CAUSA AMIA: VEINTICUATRO AÑOS DE IMPUNIDAD
*Por Sebastián Blanchard, integrante de Autodeterminación y Libertad
El 18 de julio se cumplen veinticuatro años desde que explotó la bomba en la sede de la mutual de la comunidad judía en el barrio de Once asesinando a 85 personas y dejando más de 300 heridos. La investigación por el atentado se ha transformado en el paradigma de la descomposición de las institucionalidad argentina. A pesar del tiempo transcurrido, la verdad sobre lo que ocurrió, cómo sucedió y quiénes son los responsables materiales e intelectuales del atentado fue ocultada sistemáticamente. El Estado argentino, todos los gobiernos, poder judicial, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, además del periodismo, la dirigencia de la DAIA y AMIA, Estados Unidos e Israel son los responsables de que la verdad no se sepa. Todos han aportado para obstaculizar, ensuciar, ocultar, falsear y desviar las pruebas garantizar la impunidad de los responsables.
Desde el inicio de la investigación, el gobierno menemista impulsó la versión de que el atentado había sido responsabilidad de Hezbollah con financiamiento de la República de Irán. Según esa versión oficial, los terroristas se habrían inmolado en una camioneta estacionada frente al edificio, entregada por Carlos Telleldín, dueño de un desarmadero en connivencia con agentes de la Policía bonaerense para que liberaran la zona. Todas otras pistas que no fueran en esa dirección, fueron descartadas automáticamente, ya que tanto a Menem como a Israel y Estados Unidos, que actuaron desde el mismo día en la investigación, les convenía que la responsabilidad se centre en Irán.
En el 2001 se inició el juicio a la denominada “conexión local” del atentado, luego de tres años de audiencias el Tribunal Oral n°3 declaró la nulidad de todo lo actuado debido a la falsedad de la mayoría de las pruebas y absolvió a veintidós personas, incluidas Telleldín y los policías de la bonaerense. El Tribunal ordenó que se investigue al juez Galeano a cargo de la investigación, por el soborno con U$S 400.000 (aportados por la SIDE) a Telleldín para que incrimine a los policías, y a Menem, los fiscales Mullen y Barbaccia, el presidente de la DAIA Rubén Beraja, el “Fino” Palacios y agentes de la SIDE por su responsabilidad en esa maniobra de encubrimiento. La investigación volvió a fojas 0 y la posibilidad de logra verdad y justicia se alejaba aun más.
Para entonces había pasado el 2001 y la salida de De la Rúa del Gobierno, Nestor Kirchner en el intento de recomponer la institucionalidad promovió la renovación de la Corte Suprema -que ordenó reabrir la investigación-, y además creó una fiscalía especializada en la que puso al frente a Nisman, -que formaba parte de la fiscalía junto a Mullen y Barbaccia- secundado por el jefe de contrainteligencia de la SIDE “Jaime” Stiuso, para que le provee de información que a su vez le pasaban el Mossad y la CIA. A partir de allí toda su actividad se centró en recolectar pruebas que respalden la acusación contra Irán, según los intereses de Israel y Estados Unidos, a quien Nisman mantenía al corriente de los escritos y los avances de la causa como lo revelaron los cables de Wikileaks. En 2006 Nisman acusó formalmente a 9 funcionarios iraníes, Canicoba Corral ordenó las detenciones con el respaldo de Interpol que dictó las alertas rojas internacionales sobre algunos de esos acusados. Hasta la fecha lo único que pesa sobre los iraníes son esos pedidos de detenciones a los fines de ser indagados por la justicia argentina.
Con Obama en el Gobierno, la estrategia norteamericana viró hacia un acercamiento con Irán, por lo cual Cristina Fernández (que en 2009 ante la Asamblea General de Naciones Unidas había reclamado a Irán que extradite a los acusados) comenzó a negociar con Irán -con el conocimiento de Nisman y de la dirigencia judía-, el memorándum de entendimiento que finalmente fue ratificado por el Congreso en 2013, contradiciendo el interés de Israel, y en consecuencia el de Nisman, para acusar a Irán. La DAIA y AMIA se opusieron y la Cámara de Casación declaró su inconstitucionalidad.
La firma del memorándum produjo la ruptura de la dirigencia judía con el gobierno de CFK que en diciembre echó a Stiusso de la SIDE. Tres semanas después, Nisman que estaba de viaje en Europa volvió de apuro para denunciar a Kirchner por encubrimiento, el día previo a defender la denuncia ante el Congreso apareció muerto.
Si hasta allí la investigación de AMIA fue una prenda usada por los distintos gobiernos, jueces y servicios de inteligencia según sus intereses propios, luego de allí empeoró. Primero Rafecas y después la Cámara de apelaciones desestimaron la denuncia de Nisman por inexistencia de delito. La comunidad judía presionó para reabrir esa investigación y Bonadío (que en 2006 había sido apartado de la causa por no investigar la responsabilidad de su padrino político Carlos Corach ), a través de una maniobra reasumió la causa del encubrimiento. La misma justicia federal que dio por cerrada la denuncia de Nisman contra CFK por no configurar delito, meses después con Macri en el Gobierno volvió tras sus pasos.
Actualmente se está llevando adelante el juicio de encubrimiento en el que están acusados Menem, Galeano, los fiscales, el Presidente de DAIA y el resto. En este escenario de manipulación de la causa el Gobierno macrista y la dirigencia judía han demostrado que no tienen ningún intención de llegar a la verdad, de manera tan alevosa que hasta Carrió y la UCR que estaban al frente de la querella del Estado renunciaron denunciando las maniobras para salvar a los responsables de desviar la investigación, y el Gobierno echó a los abogados que se negaban a encubrir a los encubridores.
Quedan muchísimos interrogantes sin respuesta: ¿quiénes son los responsables del atentado?¿cómo puede se explica que no hayan logrado información sobre los verdaderos autores si hasta el Mossad y la CIA investigan desde el día 0? ¿qué información esconde el Estado de Israel? por qué nunca se investigaron los dichos del ex embajador israelí Itzhak Avirán en Argentina que dijo que “la gran mayoría de los culpables ya está en el otro mundo y eso lo hicimos nosotros”? ¿a quienes se encubre? entre tantos interrogantes sin respuesta.
A veinticuatro años del atentado, las únicas certezas que se tienen son la cifra de 85 muertos y la responsabilidad de los Estados en encubrir a los verdaderos responsables del atentado. La necesidad de que sea una comisión investigadora independiente del Estado la que tenga libre acceso a todos los archivos de inteligencia y de las fuerzas de seguridad que todos los gobiernos han ocultado sistemáticamente resulta evidente, de lo contrario, en manos de esta justicia y los gobiernos, la verdad sobre el atentado a la AMIA seguirá estando lejos de conocerse.