su cometido.
Art. 8º – Gastos e Infraestructura.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinará los fondos, el espacio físico y la infraestructura necesaria para que la Comisión pueda llevar adelante su cometido sin escollos de índole operativa. La partida no podrá ser menor a los gastos que demanda el funcionamiento de cualquiera de las Comisiones Asesoras que funcionan en la Legislatura durante el período de tarea.
Art. 9º – Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Mientras el Gobierno Nacional junto con el Fondo Monetario Internacional llevan adelante un brutal ajuste para financiar el saqueo del producto del trabajo de millones de argentinos, sale a la luz lo que siempre se supo: la corrupción de empresarios y la dirigencia política y sus jueces. Aportes de campaña y coimas para obtener licitaciones, transcriptas en unos cuadernos de dudoso origen, aunque sin duda con historias verosímiles, son apenas la punta de un iceberg que lejos está de circunscribirse al gobierno anterior. La infección de la corrupción abarca a todos los gobiernos, incluido este cuyo presidente ha sido parte de una de las familias que más se ha enriquecido a costa del Estado.
La corrupción es apenas uno de los tantos mecanismos que tienen los empresarios para asegurarse sus ganancias. Mientras en campañas electorales la dirigencia política tradicional le miente a la población que las prioridades son la Educación, la Salud, el Trabajo y la Vivienda, es bueno recordar que esas campañas están sostenidas por fondos empresarios en negro que luego exigen una contraprestación. Finalizada la campaña, las prioridades se revierten automáticamente.
Pero bien vale hacerse una pregunta: ¿quién va a investigar todo esto? ¿Un juez como Bonadío que fue parte de la “servilleta” de Corach? ¿Un fiscal como Stornelli de estrechos vínculos con Macri y con la barra brava de Boca? ¿Un Poder Judicial encabezado por una Corte cuyos integrantes disputan quien manda en ella mediante denuncias públicas recíprocas con graves imputaciones?
Según trascendió hasta el momento , al menos cuatro de las empresas involucradas en la investigación por el pago de sobreprecios en obras públicas nacionales mantienen contratos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas las empresas constructoras Marcalba S.A., Construcciones Ingevial S.A., Conorvial S.A. y el holding de empresas Roggio han realizado obras para el Gobierno porteño. Marcalba incluso tiene un contrato vigente para la “ejecución, rehabilitación y mantenimiento de aceras” de la Ciudad.
El Grupo Roggio, que tiene a su cargo la prestación del servicio del subterráneo de Buenos Aires, al mismo tiempo que ha embolsado enormes fortunas a base de los negocios con el servicio y de aplicar tarifazos que deben pagar los usuarios que a diario viajan en los subtes y trenes como ganado. Como si fuera poco el Grupo Roggio es uno de los oferentes presentados para continuar con la prestación del servicio e inexplicablemente aun permanece como tal sin que ningún funcionario del Gobierno lo haya cuestionado.
A nivel nacional, otro de los empresarios involucrados en estos hechos de corrupción, Paolo Rocca, CEO de la empresa TECHINT en más de una oportunidad desde que salieron a la luz estas investigaciones, se ha mostrado públicamente junto al Presidente de la Nación, lo que demuestra la vinculación estrecha entre estos empresarios y el poder político, independientemente del Gobierno de turno. Al mismo tiempo que se conocen los detalles de ese entramado, desde las palabras de diversos funcionarios del Gobierno, entre ellos el propio Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, han manifestado la intención de salvaguardar los intereses (léase contratos y concesiones) de las empresas y sus negocios con el Estado intentando separarlas de la actuación de sus máximos directivos, lo que desde ya resulta completamente contradictorio e insólito. Es decir, cambiar algo para que nada cambie.
La única manera de avanzar en serio y a fondo en una investigación es si esta queda en manos de una comisión integrada por personalidades intachables, independientes de los tres poderes del Estado: una “CONADEP de la corrupción” pero con control de la población. A su vez, la investigación y la condena por sí solas no alcanzan; cualquier empresa que le haya robado a la población debería ser expropiada, declarada pública y administrada por sus trabajadorxs. Con ese objetivo es que presentamos este proyecto.