En el día de hoy nuestra compañera, la diputada Marta Martínez, presentó un proyecto de ley para que se asegure la conectividad y equipos necesarios para garantizar la educación virtual en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Diversos estudios dan cuenta de la llamada “brecha digital”. El Observatorio Argentinos por la Educación, llevó adelante un relevamiento publicado en abril de este año en el que informa haber constatado que 63% de los hogares poseen conexión a Internet mientras un 37% no la tiene, y que 1 de cada 5 estudiantes del nivel primario no tienen conectividad. Y según ese estudio en C.A.B.A. “solo” el 7,2% de lxs estudiantes no tendría conexión (pero el informe no aclara qué tipo de conectividad tienen los que contabiliza en esa categoría, si es de la velocidad necesaria para la educación virtual).

Otro estudio realizado por el Centro de Innovación Pedagógica de UDESA, señala que en la escuela secundaria el 15,9% de los alumnos no cuentan con acceso a Internet en el hogar (datos de la prueba Aprender 2018).

El Observatorio Argentinos por la Educación, llevó adelante un relevamiento publicado en abril de este año en el que informa haber constatado que 63% de los hogares poseen conexión a Internet mientras un 37% no la tiene

Es importante considerar que a estos números hay que “tamizarlos” con una mirada más exacta: son muchas las familias que sólo tienen 1 smartphone para un grupo de 5, 6 o más personas por lo cual esa contabilizada conexión a Internet no es útil a la hora de acceder a la educación virtual en ese hogar.

Podríamos seguir dando cifras de distintos estudios pero es evidente que en los tiempos de pandemia con confinamiento las diferencias y violencias sociales todas, se profundizan, se desnudan y muestran más agudamente que en la “normalidad”, sus manifestaciones más dramáticas. Todo antes ya existía pero es peor aún. El hacinamiento, la falta de agua, la de un salario fijo, la abundancia de violencia de género, la comida que no alcanza, la changa que desaparece: los y las que sufren, sufren más. Es una frontera tan profunda que, del otro lado, ni la imaginan.

Lo mismo ocurre con la educación hoy: hay quienes tienen el privilegio de continuar educándose mientras otrxs quedan afuera ¿hasta cuándo? Nadie puede contestar esa pregunta pasados ya 60 días de confinamiento. Los Gobiernos (Nacional y Provinciales) tienen la obligación de garantizar este derecho universal que es la educación, a lxs estudiantes y también a lxs docentes para poder ejercer su profesión en estas condiciones sin gastos extras cuando los salarios no alcanzan por una inflación que no se detiene.

Por otra parte es públicamente sabido de las enormes ganancias que durante años vienen obteniendo las empresas de comunicación, las mismas que brindan estos servicios de internet. Éstas, en plena pandemia por el Covid-19, han aumentado los servicios de telefonía móvil (la única conexión de la que disponen los sectores de menores ingresos) entre un 9 y 15%. Sostenemos que el derecho a la educación es prioridad por sobre su hambre de lucro. Es necesario obligarlas que no obstruyan este derecho por la defensa de sus intereses económicos.

Estas empresas o sus dueños figuran, desde el 2001, a la cabeza en la mayoría de las listas de empresas y/o empresarios, respectivamente, que compraron dólares para atesorar, especular o fugar según se lo entienda o se lo denomine. Lo que acredita sus enormes ganancias desde que fueron privatizadas y el destino de desinversión y fuga que le dan a las mismas, lo que pudieron mantener con todos los gobiernos desde entonces. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Parte de lo que le falta al país.

En el camino de alentar el justo reclamo del acceso de todos y todas a la educación en las condiciones existentes es que presentamos el presente proyecto.

A continuación, el proyecto presentado.