* Por Sebastián Blanchard (integrante de AyL)

Para empezar a abordar este tema con la seriedad que requiere y de la cual carece gran parte del debate que vemos en los medios estos días, habría que empezar por lo que realmente sucede, y luego por lo que se esconde detrás para empezar a tomar distancia de discursos demagogos que esconden políticas reaccionarias o fascistoides, o bien de aquellos que intentan deslindar responsabilidades políticas. Por un lado, una parte de la oposición que intenta manipular el tema para sus propios intereses, tratando de sacar provecho del sentimiento legítimo contra la impunidad de la población que repudia cuestiona al régimen político y en especial al Poder Judicial, y por el otro un Gobierno que, consciente de las contradicciones a su interior, intenta evadirse poniendo el asunto en manos de la Justicia.

Carceles bonaerenses. Hacinamiento y superpoblación

En línea con las recomendaciones siempre tardías y formales de organismos internacionales y con medidas que ya tomaron otros países, la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal (máximo órgano del sistema penal) recomendaba a los jueces que adopten “medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder” sólo para casos de “prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos (…) o que no representen un riesgo procesal significativo”. También para cuando hayan vencido los plazos de prisión preventiva establecidos por la ley. Y para las “personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la condena”; para aquellos sentenciados a penas de hasta 3 años de prisión y para quienes estén “en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional”. A esos supuestos se suman otros como el de las mujeres embarazadas y/o encarceladas junto con sus hijas/os, o personas con discapacidades o con condiciones de patologías coronarias, diabetes, pulmonares, HIV.

Acordada de la Cámara Federal de Casación Penal que recomienda atender a la situación carcelaria ante la pandemia.

Es decir, un parche provisorio restringido a la duración de la pandemia, que en sintonía con mucha de las medidas que se vienen tomando, no está pensada en cuidar la salud de los presos sino en cómo evitar el colapso del ya precario sistema público de salud al que deberían ir los detenidos, conscientes de que, ante el hacinamiento carcelario, un brote en estas circunstancias sería imposible de controlar.

Luego vino la resolución del Juez Violini de hacer lugar al habeas corpus colectivo en beneficio de 2300 detenidos. No hay una liberación masiva de presos ni conmutaciones de pena u otorgamiento de indultos o algo que se le parezca. Del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se les concedió la prisión domiciliara a 320 personas por ser población de riesgo y casi 800 del sistema penitenciario bonaerense (SPB). Pero por sus ideas reaccionarias, irresponsabilidad, demagogia o vínculos oscuros, varios jueces se fundaron en esos antecedentes para dejar en libertad a algunos violadores y genocidas. Son pocos casos, pero no por eso dejan de ser repudiables y por sus víctimas y por todo el pueblo hay que lograr que se reviertan en forma inmediata.

Del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se les concedió la prisión domiciliara a 320 ersonas por ser población de riesgo y casi 800 del sistema penitenciario bonaerense (SPB).

Como la mayoría de las cuestiones de la actualidad, el brote del coronavirus, agudizó la gravedad de la situación social y económica que vive la mayoría de la población. Eso puede verse tanto en el estado del sistema de salud pública, de la vivienda popular, las condiciones de trabajo de millones de trabajadorxs y por supuesto, en la paupérrima situación a la que son sometidos aquellas personas alojadas en las cárceles. Consecuencias de un sistema capitalista que prioriza las ganancias empresarias por sobre las necesidades populares, empobreciendo aceleradamente a la población y marginando a una porción importante que se vuelca al delito como forma de vida o por necesidad, para luego perseguirlas y encerrarlas en lugares que violan todos y cada uno de los derechos más mínimos de la dignidad humana. Eso es lo que ha sucedido históricamente al margen del signo político que haya gobernado. Nadie puede afirmar sin sonrojarse que “las cárceles son sanas y limpias, para el cuidado y no para el castigo” de los detenidos como prescribe la Constitución que los que gobiernan dicen respetar.

Imágen del momento en que los miembros del Servicio Penitenciario asesinaron a Federico Rey en Florencio Varela

Una situación trágica que tiene responsables

Esta situación se ve agravada especialmente en aquellos distritos más densamente poblados como la provincia de Buenos Aires, en donde la situación de sobrepoblación y hacinamiento de su sistema penitenciario, producto del abuso indiscriminado de la prisión preventiva y de los aumentos de penas del que gran parte de la dirigencia política y los medios de comunicación es tributaria. Recordemos las “leyes Blumberg” en el 2004 votadas con completa demagogia durante el primer gobierno kirchnerista y que trajeron mucha mayor violencia carcelaria. O la última modificación de la ley de ejecución penal (24.660) que favorece la prisión preventiva y restringe aún más los supuestos en que un detenido podía acceder a la domiciliaria o libertad condicional. Situación que es denunciada permanentemente desde los propios organismos especializados del régimen como la Procuración Penitenciaria (PPN, dependiente del Poder Legislativo) hasta los organismos de Derechos Humanos como el CELS, y que fue reconocida por el propio Estado que viene declarando “emergencias” penitenciarias hace años, pero sin atacar el problema de raíz. Según la PPN, desde 2016 las personas detenidas en el SPF aumentaron un 27%. Según la “capacidad operativa utilizable” declarada por el SPF, hasta llegar a esta situación la sobrepoblación era del 112%. EL CELS por su parte, denunció que “en el Servicio Penitenciario bonaerense la situación es peor: la ocupación es el doble de su capacidad de alojamiento. A la sobrepoblación en las unidades penitenciarias debe sumarse el desborde en las comisarías de la Provincia de Buenos Aires, donde más de 4 mil personas están detenidas por tiempos prolongados en condiciones de hacinamiento extremo”. Otro dato más, casi el 60% de las personas detenidas, no tiene condena firme, por lo que, si se atiene a la ley del propio sistema, no deberían permanecer detenidas hasta tanto no sean confirmadas.

Nadie puede afirmar sin sonrojarse que “las cárceles son sanas y limpias, para el cuidado y no para el castigo” de los detenidos como prescribe la Constitución que los que gobiernan dicen respetar.

El tema volvió a salir a la luz como lo hace esporádicamente cuando suceden tragedias o amotinamientos con víctimas fatales, esta vez fue luego de la protesta de los detenidos en la cárcel de Devoto. Un lugar que aloja actualmente 2.800 personas privadas de su libertad, aunque su capacidad sea para 1.754, sometidas a un hacinamiento brutal, con el Estado mirando hacia otro lado. Larreta tiene decidido sacarse el problema de encima mudándola a Marcos Paz, y “revalorizar” la zona para, otra vez, favorecer el negocio inmobiliario. Y para peor, si no mira para otro lado, la respuesta estatal generalmente reside en más castigo y represión. Según denunció el CELS, sólo entre marzo de 2017 y noviembre de 2018, 17 personas murieron quemadas o asfixiadas en comisarías de la provincia de Buenos Aires, con el caso más recordado de la comisaría de Pergamino en 2018 donde murieron siete detenidos, que por supuesto estaban allí sin ningún tipo de condena. O el sometimiento a la tortura y la represión, como la reciente muerte de Federico Rey, de 23 años, detenido en la cárcel de Florencio Varela, asesinado a balazos el 22 de abril en medio de una protesta por la situación del coronavirus en la cárcel (allí se detectó el primer contagiado privado de su libertad). Una cárcel que fue denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria con un hacinamiento superior al 200%.

Protesta en la cárcel federal de Devoto. Hay al menos dos internos contagiados de Covid 19

Esta “inflación” carcelaria del 30% obedece en gran parte a la política llevada adelante por el macrismo y a lo que llamó demagógicamente “lucha contra el narcotráfico”. Que no fue otra cosa que una detención masiva de personas (más de 10.000) que básicamente consistió en perseguir delitos de narcomenudeo, (desde la tenencia de un porro o plantas de cannabis para uso personal), mientras los grandes narcotraficantes permanecen tranquilos en sus viviendas en barrios cerrados.

Es esa misma dirigencia que luego pregona el discurso de la mano dura, denuncia “la puerta giratoria” de los delincuentes, pero centrándose exclusivamente en los delitos relacionados a la pobreza y omite desde ya los beneficios de los que gozan los grandes delincuentes dedicados a la evasión, la fuga de capitales, narcotráfico o trata de personas y genocidas

Es un problema que se debe atender de raíz, esta situación no es de generación espontánea, es producto de la cada vez mayor exclusión y marginación de una parte importante de la población ocasionada por las decisiones políticas de esta dirigencia. El trato inhumano empieza desde allí y llega a su punto extremo al momento del encierro.

Es esa misma dirigencia que luego pregona el discurso de la mano dura, denuncia “la puerta giratoria” de los delincuentes, pero centrándose exclusivamente en los delitos relacionados a la pobreza y omite desde ya los beneficios de los que gozan los grandes delincuentes dedicados a la evasión, la fuga de capitales, narcotráfico o trata de personas y genocidas, (muchos de ellos alojados en la cárcel VIP de Campo de Mayo o en los pabellones exclusivos para genocidas en Ezeiza o Marcos Paz).

Se debe empezar por desenmascarar a estos pregoneros de la mano dura para con los pobres, llámense Bullrich y muchos de Juntos para el Cambio, Massa o Berni y otros, que intentan instalar un discurso de mano dura para legitimar una cada vez mayor política represiva a la población que enfrenta la exclusión y marginación, más aún en los momentos de crisis económica y social como la actual. Como también la grave actitud del gobierno de Fernández y del gobernador Kicillof que lejos de enfrentar esa campaña retroceden y le echan la culpa a los Jueces avalando el autoritarismo y el punitivismo.

Es una disputa entre fortalecer aún más el carácter represivo del Estado o atacar la raíz de las causas de la violencia social que afectan a la sociedad.