* Por Sebastián Blanchard (integrante de Autodeterminación y Libertad)

El domingo 26 de abril se cumplieron dos años del ingreso de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri -a fuerza de balas de goma, bastonazos, gases lacrimógenos y gas pimienta- al predio del Hospital Borda donde funcionaban los talleres protegidos para capacitación de los usuarios. Una acción que pasó por encima de los propios pacientes y trabajadores, que se resistían a la demolición dispuesta por el Gobierno de la Ciudad para la construcción del Centro Cívico, pese a que estaba vigente una medida cautelar de la justicia porteña que lo impedía.A pesar de que la demolición en el Borda estaba impedida por la justicia por una medida cautelar que el Gobierno porteño incumplió

Alrededor de cuarenta personas -usuarios del hospital, trabajadores y periodistas- resultaron heridas a causa de la represión de la Metropolitana, el brazo armado de Macri para llevar a adelante las medidas de neto corte privatista y elitista que caracterizan su gestión en la Ciudad. Cada vez que encontró resistencia respondió de la misma manera: con represión, de la misma forma que lo hizo- junto con la Policía Federal- ante la toma de terrenos en el Parque Indoamericano por familias que reclamaban por una vivienda digna en el año 2010, o en el desalojo de la Sala Alberdi en marzo del 2013, un mes antes de la represión en el hospital Borda. Por estos últimos hechos son llevados a juicio tres efectivos de esa fuerza por las heridas de balas de plomo contra manifestantes y periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) que cubrían el desalojo.

A pesar de que la demolición en el Borda estaba impedida por la justicia por una medida cautelar que el Gobierno porteño incumplió, a principios de este año la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires confirmó los sobreseimientos dictados al jefe de Gobierno Mauricio Macri, la Vice Jefa María Eugenia Vidal y al Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, responsable político directo de la Policía, junto a otros miembros del gabinete, considerando que no había pruebas para atribuirles responsabilidad en los hechos.

Además también sobreseyeron a los jefes de la Metropolitana que estaban dirigiendo el operativo ese mismo día, quedando un único policía procesado por el delito de lesiones leves.

En cambio, sí fueron procesados cinco trabajadores del Hospital, a los que se les imputan lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad, quedando claro a quienes persigue y juzga esta justicia.

Lo mismo sucedió en los otros hechos mencionados. En la toma del parque Indoamericano, entre la Policía federal y la Metropolitana asesinaron a tres personas e hirieron a aproximadamente 100 más. Por esas muertes, el año pasado la cámara porteña sobreseyó a todos los policías imputados, no habiendo quedado nadie procesado!Vidal culpó a los trabajadores del hospital diciendo que fueron ellos los que comenzaron a agredir a los policías, o Montenegro ante la Legislatura justificando la represión aduciendo que solo se “defendieron” de los ataques de los manifestantes.

En estos hechos el PRO demostró que más allá de los slogans de campaña y los millones de pesos que gasta permanente (que salen del bolsillo de todos los habitantes de la ciudad) para maquillar su discurso y transformarlo en una oda a la alegría, sostenido además por la complicidad de los grandes medios, siempre tuvo como eje garantizar los negociados de unos pocos (grandes constructores de torres de lujo, shoppings, etc.) por sobre las necesidades de la mayoría del pueblo, manteniendo a raya -con represión- las protestas por las desigualdades que genera y profundiza con sus políticas.

Otro ejemplo de ello se ve en la urgencia para que se habilite el uso de las picanas Taser para la Metropolitana, equivalente a los métodos de tortura que se usaban en la dictadura, demostrando que no le tiembla el pulso en reprimir cada vez que encuentra algún tipo de resistencia popular.

También hay que recordar que luego de cada represión ante una protesta, los funcionarios PRO siempre intentaron trasladar las responsabilidades a los que reprimen, justificando y elogiando el modo de actuar de su fuerza.

Lo mismo sucedió en la represión en el Borda, cuando Vidal culpó a los trabajadores del hospital diciendo que fueron ellos los que comenzaron a agredir a los policías, o Montenegro ante la Legislatura justificando la represión aduciendo que solo se “defendieron” de los ataques de los manifestantes.

Peor aún fueron las declaraciones de Macri ante la toma del Indoamericano. Dejando a la vista su xenofobia, justificó la represión (que ocasionó tres muertes que continúan impunes) diciendo que la problemática de vivienda en la Ciudad se debe a la inmigración descontrolada, desconociendo la sub- ejecución del presupuesto destinado a vivienda y los negociados del Instituto para la vivienda (IVC).

Este hecho entre otros, deja en claro que, más allá de las chicanas que se realizan en la superficie mediática, no existe un verdadero antagonismo entre el gobierno macrista y el gobierno nacional a la hora de reprimir para paliar las protestas de los de abajo, ya sea aprobando conjuntamente leyes en la legislatura que promueven el negocio inmobiliario de los grandes conglomerados, o desalojando a miles de familias para dejarlas en la calle. Tal como sucedió en el Indoamericano o en el barrio Papa Francisco en Lugano – donde por otra parte conviven punteros que responden tanto al Pro, algunos empleados del Gobierno porteño, como al Frente para la Victoria-. En aquella oportunidad, la metropolitana y la Gendarmería de Berni, pasaron por arriba con topadoras las casillas de cientos de familias, en otra muestra de criminalización de la pobreza. La misma Gendarmería que se cansó de reprimir en la Panamericana, trató de infiltrar agentes de inteligencia entre los trabajadores y hasta mandó a un oficial a tirarse encima del auto de los manifestantes de manera ridícula, ante las protestas de los trabajadores de la empresa Lear ante el fraude realizado por la patrolnal y el Ministerio de Trabajo, con el aval del gobierno nacional y la burocracia del Smata.

Es indispensable el involucramiento de la mayoría del pueblo, juntando fuerzas para enfrentar estas políticas que tienen el único fin de garantizarle grandes negociados y beneficios a unos pocos que “la juntan en pala” como dijo la Presidenta, por encima de las necesidades populares.

Creemos que el camino es otro, quedan demostradas las trabas institucionales que nos imponen, en este caso la justicia. No es la única.

Necesitamos auto-organizarnos desde abajo para enfrentar este aparato en todos los ámbitos posibles, empecemos a depender de nosotros mismos!

Decidimos o seguirán decidiendo por nosotros!