CONDENA A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE
* Por Sebastián Blanchard (integrante de Autodeterminación y Libertad)
Se dieron a conocer las condenas a los responsables del choque del tren Sarmiento ocurrido en febrero de 2012 en la estación Once donde murieron 52 víctimas. Fueron condenados 21 de las 28 personas que estaban imputadas. Y a pesar de que las penas fueron bastante menores a lo que pedían las querellas, fue un gran logro conquistado por la lucha de los familiares de las víctimas y de varios de los sobrevivientes de la masacre. Sus denuncias reflejaron el entramado de negociados y corrupción existente entre los grupos empresarios y los funcionarios del gobierno kirchnerista, que gracias al manejo de los subsidios permitió que los hermanos Cirigliano, dueños del grupo Plaza, incrementaran sus ganancias de manera inusitada desviando los fondos que recibían en subsidios al transporte público de trenes hacia sus empresas de transporte privadas dentro y fuera del país, mientras miles de personas viajaban -y lo siguen haciendo- en pésimas condiciones todos los días. En la sentencia a Jaime, Schiavi y Roque Ciriligliano entre otros, el tribunal se vio obligado a reflejar estas denuncias.
Los responsables políticos de otorgarles los millones de pesos en subsidios eran los entonces secretarios de transporte Ricardo Jaime, primero, y el ex jefe de campaña de Macri Juan Pablo Schiavi, quién ocupó el cargo luego de que aquél haya sido apartado al hacerse público su excéntrico nivel de vida que mantenía gracias a los sobornos recibidos por los mismos empresarios a los que debía controlar, entre los que se encontraban los hermanos Cirigliano.
Sólo gracias a la lucha y el reclamo incansable de las víctimas y sus familiares se lograron estas condenas, en donde quedó expuesto, por otra parte, el nivel de corrupción entre el Estado y los empresarios en el manejo del transporte público, cuyas concesiones reciben millones de pesos en subsidios desde el estado que luego no son invertidos en mejorar las condiciones en que viajan miles de trabajadores día a día, y que a su vez mantienen a sus trabajadores precarizados y/o tercerizados con la complicidad muchas veces de los burócratas sindicales, como quedó demostrado en el asesinato de Mariano Ferreyra en el ferrocarril Roca.
Este sistema venía siendo denunciado sistemáticamente por los trabajadores del Sarmiento desde años antes de la tragedia sin que se los escuche. Similares denuncias hicieron los trabajadores de la línea 60 durante este año contra la empresa Dota por los millonarios subsidios que reciben inclusive por aquellas unidades que no prestan servicio. Del mismo modo, y desde hace años, los propios trabajadores del subte siguen denunciando a Metrovías y sus tercerizadas.
Luego de los hechos de Once, Cristina Kirchner intentó tapar las responsabilidades de su gobierno en la tragedia elevando al rango de Ministerio a la Secretaría de Transporte e importando trenes nuevos y material desde China. Luego en el Congreso la mayoría de los partidos votaron la llamada ley de estatizaciones ferrocarriles, que lo único que hizo fue crear una sociedad del estado para “controlar” el servicio, pero que sin embargo mantuvo todas las concesiones privadas existentes en las mismas manos del grupo Roggio, Romero e inclusive los Cirigliano.
Es imprescindible que los servicios como el transporte sean de propiedad pública y gestionado por sus trabajadores y usuarios, y que sean destinados a atender las necesidades populares y no que se pongan al servicio del lucro empresario.