• Por Marta Martínez y Fernando Vilardo (integrantes de AyL)

En la sesión del pasado jueves 19 de noviembre la Legislatura Porteña votó en primera lectura el cambio de zonificación del predio donde se encontraba originalmente la cancha del Club San Lorenzo de Almagro. Ese terreno le había sido arrebatado al Club hace cuarenta años por la dictadura genocida y luego vendido a precio vil a la empresa multinacional francesa Carrefour que lo ocupó durante años con un enorme supermercado.

A partir de entonces simpatizantes, socios y socias de San Lorenzo lucharon con toda razón por retornar a su tradicional e histórica sede de Avenida La Plata.Tuvieron el apoyo de fuerzas democráticas y especialmente del movimiento de los DD.HH., y de AyL entre otros, que siempre entendieron y entendimos  que la pelea de los adherentes de San Lorenzo estaba vinculada a toda la lucha por reparar y sancionar los crímenes cometidos y los derechos violados por la dictadura.

En el 2007 la Legislatura votó por unanimidad el proyecto de ley de “Restitución Histórica” (con el voto afirmativo de nuestro bloque  acompañando esa reivindicación), y en el 2012 el terreno fue declarado de “utilidad pública”. Después de una larga disputa de décadas el Club había recuperado el predio usurpado y con él toda la rica historia deportiva, social y cultural vinculada a sus mismos orígenes.

Comienza allí otra etapa. Ya no se trataba del derecho indiscutible a volver y a recobrar lo expropiado; ahora se trataba del destino a darle a los terrenos. En la lucha y el reclamo por el retorno habían participado hinchas residentes en los barrios cercanos, o de CABA, o de otras provincias e incluso hinchas que vivían en el exterior. De igual forma muchas y muchos que apoyamos ese derecho lo hicimos legítimamente siendo o no hinchas de San Lorenzo o más allá que la mayoría no viva en las cercanías del Club. Sumado a la pasión y el respeto a la historia dela entidad estaba la legitimidad de la reparación de la violencia y el atropello de la dictadura más allá de dónde se residiera y de las simpatías futbolísticas.

Pero garantizado el retorno al barrio y la restitución de los terrenos se abre la cuestión de lo que en ellos se haga. Y allí sí tiene un valor prioritario la protección de los derechos y la opinión y decisión de los vecinos y vecinas de CABA y especialmente de quienes habitan los barrios cercanos. Es decir de aquéllos y aquéllas a quienes las construcciones que se realicen eventualmente puedan afectar nada menos que el lugar y el ambiente que habitan, en el que residen en forma permanente.

En estos años fueron numerosos los proyectos de Macri y de Larreta llevados adelante como parte de una política sistemática caracterizada por extraordinarios negocios  con poderosas empresas de construcción, del sector inmobiliario, del comercial, hotelero, turístico, con importantes productores de lucrativos megaeventos y grandes espectáculos. Para ello se propiciaron la aprobación de “zonificaciones”, o la sanción del “nuevo” Código Urbanístico, o inmediatas  reformas al Código Urbanístico recién sancionado, o proyectos  de “rezonificaciones” o de incluir en la norma aplicable una “excepción” para unas cuadras o manzanas a la prohibición general y “solo” allí habilitar lo que en general se impide. Siempre hay un nuevo negocio empresario para el que hay que modificar alguna norma vigente que no lo permite, alguna transacción que se quedó afuera y hay que incluirla. Y un nuevo derecho popular que se violenta, y su voz y decisión se desconoce. Precisamente se concretan con la mera aprobación de 30 o 40 legisladores, según el caso, pasando por arriba de la opinión y decisión de los miles y miles de vecinos y vecinas que viven en los barrios involucrados por las obras a realizar.  Y por eso tienen que hacerlo con mecanismos muy antidemocráticos donde el pueblo trabajador, el que con su trabajo y esfuerzo sostiene todo, sin embargo no puede decidir nada. Solo ve como año a año aumentan las hectáreas destinadas al lucro y el consiguiente impacto ambiental, no a una vida más sana y digna de los sectores populares.

Para justificarlo van cambiando los discursos que usan el gobierno, los legisladores y los empresarios. Como lo señalamos en la intervención en la Legislatura a veces es ocultar el negocio empresarial con el argumento que también se construye una escuela, a veces es asegurando que va a haber más iluminación, a veces es prometiendo algún servicio sanitario, a veces para destruir un pulmón verde asegurar que quedará una placita al lado del emporio empresario que se habilita.

Pero una parte significativa de los y las vecinas de los barrios aledaños al predio de Avenida La Plata han cuestionado el que se propicie levantar allí un Megaestadio y que se proyecte usarlo para partidos de fútbol profesional o el alquiler para eventos, espectáculos, recitales, todos con concurrencia masiva y enorme impacto auditivo, visual, en servicios, tránsito y en la vida barrial cotidiana,  partiendo de autorizar la construcción de un Estadio con capacidad para más de 40.000 espectadores. Y rodeado de numerosos e importantes proyectos inmobiliarios y comerciales. Aparecieron impugnaciones similares a las que caracterizan las denuncias de habitantes de tantos barrios de CABA a los gigantescos megaproyectos y negocios empresarios propiciados  por el macrismo.

La alianza de Rodríguez Larreta con empresarios, esta vez llamados Tinelli y Lammens, más los de diversos rubros de negocios ya involucrados usaron en la oportunidad la lucha contra la dictadura -nada menos- y tan ajena a esos sectores  y la rica historia social y deportiva del Club San Lorenzo y la de sus hinchas no para la legítima restitución y vuelta al predio que les pertenece y que ya conquistaron legítimamente incluyendo nuestro apoyo y voto en el 2007, sino para habilitar la construcción de un megaestadio multiuso y toda una zona de importantes negocios empresarios muy al estilo de los que aquí se aprueban habitualmente. Y una vez más, como en todos los proyectos que se aprueban de este tenor en la Legislatura, también en el de San Lorenzo desconociendo el cuestionamiento de sectores de vecinos y vecinas de los barrios aledaños y especialmente ,piense como piense, el de decidir en un referéndum si comparten o no lo que Larreta, Tinelli y Lammens y unas decenas de legisladores desean hacer en el predio con impacto en todos los barrios cercanos. Lo poco usual es que esta vez tuvo el apoyo del Frente de Todos quien a su vez le ahorró a Larreta el tener que presentarlo y defenderlo en soledad y lamentablemente también contó con el apoyo y la argumentación del Frente de Izquierda respaldando a Larreta y Tinelli y negando el derecho popular a decidir.

Haber separado “la paja del trigo” hace a la coherencia y seriedad de nuestro bloque que sistemática y consecuentemente ha denunciado cada uno de esta clase de negociados, y que ahora no podía ser la excepción, aunque lo hiciéramos en soledad.

Lo poco usual es que esta vez tuvo el apoyo del Frente de Todos quien a su vez le ahorró a Larreta el tener que presentarlo y defenderlo en soledad y lamentablemente también contó con el apoyo y la argumentación del Frente de Izquierda respaldando a Larreta y Tinelli y negando el derecho popular a decidir.

El proyecto en sí mismo no deja lugar a dudas, basta solo echarle una mirada para darse cuenta que detrás de la legítima “Restitución Histórica” se abre la posibilidad de construir “salas multiuso, gimnasios, natatorios, oficinas, hotel, restaurantes, confiterías, farmacias, auditorios, destacamento de bomberos, sede comunal (CGP), cocheras, galerías comerciales, patios de comidas” y un largo etcétera que viniendo de Larreta y Tinelli no es muy difícil imaginarse otras rentables operaciones comerciales e inmobiliarias (como por ejemplo el uso de ese mega Estadio Multifunción para masivos espectáculos musicales). Son los mismos tipos de negocios que en la Legislatura el Frente de Todos ha votado en forma negativa en reiteradas oportunidades pero que en esta ocasión no solo transó con Larreta sino que fue su principal promotor (ocultándole al pueblo lo que es explícito en el proyecto). Nada que sorprenda viniendo de una fuerza política que a nivel nacional promueve sistemáticamente los intereses de pools sojeros y grandes trasnacionales mineras y energéticas que hacen de la tierra un negocio de pocos. Y tampoco sorprende habiendo propuesto como candidato a la Jefatura de Gobierno al actual Ministro de Turismo y Deporte, el empresario Matías Lammens. Pero es repudiable el doble discurso de lxs legisladorxs del Frente de Todos cuando le dice a la población que esto “no tiene nada que ver con negocios” cuando el proyecto votado lo dice explícitamente.  

Sí causa mayor sorpresa el voto a favor de lxs legisladorxs del Frente de Izquierda, que con diferentes argumentos terminaron avalando esos mismos negocios transados entre Larreta y Tinelli. Algunos de esos argumentos terminaron remontándose al genocidio de los pueblos originarios y la constitución del Estado Nacional; o señalando que este proyecto era parte de las “causas populares” o hasta señalándole a la Legislatura que lo votaban pero le pedían  al Frente de Todos, al PRO y a Cambiemos en su conjunto que “escuchen” en todo caso a lxs vecinxs” que tenían “preocupaciones”, sin explicitar que esas “preocupaciones” vecinales se vinculaban con el aval del proyecto a negocios comerciales e inmobiliarios y al enorme impacto barrial y ambiental en juego.

Con la abstención de Marta Martinez (…) Hemos aprovechado el debate para señalar algo que ningún bloque, tampoco la izquierda, plantea: que la decisión no puede quedar en manos de 60 legisladorxs si no del pueblo laburante

Muy por el contrario, la abstención en soledad de nuestra legisladora Marta Martinez estuvo al servicio de denunciar el negociado entre Tinelli y Larreta, como lo hemos hecho coherentemente con cada proyecto del Gobierno de la Ciudad puestos al servicio de intereses inmobiliarios y comerciales. En este caso lo hemos hecho además diferenciando claramente lo que son los negocios empresarios en el que muchos intentan transformar esos clubes y el deporte en general, por una parte, de la enorme pasión y entusiasmo de muchos socios y simpatizantes de los mismos. Y sobre todo, hemos aprovechado el debate para señalar algo que ningún bloque, tampoco la izquierda, plantea: que la decisión no puede quedar en manos de 60 legisladorxs si no del pueblo laburante. Y para tal fin, sea con este proyecto o cualquier otro, sea el del Tiro Federal, el de Villa Crespo o el de Costa Salguero, no se trata de audiencias públicas formales no vinculantes, sino que para que la decisión sea del pueblo trabajador efectivamente y sin maniobras institucionales, tiene que estar garantizada toda la infraestructura para que la población pueda, con  la información sobre la mesa, debatir y decidir en un referéndum (que prevé la propia Constitución de la CABA) con los plazos y tiempos necesarios para alentar la participación y el mejor debate. Esto último, es lo que desde AyL hemos constante y sistemáticamente planteado tanto en la Legislatura como en el Congreso.

No tenemos ninguna duda que la legítima restitución de los terrenos al Club no puede ser usada para negocios inmobiliarios y comerciales ni para la contaminación y el impacto ambiental. Y que no debería haber ningún mecanismo que sustituya ni obstaculice la decisión de los y las vecinas que habitan los barrios populares. Esto, y no otra cosa, fue lo que se terminó votando en la Legislatura, y fue esto lo que nuestro bloque denunció y lo que en soledad no avalamos con nuestro voto.

30/11/2020