* Por Gerardo Romagnoli

La cuestión de la lucha por la sanción de una “Ley de Humedales”, lejos de ser la medida que garantizaría un triunfo categórico en cuanto a su protección, es disparadora de una serie de preguntas centrales para que no ocurra aquello de “cambiar algo” pero a la vuelta del tiempo nos encontremos con que no ha cambiado nada.

Preguntas relacionadas con experiencias recientes con leyes sobre importantísimas cuestiones ambientales como lo ocurrido con la Ley de Glaciares dónde luego de 9 años de sancionada aún está cuestionada la forma en que se elaboró el Inventario Nacional de Glaciares y organizaciones sociales, como la Asamblea de Jáchal, continúan peleando por su aplicación efectiva.

La cuestión de la lucha por la sanción de una “Ley de Humedales”, lejos de ser la medida que garantizaría un triunfo categórico en cuanto a su protección, es disparadora de una serie de preguntas centrales para que no ocurra aquello de “cambiar algo” pero a la vuelta del tiempo nos encontremos con que no ha cambiado nada.

O con la Ley de Bosques sancionada hace ya 13 años y continúa incumpliéndose por motivos que abarcan desde la falta de un presupuesto acorde con el objetivo de la ley, la inexistencia de controles eficientes y los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que con sus modificaciones, como en Córdoba, han habilitado la no obligatoriedad de reposición de bosques nativos dando lugar a que se incendien intencionalmente miles de hectáreas para dedicarlas al agronegocio. Desde 1999 al 2012 se incendiaron en Córdoba 2.150.000 hectáreas, y en los recientes incendios 48.000 hectáreas. ¿Cuál es el efecto de la ley de defensa de bosques nativos?

También está lo ocurrido en Mendoza en diciembre de 2019 y la ley de protección de las aguas. Allí un gobernador recién electo, Rodolfo Suárez (UCR), con el apoyo de Fernández Sagasti (K) y del propio Alberto Fernández derogó la Ley 7.222 del año 2007 que prohibía toda la actividad minera contaminante e inmediatamente sancionó la Ley 9.209 exigida por los extractivistas. Sin embargo, la movilización auto-convocada de todo el pueblo mendocino ganando las calles fue la efectiva defensa del agua, e hizo retroceder a la dirigencia política servil, cómplice y muchas veces socia de los negocios contaminantes.

En el caso de los humedales los problemas comienzan por ¿cómo se los define? Sabemos que tras las diversas definiciones hay distintos intereses que buscan acotar el área comprendida por estos ecosistemas para acrecentar sus negocios. Entonces, de arranque, no es menor la definición que se adopte y en este primer punto ya se expresan las presiones de los sectores ganaderos, agrícolas, criadores de cerdos y de emprendimientos inmobiliarios: a menor área protegida, mayor territorio para el lucro y empeoramiento de las condiciones ambientales.

Pero supongamos que, dado el proceso de movilizaciones desencadenado por la magnitud de los incendios que han sensibilizado a gran parte de la sociedad, se logra una “buena ley”. Sancionada esta sigue el paso de su reglamentación, lo que significa la traducción en pasos concretos, “la letra fina” de en qué y cómo se materializa la ley. ¿Quién la reglamentará? El Poder Ejecutivo. ¿Dejaremos semejante cuestión en manos del Poder Ejecutivo con las consecuencias distorsivas que la reglamentación tiene para que una norma cumpla con el objetivo que le dio origen?

Otra cuestión clave -aún con una supuesta buena ley en la letra- es la Autoridad de Aplicación: ¿quién garantiza que se aplique y se cumpla? Los pasos institucionales indican que sean los Ministerios del área específica u organismos creados por ellos, con personal que se nombra y asigna desde allí y, en el mejor de los casos, algunxs expertxs y representantes de ONG’s como observadorxs e invitadxs conformando Consejos Consultivos que opinan pero que no definen nada utilizándolos para cumplir con la formalidad de practicar mecanismos que denominan “participativos”. Este es un elemento de gran importancia ya que venimos de décadas y décadas de distintos gobiernos que sostienen la misma matriz productiva extractivista y contaminante, acordando y siendo serviles a los intereses de los grandes grupos económicos del agronegocio y la mega-minería.  En este caso estamos hablando de una ley que afectará al 22% del territorio de la Argentina: ¿en esta, como en todas las leyes de protección ambiental no debemos cuestionar esa conformación de la Autoridad de Aplicación?, ¿No tenemos que pensar y crear dispositivos democráticos para que la población, el pueblo trabajador y no los grandes grupos económicos mediante sus mecanismos de presión sean quienes tienen el control efectivo del alcance y limitación de las leyes? Si no lo hacemos permitiremos que tanta lucha se transforme en “letra muerta”.  

Pero supongamos que, dado el proceso de movilizaciones desencadenado por la magnitud de los incendios que han sensibilizado a gran parte de la sociedad, se logra una “buena ley”. (…) ¿Dejaremos semejante cuestión en manos del Poder Ejecutivo con las consecuencias distorsivas que la reglamentación tiene para que una norma cumpla con el objetivo que le dio origen?

También está la cuestión del presupuesto que se le asigne para hacer lo que indica la ley votada: una ley sin recursos es la ley contraria. Porque se trata de los recursos económicos para garantizar el objetivo de una futura ley para defender los humedales, con el enorme impacto que sobre las condiciones de vida de la población tiene garantizar su existencia o no, sobre el clima, las inundaciones, la supervivencias de especies animales y la flora, etc., etc., etc.: cuánto presupuesto, cómo se decidirá y cómo se controlará su ejecución?

Por último: ¿quién decide?. ¿Será consultada la población para la sanción de una ley de la magnitud e impacto que esta tiene?. ¿Se pondrá a debate en universidades, secundarias, escuelas, en los barrios y en los lugares de trabajo?. ¿Serán parte de ese debate los pescadores del Remanso Valerio y otros sitios del Río Marrón?. ¿Será parte de una movilización del interés de toda la población afectada o terminará siendo un trámite encerrado en el círculo de lxs especialistas, asesorxs y elegidxs? Se trata de detener el exterminio de un ecosistema en el que se sustenta la vida de gran parte de esta región planetaria.

Los incendios en el humedal del Delta del Paraná son un ecocidio que se ensambla en la matriz productiva extractivista y contaminante del país. Una Argentina que es parte de un mundo capitalista que en su desenvolvimiento ataca la naturaleza y atenta contra la vida. ¿Se corrige esto con algunas leyes construidas, sancionadas y aplicadas de esa manera?. ¿Cuántas veces (en este régimen en el que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes” – art. 22 Const. Nac.) la misma dirigencia política que un año votó “estatizar” luego con las mismas manos votaron privatizar, pero pasado un tiempo, sacando argumentos como “conejos de la galera de un mago”, volvieron a votar estatizar? Todo lo legal, dentro de este régimen en el que ellxs deciden por todxs, termina sirviendo a los intereses de muy pocos que usufructúan una riqueza que no generan, y a su vez impide  a quienes la producen con su trabajo, y al resto del pueblo, ser quienes lo decidan efectivamente.

Hoy, con un gobierno comprometido a “honrar” una deuda externa que es una verdadera estafa sin ni siquiera investigarla, cuando se prepara a firmar nuevos acuerdos con el FMI con sus exigencias de ajustes, la necesidad de dólares para levantar semejante hipoteca es una puerta que seguirá más abierta que antes a los negocios del extractivismo contaminante donde pueden perecer gran parte de los humedales. Producir, producir contaminando, para pagar.

Frente a esto se levanta el ejemplo del pueblo de Mendoza: su lucha desde abajo contra todas las burlas de la ley votada, derogada, suplantada, y la desconfianza en lxs de arriba y sus maniobras; su solidaridad entre lxs de abajo construida en la lucha por los bienes comunes que, por ser comunes, debemos defenderlos entre todxs.

Tenemos planteado el desafío de construir otro mundo, otra civilización en el que las necesidades de la población y el respeto por la naturaleza desplacen al lucro como centro ordenador de la vida. La lucha por la defensa del humedal del Paraná es parte de esa lucha.