Este jueves 16 de julio, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires adhirió a través de la sanción de una Ley, al denominado PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO que fuera diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación en la Resolución N° 1/2019.

El proyecto de adhesión al Protocolo nacional había sido presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en febrero de este año y firmado por 31 legisladores y legisladoras de los distintos partidos, entre ellos nuestra compañera Marta Martínez que en su momento expresó “Hoy firmamos la adhesión al Protocolo ILE presentado por la  Campaña. Esto fue logrado por la presión de la rebelión feminista en las calles exigiendo nuestros derechos, sobre nuestro cuerpo y sexualidad y contra la violencia machista. La pelea está en las calles!”

El protocolo establece los procedimientos médicos correctos basados en normas internacionales de aborto seguro. Brinda herramientas a lxs profesionales de la salud para la atención de personas con derecho a la Interrupción Legal de embarazo

En esta oportunidad, la aprobación contó con el voto positivo de 49 legisladores y el voto negativo de 7 diputados, todos integrantes del bloque oficialista de Juntos x el Cambio y 3 se abstuvieron.

Esta es la segunda vez que la Legislatura de la Ciudad sanciona una ley para establecer un protocolo de abortos no punibles en la Ciudad. La anterior había sido en el año 2012, pero el por entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri lo terminó vetando. No contento con ese veto, meses después obstaculizó la interrupción legal del embarazo que se iba a llevar a cabo en el Hospital Ramos Mejía, en esa oportunidad Macri divulgó ante asociaciones antiderechos que se iba a realizar este procedimiento a una mujer que había sido violada, lo que originó una protesta de esos sectores frente al Hospital y se suspendió el procedimiento. Luego un fallo judicial de la CABA retrotrajo la decisión de Macri y estableció una suerte de protocolo médico que es el que rigió hasta la actualidad.

El protocolo establece los procedimientos médicos correctos basados en normas internacionales de aborto seguro. Brinda herramientas a lxs profesionales de la salud para la atención de personas con derecho a la Interrupción Legal de embarazo en los permisos que otorga el art 86 del Código Penal y el fallo dictado por la Corte Suprema conocido como “F.A.L” de 2012.

Es decir, establece reglas claras para guiar los procedimientos a seguir por lxs profesionales de la salud ante situaciones que se encuadran como aborto legal. Cuando embarazo sea producto de violencia sexual, o su continuación conlleve riesgo para la vida o para la salud de la persona embarazada. Para estos casos solo es necesario que la persona que lo solicita firme su consentimiento.

Un paso necesario pero insuficiente tal como reclama el impresionante movimiento de mujeres y disidencias que se moviliza en las calles desde hace años y como reclamó frente al Congreso nacional la legalización del aborto seguro y gratuito en 2018. En línea con ese reclamo fueron las palabras que expresó Marta Martínez en su intervención:

El 8 de marzo, Día internacional de la mujer trabajadora, la marea verde se hizo escuchar  de a ciento de miles en las calles exigiendo la Legalización un vez más, Alberto Fernández una y otra vez repite que el Gobierno tiene listo un proyecto de legalización pero a más de siete meses de asumir aún no envió el proyecto al Congreso manifestando que hay cuestiones más urgentes que tratar durante la pandemia, plazo durante el cual ya se conocieron al menos dos casos de mujeres que murieron tras realizarse abortos de manera clandestina. Cada día que pasa es más urgente. Las mujeres y las disidencias así lo exigen.