* Por Fernando Vilardo y Sebastián Blanchard

El resultado electoral del domingo pasado reflejó algo de toda esa bronca e indignación popular que emergió desde abajo allá por el 2019 y que tuvo como destinatario no solo al gobierno ajustador de Piñera sino también al conjunto de la dirigencia política y el régimen institucional, engranajes fundamentales para una democracia que solo representa los intereses del poder económico.

En unas elecciones en las que participó solo el 41% del padrón, la derrota política del oficialismo (Vamos Chile), que se presentó como parte de un acuerdo electoral con el derechista Partido Republicano, fue evidente: no logró los 52 escaños que pretendía para obtener el ansiado poder de veto (solo alcanzó 38 constituyentes). Junto a esto, el otro dato quizás más significativo del resultado electoral fue que dos de cada cinco votantes no optaron por ninguna de las tres fuerzas (Vamos Chile, Lista del Apruebo y Apruebo Dignidad –PC y Frente Amplio-) que terminaron pactando como salida a la crisis política esta Asamblea Constituyente: entre todas estas fuerzas sumaron el 54 % de votos.

El resultado electoral del domingo pasado reflejó algo de toda esa bronca e indignación popular que emergió desde abajo allá por el 2019 y que tuvo como destinatario no solo al gobierno ajustador de Piñera sino también al conjunto de la dirigencia política y el régimen instituciona

La contracara fue la Lista del Pueblo, un espacio surgido como expresión del proceso de movilización del 2019, que dentro de las fuerzas “independientes” (de gran elección de conjunto) fue la que más escaños sumó (25 constituyentes). Es decir, la mayoría de la población no votó por nadie. Y entre quienes sí votaron, casi la mitad no lo hicieron por quienes pactaron por arriba para canalizar la bronca popular.

De esta forma lo que parece mostrar el reciente proceso electoral es la desconfianza mayoritaria del pueblo a las fuerzas políticas tradicionales, a los pactos por arriba, y en el fondo a la misma democracia representativa.

La Asamblea Constituyente, desde el vamos, fue una verdadera trampa impulsada por el grueso de la dirigencia política para canalizar esa bronca que se desparramó como un tsunami desde abajo y que amenazó con llevarse todo puesto, incluido el Gobierno de Piñera. Una bronca acumulada por décadas de desigualdad, por el sistemático retroceso en las condiciones de vida de los y las trabajadoras y del pueblo en general, y por un corroído andamiaje institucional plagado de corrupción y completamente al servicio del poder económico. Como el mismo pueblo chileno expresó visceralmente: “no son 30 pesos (por el aumento del trasporte público que desató la rebeldía popular), son 30 años”.

 

La Asamblea Constituyente, desde el vamos, fue una verdadera trampa impulsada por el grueso de la dirigencia política para canalizar esa bronca que se desparramó como un tsunami desde abajo y que amenazó con llevarse todo puesto, incluido el Gobierno de Piñera.

Frente a aquella imponente rebelión popular que se movilizó en forma autonconvocada y sin ninguna clase de dirigentes que pudiesen arrogarse representación alguna, es que se llamó a esta Asamblea Constituyente como parte de una nueva trampa institucional bajo la cual el pueblo trabajador chileno no va a poder discutir, ni mucho menos decidir, ningún proyecto alternativo de país al servicio de sus propios intereses. Todo el andamiaje político y económico al servicio de los grandes grupos económicos se mantendrá incólume. Los enemigos del pueblo seguirán estando allí, donde han estado siempre, en el lugar de las decisiones que benefician a esos grupos de poder y perjudican a las grandes mayorías.

La propia constituyente nace con las limitaciones que le impuso el acuerdo de la dirigencia en el parlamento, es decir no es soberana por sí misma, ya que expresamente se impide a priori modificar cuestiones relacionadas a los tratados internacionales pactados por el Estado, principalmente los referidos a las cuestiones de libre comercio y protección de inversiones. Una limitación más cuya superación dependerá del estado de la movilización para rebasarlas.

Portuarios durante una de las huelgas en apoyo a la reforma de la Constitución

La derrota del Gobierno de Piñera y de la Constitución pinochetista fue el resultado de aquella profunda rebelión popular, pero está lejos de ser un triunfo del pueblo trabajador. La única salida posible para los y las de abajo es continuar el camino que comenzaron a recorrer allá por octubre del 2019, escapando al chaleco de fuerza que querrán imponer los partidos tradicionales y sus instituciones, y desde ya una dirigencia gremial siempre al servicio de los intereses patronales.

Solo auto-convocándose desde abajo, con la clase obrera (hasta ahora en un papel secundario en el proceso) auto-dirigiéndose y tomando en sus propias manos la construcción de una verdadera alternativa política, económica y social, es que se podrá escribir una historia distinta a la de esos “30 años”.