• Por Sebastián Blanchard.

Este tema, que la dirigencia política ha puesto en debate en los últimos años refleja como pocos la descomposición institucional que vive especialmente la Argentina, aunque no de manera exclusiva. Un producto de la tan mencionada crisis de representación.

El llamado “Lawfare”, es un concepto que surge en Estados Unidos a principios del 2001  para hacer referencia a una supuesta “guerra” contra determinados actores políticos mediante la utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución política y que a su vez requeriría de la indispensable colaboración de los medios masivos de comunicación para magnificar esos procesos judiciales. La disputa política por medios “no convencionales”.

Desde el Papa, la ONU, jueces, juristas internacionales y hasta Alberto Fernández tocaron el tema. El año pasado el presidente de la corte suprema bonaerense habló de “causas armadas artificialmente, abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama deplorable…”

Eduardo de Lazzari, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de BsAs. Denunció la manipulación de las causas judiciales para perjudicar determinadas personas.

Este fenómeno, no se da en cualquier momento, es de época, justo cuando el sentimiento de una parte importante de la población siente -independientemente de que busque o no alternativas- que en el mediano plazo el capitalismo, y la dirigencia política que lo reproduce, sólo tiene para ofrecer más deterioro en las condiciones de vida, más ajuste, más precarización y destrucción del medio ambiente.

Al estar en crisis el modelo económico y social que defienden, entra en crisis todo su régimen, entre ellas las instituciones encargadas de aplicar y llevar adelante esas medidas. Se trata de problema sistémico, un régimen al servicio de una clase social que entra en crisis, instituciones (y dirigentes políticos) cada vez más degradas, que pierden credibilidad en la población y tienen que buscar alternativas para legitimarse sobre el desprestigio de otros.

El problema surge entonces, cuando este mecanismo, con un Poder Judicial que responde a sus intereses propios y que puede ser útil coyunturalmente se transforma en un bola que termina por desprestigiar al conjunto del sistema político. Brasil es el caso más claro de ello. El lava jato comenzó con una investigación que sacó a flote la enorme descomposición de la cúpula del PT pero que rápidamente terminó destapando la olla de la podredumbre de la mayoría de la dirigencia política.

Se trata de problema sistémico, un régimen al servicio de una clase social que entra en crisis, instituciones (y dirigentes políticos) cada vez más degradas

A mayor degradación mayor es el uso espurio y el manoseo de esas instituciones y viceversa.

El macrismo junto al Poder Judicial y económico se jugaron de lleno para dar vuelta la página de la etapa kirchnerista de manera definitiva. En ese objetivo hubo pocos temas y funcionarios (y no funcionarios) del kirchnerismo que quedaran fuera del radar de los tribunales. Milagro Sala, causa de los cuadernos, dólar futuro, memorándum con Irán y tantas más. Así también se echó mano a un vale todo para lograrlo; servicios de inteligencia, arrepentidos colaboradores, nuevas doctrinas judiciales, abuso de la prisión preventiva. Todo ello fue acompañado además del periodismo “de guerra” del grupo Clarín y La Nación magnificando esas situaciones y poniendo el desfile de funcionarios kirchneristas con casco y chaleco en primera plana. El kirchnerismo volvió al gobierno y todas esas causas quedaron, ¿y ahora?

Este es el problema, cómo emprolijar una situación que en definitiva, los afecta a todos por igual. Y de ahí que las iniciativas como “tribunal ético contra el lawfare” o el reclamo por los presos políticos generen debate en el mismo gobierno. Es lo que reflejó el discurso de Alberto Fernández en el Congreso, uno de los ejes principales de su discurso giró alrededor de la reforma judicial. Se refirió a los “sótanos de la democracia” haciendo alusión a los vínculos entre servicios de inteligencia, y jueces para apretar y extorsionar según las relaciones de fuerza del momento. Lo que no dijo es que toda la dirigencia es responsable de esa descomposición. Son sus jueces, los que ellos nombran mediante acuerdos en el Congreso.

Es el mismo Poder Judicial (y los servicios de inteligencia) que todos los gobiernos (incluido el kirchnerismo) han utilizado y avalado a lo largo de décadas, muchos de esos jueces fueron nombrados durante la dictadura, luego avalaron las leyes de impunidad, la corrupción del menemismo, y avalaron siempre con sus más y sus menos, lo que ha hecho el poder de turno. Una casta al servicio de una clase social.

Es el mismo Poder Judicial (y los servicios de inteligencia) que todos los gobiernos (incluido el kirchnerismo) han utilizado y avalado a lo largo de décadas

El lawfare existe…¿y la corrupción qué?

Por otra parte, ninguna persona intelectualmente honesta podría negar la corrupción estructural de la dirigencia política y sus vínculos con el poder económico en una relación de mutuo apoyo y beneficios a los dos lados del mostrador. Ante las denuncias en su contra, el kirchnerismo en vez de rendir cuentas frente a la población, intentó poner el acento sobre la persecución. La propia Cristina Kirchner dijo que la corrupción en la obra pública no empezó en el 2003…pero siguió con su gobierno? Que se reconozca la existencia de situación abusiva, no puede tapar el bosque de la corrupción estructural sobre la que se sostiene la mayoría de la dirigencia, incluidos los jueces.

¿Enfrentados?. CFk Y Bonadio, una relación que se rompió hacia el final de su gobierno

De ahí que toda investigación sobre hechos de corrupción pueda tomarse como verosímil al mismo tiempo que se dude de las honestidad (en todo la dimensión de la palabra), de quien investiga. ¿O alguien podría pensar seriamente que la justicia se decidió por fin a investigar realmente la corrupción en la Argentina? ¿o que los jueces de Comodoro Py son creíbles para investigar a la dirigencia política? ¿o es que el periodismo de investigación objetiva es la regla?

Que se reconozca la existencia de situación abusiva, no puede tapar el bosque de la corrupción estructural sobre la que se sostiene la mayoría de la dirigencia, incluidos los jueces.

Una enfermedad que requiere tratamiento de raíz

Sobran ejemplos de luchadorxs sociales que han sido criminalizados por enfrentar a los distintos gobiernos o al poder económico, basta recordar a los petroleros de Las Heras, Daniel Ruiz, (preso durante un año) y la decena de procesados tras las manifestaciones contra la reforma jubilatoria macrista. Y sobran ejemplos de impunidad a la inversa, la de los responsables políticos del asesinato de Kosteki y Santillán, de Rafael Nahuel o la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. No hay ni un solo empresario condenado por la desaparición de trabajadores durante la dictadura, y no por falta de pruebas de su responsabilidad.

Mientras las cárceles son pobladas por los sectores populares, muchos de ellos sin condena hacinados en las cárceles y comisarías del país, los grandes delincuentes de guante blanco, esos que se llevan la mayor parte de la torta vía fuga de capitales, negociados con el Estado, especulación financiera, evasión impositiva o redes de narcotráfico y trata, no son nunca alcanzados por la justicia. Para muestra basta ver en qué situación procesal se encuentran la veintena de empresarios que confesaron haber pagado sobornos en la causa de los cuadernos.

La actuación abusiva de los jueces no empieza ahora que hay dirigentes políticos detenidos con procesos dudosos, pero si queda más expuesta una situación que históricamente existió, pero que principalmente afecta a aquellos que están alejados de ese poder

Es un problema de todo un régimen, de una casta al servicio de una clase social, integrada en su mayoría por personas pertenecientes a la “familia judicial”, elegidos mediante acuerdos entre castas que se intercambian favores con cargos vitalicios, sueldos que exceden enormemente lo que percibe cualquier trabajador/a, jubilaciones de privilegio y que responden a los intereses del poder económico y según sus intereses alejados de todo control de la población. El tremendo robo al pueblo trabajador que significan los mecanismos de corrupción no podrá nunca ser realmente desarmado mientras su investigación quede en manos de ese mismo Poder Judicial que depende del poder político para atornillarse a sus cargos.

La actuación abusiva de los jueces no empieza ahora que hay dirigentes políticos detenidos con procesos dudosos, pero si queda más expuesta una situación que históricamente existió, pero que principalmente afecta a aquellos que están alejados de ese poder. No es una cuestión de individuos, es un régimen que hay que enfrentar.