Finalmente, y como era esperable, el congreso derogó las leyes de pago soberano y cerrojo gracias a los votos de los senadores oficialistas y de gran parte de la oposición, para lo cual fueron esenciales los votos que aportó el PJ-FPV que tenía mayoría en la Cámara. Este acuerdo alcanzado le permite al gobierno salir a tomar deuda por casi 12.000 millones de dólares para entregárselo directo a los fondos buitres.

Desde la dirigencia política argumentan que este pago es necesario para la llegada de inversiones que a su vez permitirá el crecimiento del país. Esto lo dicen todos los que votaron a favor de la derogación de las leyes, incluido los que se “taparon la nariz” al hacerlo. De concretarse esto, algo que todavía no está claro vaya a suceder, el único objetivo que tendrían esas inversiones es el mismo que ha tenido históricamente: mayor No hay alternativa que beneficie al pueblo si seguimos encadenados a pagar una deuda ilegítima, fraudulenta y que nunca sirvió para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.explotación para el pueblo trabajador y profundización del saqueo a los bienes comunes para que los empresarios sigan obteniendo enormes ganancias que luego serán fugadas al exterior, tal como ocurrió durante la última década cuya fuga alcanzó la tremenda suma de 350.000 millones de dólares.

No hay alternativa que beneficie al pueblo si seguimos encadenados a pagar una deuda ilegítima, fraudulenta y que nunca sirvió para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Desde el Golpe genocida del 76, cuando se debía aproximadamente 8.000 millones de dólares, hasta la fecha, todos los gobiernos que hemos tenido han pagado “serialmente” la suma de 400.000 millones de dólares, es decir que hemos pagado unas 50 veces la deuda original. Sin embargo, según las últimas estimaciones, se calcula que el país sigue debiendo alrededor de 240.000 millones de dólares. Está claro que no hay salida si seguimos pagando. Ahora se vuelve a tomar deuda para pagar otra más grande y así poder iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento –ciclo que ya se había iniciado con el gobierno anterior pagando al Club de París una suma muy superior a la exigida, el pago a Repsol para lo cual nos endeudamos en más de 5.000 millones de dólares y los acuerdos en el CIADI–. Está claro que este es el proyecto con el que coinciden todos los partidos tradicionales. Un proyecto que al pueblo nunca se lo consultó ni decidió. ¿Cómo es posible que unos cientos de legisladores decidan por 40 millones de habitantes? ¿Por qué no puede ser el pueblo trabajador el que decida entre este camino de “pagadores seriales” o prefiere otro donde se prioricen las necesidades populares, como pagar los salarios de los docentes o construir viviendas u hospitales?
Repudiamos esta entrega al capital financiero internacional y los mecanismos antidemocráticos a través de los cuáles se ha decidido.

Y ENCIMA DE TODO…TARIFAZOS!

Al mismo tiempo que se hace esta entrega a los buitres del mundo y que la UCA reconoce que desde la asunción de Macri existen 1.400.000 pobres más en el país, el Gobierno anuncia un nuevo tarifazo en los servicios públicos, con subas de hasta 500% en el agua, el 100% para colectivos y trenes, el triple en el gas, aumentos que se suman a las subas del mes de enero en la electricidad, más los que ya se anuncian para el subte.

Estos aumentos en los servicios públicos se dan en un contexto donde el gobierno ya despidió a más de 32.000 trabajadores del sector estatal, que sumados los del sector privado superan los 100.000 trabajadores que hoy están en la calle, en un marco además de suba de precios en donde las empresas de servicios públicos, los hipermercados, la megaminería contaminante y los pools sojeros vienen ganando fortunas desde hace años, mientras a los trabajadores se les ofrece aumentos por debajo de inflación.Por eso no hay nada más urgente hoy para el pueblo trabajador que presionar desde abajo para denunciar y frenar todos los acuerdos que la burocracia sindical hace a sus espaldas

Ante este panorama, los burócratas sindicales de la CGT (Moyano, Caló y Barrionuevo) comenzaron con las reuniones para la unificación y ya anunciaron una movilización para fines de abril con el mismo objetivo de siempre: darle tiempo al gobierno para pactar una nueva traición a los trabajadores. Sin plan de lucha ni acciones concretas de parte de esta burocracia, los/as trabajadores/as despedidos/as se suman cada vez y los salarios alcanzan para comprar cada vez menos.

Por eso no hay nada más urgente hoy para el pueblo trabajador que presionar desde abajo para denunciar y frenar todos los acuerdos que la burocracia sindical hace a sus espaldas y en contra de sus intereses. Hacer asambleas en los lugares de trabajo para discutir un plan de lucha sin esperar a ser convocados por las dirigencias burócratas. Auto-organizarse y auto-dirigirse desde abajo para rechazar el acuerdo con los buitres y frenar el ajuste en marcha. Esos son los desafíos que tenemos como pueblo. Un pueblo que no se resigna a ser la variable de ajuste, tal como lo demostramos en esa imponente marcha del pasado 24 de marzo donde cientos de miles en todo el país salimos a las calles no solo a repudiar los 40 años del Golpe genocida sino también a decirle al gobierno nacional que vamos a enfrentar el ajuste macrista.