Sin embargo, el proyecto no se aprueba en cualquier momento (de hecho, fue presentado muchos meses atrás). El Gobierno Nacional lo hace en un contexto donde ha reconocido públicamente que va a aplicar muchas de las medidas del fuerte ajuste que reclama el FMI y detrás de este organismo, los principales países saqueadores del mundo encabezados por EEUU.

El Gobierno Nacional, aprueba este proyecto (…) en un contexto donde ha reconocido públicamente que va a aplicar muchas de las medidas del fuerte ajuste que reclama el FMI (…)

Las exigencias del Fondo y de estos Estados al servicio del capital trasnacional (mineras, petroleras, pools sojeros, bancos, etc., cuya enorme riqueza y rentabilidad el Gobierno no toca), son claras: ajuste, ajuste y más ajuste hasta dar garantías de poder afrontar los vencimientos de Deuda (que, por ejemplo, en el caso de la deuda con el Fondo el Gobierno reconoció sin siquiera hacer primero una investigación, a pesar de que fueron préstamos que no tenían como destino mejorar las condiciones de vida del pueblo sino que gran parte fue a parar a cuentas en el exterior de los grandes grupos económicos).

El discurso del Gobierno de “sacarle a los que más tienen y no al pueblo” choca de frente con el proyecto de país que propone atado al FMI y los usureros del mundo: el de seguir reconociendo una deuda ilegitima. Una deuda que según cifras oficiales asciende a u$s 330.000 millones, es decir ¡unas 100 veces más! de lo que se consiguió con este “aporte solidario”. Para tener una noción de lo que esto significa, solo durante el Gobierno de Fernandez la Deuda aumentó en casi u$s 20.000 millones a pesar de haber pagado alrededor de $ 5.000 millones (una cifra bastante superior a lo que se recaudaría con el proyecto recientemente votado). ¿Cómo se pagará esa monumental Deuda si no es con más ajuste al bolsillo de lxs trabajadorxs, jubiladxs y con más pobreza?  

Las primeras señales de ese ajuste, y proyecto de país que propone el FMI, han sido claras, concretas y dirigidas contra el pueblo: eliminación del IFE 4, un nuevo cálculo de movilidad jubilatoria que anticipa nuevo golpes al bolsillo de ese sector y la decisión explícita de “descongelar” las tarifas de servicios públicos dando lugar a futuros aumentos. A lo que se suma, desde ya, la pérdida del poder adquisitivo del salario que afecta a millones de familias de trabajadores y trabajadoras.

El discurso del Gobierno de “sacarle a los que más tienen y no al pueblo” choca de frente con el proyecto de país que propone atado al FMI y los usureros del mundo: el de seguir reconociendo una deuda ilegitima

Lo recaudado por el proyecto presentado por el Gobierno podría haber ido en su totalidad a paliar las duras condiciones de vida que afronta el pueblo. Por ejemplo, señalando clara e inequívocamente que el 100 % de la recaudado, de por sí insuficiente, vaya a mejorar jubilaciones o el salario (en el caso de los y las profesionales de la salud se les aumentó solo un 15 % en el año a pesar del enorme esfuerzo acumulado) o a mantener el IFE para millones de familias que hoy viven una situación dramática. Sin embargo, ni siquiera eso. Casi la mitad de lo que se especula recaudar estará destinado a las grandes empresas energéticas –que seguirán profundizando el fracking en Vaca Muerta- y a las PYMES.

Detrás de un discurso que se muestra “atacando” los intereses de “los que más tienen”, se monta el objetivo claro de cumplir con las exigencias del Fondo: ordenar las cuentas públicas”, como dijo y reconoció Guzmán. Una frase que los gobiernos suelen recurrir para no decir lo obvio: ajustar al pueblo.

Siempre será esa la receta del Fondo. Y por eso los y las de abajo también tenemos por delante el mismo gran desafío de siempre: impedir que esa historia se vuelva a repetir.