Proyecto de ley presentado por la Diputada Marta Martínez en la Legislatura de CABA para que todxs lxs docentes de educación pública de gestión privada cobren la totalidad de sus salarios y aumentos.

El pago del subsidio a las empresas y demás establecimientos privados conocidos como ATP durante lo que dure la suspensión de la actividad a causa de la pandemia alcanzó a solo algunas de las escuelas públicas de gestión privada. Esta situación llevó a distintas instituciones a no garantizar el cumplimiento del pago del salario de los trabajadores docentes y no docentes, según nos han hecho saber diversos trabajadores/as del sector.

Asimismo, los colegios públicos de gestión privada han visto mermada la matrícula correspondiente al año corriente y al próximo, y la capacidad de pago de los clientes/familias, pero esta no resulta excusa suficiente dado que perciben cuantiosos subsidios para el pago de los salarios de sus trabajadores/as. De esta manera, pretenderían mantener rentabilidad a costa de los salarios, y haciendo uso de los subsidios que provee el Estado y que tienen un destino específico. Al interior del grupo de las escuelas privadas subvencionadas a nivel nacional, el 58% percibe aportes estatales equivalentes al 100% de los salarios docentes.

En la Ciudad de Buenos Aires sólo el 35% de esos establecimientos no reciben ningún tipo de subsidio. El 71,2% de los colegios privados de los niveles obligatorios recibe algún tipo de subsidio y el 30% de los colegios reciben el 100% del financiamiento de la plantilla docente. Según el informe “La educación privada en la Ciudad de Buenos Aires: quién, cómo, dónde”, del propio Ministerio de Educación porteño, en total, las escuelas de gestión privada se llevan el 17% del presupuesto de la cartera educativa, más de 14 mil millones de pesos. La pregunta que nos tenemos que hacer en cada escuela que recorta salarios y/o que paga salarios en cuotas es: ¿cuál es la prioridad? ¿Educación o ganancias? El sistema privado de educación, como hemos denunciado en reiteradas oportunidades, mercantiliza un servicio esencial, siendo el salario la principal variable de ajuste.

A modo de ejemplo, en la CABA el Estado destina más de $4.000 millones a la educación confesional. Además, la Iglesia Católica tiene diversas exenciones impositivas y en sus más de 360 propiedades no se les imputa ni ABL ni ingresos brutos. El Estado es así responsable y cómplice en tanto no evita las rebajas salariales que están sufriendo los trabajadores y deja correr los despidos.

No están garantizados los ingresos y puestos laborales de personal docente y no docente y se encuentra en riesgo al sistema educativo, y por lo tanto vemos la necesidad de luchar con el fin de garantizar sueldos y cargas sociales a trabajadores/as de la educación pública bajo gestión privada, a la que concurren uno de cada dos alumnos de la Ciudad. Por todas estas razones es que presentamos este proyecto de ley.