LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

DECLARA:

Expresar su rechazo a las declaraciones del ministro de Defensa Horacio Jaunarena en las que cuestiona un dictamen del procurador general de la Nación referido a las leyes denominadas de “obediencia debida” y “punto final” e insiste en defender la impunidad de los responsables del genocidio cometido por las FF.AA a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.-

Luis F. Zamora
Diputado Nacional
AUTODETERMINACIÓN y LIBERTAD

Sr. Presidente:

Mediante el proyecto de declaración que presentamos se propicia rechazar recientes declaraciones del Ministro de Defensa Horacio Jaunarena referidas a un dictamen del Procurador General de la Nación Nicolás Becerra.

En el referido dictamen Becerra se pronuncia en un caso en trámite ante la Corte Suprema para que ese Tribunal declare la inconstitucionalidad de la denominadas leyes de “obediencia debida” y “punto final”.

Al respecto Jaunarena estimó que era “absolutamente irrazonable” y “lamentable” que “una decisión en torno a las leyes de despenalización quedara en medio del conflicto que la Corte mantiene con el Gobierno en torno al juicio político”. (Clarín, 31 de agosto de 2002, pág. 15)

Agregó que “los militares no pueden ser tomados como una ´suerte de rehenes de una cuestión política que se ha planteado entre dos poderes del Estado” y que “a ninguna sociedad le hace bien tener heridas abiertas como éstas durante tanto tiempo sin que tengan un cierre definitivo” e insistió “no hay ninguna sociedad, ni en la Argentina ni en ninguna otra parte del mundo, en que después de 25 años haya gente que no sepa exactamente cuál es su suerte final”, y que “resulta absolutamente irrazonable que se utilice una cuestión tan delicada como ésta, que tiene que ver con la libertad y con la suerte de rehenes de una cuestión política que se ha planteado entre dos poderes del Estado”.(edición y página citadas).

Como es sabido el citado Jaunarena fue uno de los autores de las mencionadas leyes que dejaron impunes a autores, cómplices y encubridores de delitos considerados crímenes contra la humanidad . Así los tipifican Tratados internacionales suscriptos por Argentina y con jerarquía constitucional, tribunales extranjeros, tribunales argentinos (Cámara Federal que juzgó a los ex comandantes en la causa nro.13/84 del registros de ese Tribunal de alzada, jueces de primer y segundo grado en causas que están ahora a estudio de la Corte) y la propia Corte Suprema en causas como “Priebke” y “Lapacó” .

También es notorio -pero vale recordarlo- que las distintas causas para investigar y sancionar esos hechos se iniciaron en plena dictadura militar y continuaron durante la gestión de Alfonsín-Jaunarena. En pleno trámite fueron interrumpidas en forma inmoral por decisiones políticas tomadas

por ese gobierno cuando pactó con el cabecilla de la sublevación de Semana Santa, Aldo Rico, y logró con el aval del justicialismo y luego del Poder Judicial el desprocesamiento de los autores encausados y la imposibilidad del enjuiciamiento de los restantes involucrados. Luego otra decisión inmoral –la de los indultos de Menem- avalados por el Congreso Nacional que se negó a intervenir y por el Poder Judicial que se negó a impugnarlos impidió la ejecución de parte de las condenas decididas en la Justicia y resolvió el desprocesamiento de otros imputados.

Esas circunstancias con esos responsables –entre los que se encuentra el actual ministro Jaunarena- obligó a familiares y a organismos de derechos humanos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA la que en su Informe 28/92 consideró que efectivamente esas leyes violaban el denominado Pacto de Costa Rica suscripto y ratificado por Argentina. Organos de las Naciones Unidas emitieron consideraciones similares.

Nuevas acciones fueron reiniciadas ante Tribunales argentinos. Quien esto suscribe logró después de varios años arribar a la Corte Suprema –por primera vez desde que se expidiera en los fallos que fueron impugnados ante la OEA, en la causa donde se investiga la desaparición forzada de Dagmar Ingrid Hagelin- para obligar a ese Tribunal a que se tenga que volver a expedir sobre la inmoralidad anterior. Otras causas han arribado con posterioridad como la que motivara el dictamen del Procurador Becerra y que tanto preocupa al actual funcionario Jaunarena.

Es decir que “los 25 años” a los que se refiere Jaunarena son producto del accionar ilegítimo de los tres Poderes del Estado que han venido trabando con normas inconstitucionales el derecho a la Justicia reclamado por el pueblo argentino. Y entre los impulsores de esas trabas, en su momento y ahora, se encuentra el citado Ministro.

Es repudiable sobre todo que la preocupación del ministro no sea porque después de “25 años” miles de familias de desaparecidos forzados – es decir secuestrados por personal de las FF.AA. y de seguridad- y el pueblo todo siga desconociendo “la suerte final” de cada una de las víctimas y la sanción que merecen sus victimarios. Incluso la “suerte” actual de jóvenes secuestrados cuando niños y apropiados por sus captores o entregados a otras familias que las de sus padres.

Créase o no la preocupación de Jaunarena no es ésa. Ningún interés manifiesta por la “suerte” corrida por miles y miles de habitantes de este país violentados en sus derechos más elementales y por los derechos de la sociedad toda a la Verdad y la Justicia denegados durante “25 años”.

En cambio su preocupación es por la incertidumbre en que eventualmente puedan encontrarse secuestradores, torturadores, violadores, homicidas responsables de esos hechos. Incertidumbre, por lo demás, que no persistiría si hubieran sido sancionados conforme a la gravedad de los crímenes cometidos.

Así lo hemos propiciado desde hace años especialmente en lo que respecta a esta Cámara con el primer proyecto de anulación y derogación que se presentara aquí –en 1993- de las denominadas normas de impunidad y con el que insistiéramos a comienzos de este año.

Es falso además que en Argentina o en otros lugares del mundo la “suerte” de autores de crímenes de lesa humanidad no permanezca incierta durante “25 años”. Jaunarena con esas declaraciones sigue militando por la impunidad. Es lo contrario. Los responsables del genocidio nazi –por ejemplo- siguen siendo perseguidos allí donde se los pueda ubicar. El caso de Priebke en Argentina es un ejemplo entre muchos. Pinochet –primero en Inglaterra y luego en Chile- es otro.

Jaunarena estaba en contra de la extradición de Priebke?. No sólo habían pasado 25 años sino más de 45 desde que cometió los atroces crímenes en las Fosas Ardeantinas. No se lo escuchó salir en defensa de Priebke cuando fue extraditado a Italia. Considera Jaunarena que Pinochet debe quedar impune como por ejemplo sí lo consideraba el entonces presidente Menem que lo condecoró en su momento?. Porqué no lo dijo cuando lo detuvo un Tribunal inglés a pedido de un Tribunal del Estado Español?.

Aunque cabe presumir que Jaunarena debe simpatizar por la impunidad de todos ellos no puede expedirse públicamente en ese sentido porque eso demostraría la falsedad de sus argumentos en cuanto a que aquí se considera “abierta” lo que en cualquier otro lugar del mundo se considera “cerrada”. Ni aquí ni allá entonces.

En todo caso los “25 años” son 25 años de lucha heroica por la Verdad y la Justicia de familiares y sobrevivientes de los centros de detención clandestina, organismos de derechos humanos y la solidaridad en muchos casos activa de parte importante del pueblo argentino contra las trabas impuestas por las Instituciones integradas por muchos como Jaunarena.

Al margen de todo ello Jaunarena confiesa al pasar en sus declaraciones que hay “un conflicto que la Corte mantiene con el Gobierno en torno al juicio político”. Es decir que así evalúa Jaunarena las consecuencias en la Corte y en el Poder Ejecutivo de la actividad que ha tenido al respecto la Comisión de Juicio Político de esta Cámara relacionadas con las imputaciones de mal desempeño vinculadas a los integrantes de la Corte Suprema y la afirmación de que la Corte y el Poder Ejecutivo estarían utilizando causas de profundo contenido ético -como la que se refiere el dictamen de Becerra- como parte de ese conflicto.

Lo cierto es que más allá de los métodos extorsivos utilizados por los tres poderes del Estado alrededor de la cuestión planteada por el eventual juicio político a la Corte es repugnante que Jaunarena utilice la expresión “rehenes” para referirse precisamente a los autores de delitos de privación de la libertad y de la vida. Vuelve a preocuparse por los victimarios y no por las víctimas.

La gravedad de las declaraciones de Jaunarena obligan a un pronunciamiento de ésta Cámara. Así lo proponemos.

LUIS F. ZAMORA
DIPUTADO NACIONAL
AUTODETERMINACIÓN y LIBERTAD
Presentado el 6 de septiembre de 2002. (expte. 5603 – D- 02)